Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Federal para que colabore en la una investigación, que se informe, transparente y en caso de encontrar irregularidades, se presenten las denuncias correspondientes en cuanto al proceso de contratación de la obra de Rehabilitación Integral de la Casa de la Niñez Indígena “Redención del Tarahumara”, ubicada en la localidad de El Hormiguero, Municipio de Urique.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado ante el Pleno por la diputada Rocío González Alonso del GPPAN, quien determinó que este documento se dirigirá de igual manera, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública.
Dijo que específicamente, se solicita a la Secretaría de la Función Pública que revise y se cerciore que la página y plataforma de COMPRA-NET, funcione de manera correcta conforme a lo establecido en la Ley.
Dentro de su exposición de motivos, condenó la persecución y lo que catalogó como ataques y transgresión de ciudadanos que encabezan causas legítimas por parte del Gobierno Federal, además de acusar de llevar a las finanzas del país a su “punto más bajo histórico”.
“Es preocupante el uso excesivo de las adjudicaciones directas o invitaciones restringidas utilizadas por este Gobierno Federal, tal es el caso de los proyectos como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas; en porcentaje el 90 por ciento de los contratos otorgados por el gobierno del Presidente López Obrador, son realizados vía adjudicación directa y por invitación restringida”, afirmó la legisladora.
Dijo que esta situación, da paso a incurrir en opacidad y corrupción, con la gran ausencia de la competencia; en cambio de usarse el procedimiento establecido en la Ley como regla general la ¨licitación pública¨, se permite la adecuada competencia, las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias que abonen a la mejor administración del gasto público.
Señaló que el debido proceso y sus principios establecidos, se encuentran en el Artículo 134 Constitucional, el cual habla de que los recursos públicos deberán administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
“Ahora bien para entrar al caso que nos ocupa detallaré primero, que derivado de una Solicitud de Información 0062500023520 con fecha de contestación el 13 de agosto de 2020, mediante la pregunta ¿cuántas obras se están realizando en el Estado por parte de la autoridad Federal de manera directa?, la respuesta es devastadora, ya que la contestación es que únicamente existe una sola obra en todo el Estado que la federación está haciendo en Chihuahua”, agregó.
Además, dijo que en segundo término, dicha obra se realizó mediante el procedimiento de contratación denominado invitación a cuando menos tres personas, la cual tiene un costo de 14 millones 585 mil 539 pesos, y que fue adjudicada a una persona física, información obtenida dentro del portal de COMPRANET, situación que abordare más adelante.
“Ha dicho llevar el mando de un Gobierno transparente y con fervor al pueblo, enemigo álgido de la corrupción y compadrazgos, sin embargo, el ganador de la obra, es un conocido Arquitecto de la Ciudad de Camargo, simpatizante comprobado y líder de MORENA en la misma ciudad, quien tuvo en el año 2019, según fuentes periodísticas, denuncias ante la Secretaria de la Función Pública por supuesto cohecho, extorsión agravada, así como por despido injustificado mientras fue servidor público federal, estando como subdelegado de CONAPESCA aquí en nuestro Estado”, apuntó.
Por último, detalló que lo que se pretende es exhortar a la autoridad competente a que, para no dejar lugar a dudas, se comprometan realmente con la transparencia y rendición de cuentas que deriva de los procesos de contratación tanto de la obra pública como de las adquisiciones.
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Congreso de la Unión, para que en el uso de sus atribuciones y facultades, rectifique la decisión tomada en comisiones con el objetivo de que no desaparezcan los fideicomisos de fondos destinados a la ciencia y tecnología, medio ambiente, cultura, atención a víctimas y seguridad pública en el país.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Georgina Bujanda Ríos del GPPAN, quien detalló en su exposición de motivos que estas figuras antes mencionadas, cumplen con el propósito de impulsar las área prioritarias para el desarrollo de nuestro país, mismos que reciben recursos económicos mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.
“Si importar el beneficio que representan para México, a pesar de su gran trascendencia, la Cámara de Diputados pretende eliminarlos del próximo Presupuesto de Egresos para el año 2021; el pasado 29 de septiembre fue cuando la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso Federal, aprobó el dictamen en el que se desaparecen 109 fondos y fideicomisos públicos”, mencionó.
Dijo que se considera la extinción del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Fondo de Apoyo Social para Ex Braceros, el Fondo de Financiera Rural, entre muchos otros más.
“Este dictamen no pretende retirar los apoyos del gobierno, sino que habrá una reorganización administrativa para quitar la figura de los fideicomisos y priorizar, en esos momentos, a las víctimas de la pandemia generada por el COVID-19; la crisis sanitaria, ha evidenciado las brechas de desigualdad y de violencia que aqueja a nuestro país, pero también ha sacado a la luz, el papel tan importante que juega el conocimiento científico y humanístico para explicar, comprender y atender dichos males”, afirmó la diputada.
Recalcó que no se cuestiona priorizar la atención de los estragos de la crisis de salud en México, pero que también resulta de importancia invertir en la educación, en la generación de investigaciones científicas, en el desarrollo de la tecnología y de la cultura, en el fortalecimiento general de las actividades y no desaparecerlas.
“Es tan alarmante esta decisión que incluso el FORTASEG, sigue el mismo destino, ya que pretenden eliminar los recursos destinados a la profesionalización, la capacitación, el correcto equipamiento y el fortalecimiento de la infraestructura de las Corporaciones Policiales Municipales, es decir, este Fondo busca dotar de más capacidades a los cuerpos de seguridad más cercanos a la ciudadanía, y ahora pretender eliminarlo sin justificación real alguna”, expresó.
Además, mencionó que en esta idea, con la eliminación de los fideicomisos, y de los fondos para la atención de víctimas de en la visión de los estados, la cancelación y manipulación de esos fondos no sólo es un golpe a los municipios al reducirles su capacidad de hacer frente a la inseguridad, de no poder reclutar policías y capacitarlos.
“Compañeras y compañeros, somos representantes populares y nuestra obligación es alzar la voz y no permitir ni ahora ni nunca, que con decisiones erráticas y autoritarias, se destruya el Estado de derecho, el medio ambiente, se abandone a las víctimas, ni que se deje de impulsar el conocimiento científico y creación de nuevas tecnologías. No podemos empoderar al ejército, mientras que nuestros cuerpos de seguridad pública se debilitan, y mucho menos podemos permitir que se repriman las protestas sociales”, finalizó Bujanda Ríos.
