El Poder Legislativo de Chihuahua, aprobó la iniciativa de urgente resolución presentada por el diputado del PAN, Fernando Álvarez Monje, en la cual se exhortó al Poder Ejecutivo Federal, para que por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, se investigue de manera puntual el estado que guarda el Río Moris.
Lo anterior, debido a que según lo externado por el Legislador, se presume que dicha afluente ha quedado contaminada por haberse vertido desechos tóxicos por parte de la mina denominada “Concheño”, operada por la Minera Frisco S.A.B. de C.V, asimismo, se realice una inspección dentro de las instalaciones de la mina para saber el estado que guarda y si ésta cumple con la legislación ambiental aplicable.
Asimismo, se exhortó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para que se dé trámite e investigue a la brevedad la denuncia presentada el día 21 de septiembre de 2020, por el Presidente Municipal de Moris, Ramiro Rivera Hernández, en la cual expuso los hechos, con la intención de que se investigue la situación a la brevedad ya que el riesgo que se corre es alto y preocupante que se sigan contaminando recursos tan vitales como lo es el agua.
El Legislador agregó que la actividad minera es muy provechosa, económicamente hablando, sin embargo, también acarrea diversos riesgos de carácter medio ambiental, los cuales se han buscado mitigar creando mayores controles para las empresas que operan los yacimientos mineros y buscado siempre que cumplan con los requisitos mínimos establecidos por la legislación ambiental.
Informó que durante el desarrollo de esta actividad, se generan contaminantes que son absorbidos por animales y seres humanos, generando impactos para su salud los que van desde los polvos tóxicos que contienen metales pesados, hasta los residuos químicos que contienen cianuro, mercurio o ácido sulfúrico y que pueden filtrarse y contaminar fuentes de agua superficiales y pozos causantes de daños irremediables al medio ambiente y a la salud.
El llamado fue de manera urgente, debido a que el diputado Álvarez Monje señaló que pobladores de los municipios de Moris y Ocampo le informaron sobre la situación que se vive con el río mencionado, el cual al parecer ha quedado contaminado por residuos tóxicos vertidos en él lo que ha generado que las aguas del mismo cambien su tonalidad y su densidad, provocando así la muerte de múltiples especies animales que habitan el rio como peces de diferentes especies y pequeños anfibios, siendo los lugares más afectados “Nabosaigame”, “El Perdedero” y “Alisó Cuate”.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, solicitaron al Congreso de la Unión que de manera urgente, cite a comparecer ante ambas cámaras, al Director de la Comisión Federal de Electricidad, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y al Secretario de Seguridad Pública y Atención Ciudadana.
Este Punto de Acuerdo y de urgente resolución, fue presentado por la diputada Rocio Sarmiento de Movimiento Ciudadano, quien determinó que las comparecencias tienen el fin de que se expongan las razones y fundamentos que tiene el Estado Mexicano para atacar a las y los productores agrícolas, a los líderes sociales y a políticos de Chihuahua a través de las instituciones federales.
También, dijo que se debe explicar por qué se ha utilizado a la Guardia Nacional en la contención del descontento social de la ciudadanía de esta entidad ante actos arbitrarios del Ejecutivo Federal, lo que ha priorizado la confrontación y la fuerza, al igual que la desacreditación ante de la sociedad mexicana, antes que el diálogo y la búsqueda de acuerdos conciliatorios, que resuelvan la problemática surgida de la extracción del agua de las presas de Chihuahua.
“Vemos con preocupación que el titular del Ejecutivo Federal, no sólo mantiene su postura inflexible y radical respecto a las necesidades y el sentir de nuestra sociedad, sino que ha decidido actuar contra las y los chihuahuenses desde su posición de poder, con acciones que nos recuerdan hechos históricos muy desafortunados que acabaron con la vida de miles de mexicanos en gobiernos represores del pasado”, afirmó la legisladora en tribuna.
Recalcó que en la actualidad, el Gobierno Federal ha accionado de manera que catalogó como gravísima al atentar en contra de los derechos humanos, la vida y la paz de las y los chihuahuenses, y que solamente podrían ser contenidas con la intervención de los demás poderes del Estado Mexicano que no deben, de ninguna manera y por un acto de responsabilidad republicana, sujetarse a la postura intransigente, amenazante y peligrosa, de las instituciones del Poder Ejecutivo Federal.
“Dos años han transcurrido desde que miles de personas de Chihuahua decidieron en las urnas y fuera de tener un México mejor, un México más justo, menos corrupto, hoy vivimos en nuestro estado uno de los eventos más desafortunados de los tiempos modernos, mediante los abusos de autoridad y el ejercicio de poder ilimitado que no conoce la mesura ni la solidaridad, en contra de agricultores, productores, políticos, líderes sociales y de la sociedad en general”, abundó.
Expresó que en más de veinte ocasiones, las y los diputados del Congreso de Chihuahua, a través de Puntos de Acuerdo institucionales, han exhortado al Ejecutivo Federal para que atienda por medio de sus instancias competentes, la problemática de la extracción del agua de las presas de La Boquilla, El Granero, y Las Vírgenes, y que retire a la Guardia Nacional de sus instalaciones.
“No tratan con delincuentes; ante la postura inflexible del gobierno federal, los liderazgos locales se han acentuado, y han decidido participar en apoyo a las y los chihuahuenses, y también los productores del campo, que han visto cómo un Estado que debe protegerlos, ayudarlos y garantizar sus derechos humanos, y en vez de ello actúa en contrario y les envía la Guardia Nacional para amedrentarlos, han decidido acentuar sus protestas, lo que ha llegado a extremos que nadie deseamos, pero que parecen resultar la única salida”, concretó.
Señaló que las y los productores agrícolas del Estado, recibirán siempre el apoyo y la solidaridad por parte del Congreso del Estado, de los presidentes municipales, de los ex gobernadores y de los luchadores sociales de otras latitudes.
“El gobierno federal ha realizado al menos una ejecución extrajudicial y otra en grado de tentativa, la desaparición forzada de tres agricultores de la región de Camargo a través de la Guardia Nacional, así como el congelamiento, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las cuentas bancarias del Municipio de Delicias, y de al menos dos personas físicas, un Presidente Municipal, y un ex gobernador, los cuales han manifestado su apoyo al movimiento social, con el argumento de que existen movimientos irregulares en ellas”, acotó.
Por último, comentó “y no conforme con ello, han manifestado públicamente, que será presentada una demanda penal a través de la Comisión Federal de Electricidad, dependiente de la Secretaría de Energía, contra los Diputados del Poder Legislativo, de algunos presidentes municipales, y de diversos líderes sociales, acusándolos de motín, y como responsables directos de los daños causados en las instalaciones eléctricas de las presas y en sus equipos. Con todos los actos realizados hasta ahora, el Presidente de la República viola el estado de derecho, principios básicos como el de presunción de inocencia, y los más elementales derechos humanos”.
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– En el caso en que la víctima se encuentre en estado de embarazo o gravidez.
En Sesión Ordinaria de Congreso de Chihuahua, la Sexagésima Sexta Legislatura reformó el artículo 193 del Código Penal del Estado, para adicionar un quinto párrafo, en el que se detalla que cuando a sabiendas de que la víctima se encuentre en estado de embarazo o gravidez, se aumente en una mitad, la penalidad por el delito de violencia familiar.
Además, se exhortó a los cuerpos directivos de las instituciones de salud públicas y privadas del Estado que atiendan a mujeres embarazadas, para que verifiquen si el personal que está en contacto con dicho sector poblacional, se encuentra capacitado con perspectiva de género, y en caso contrario, busque el apoyo necesario, en instituciones gubernamentales y de la sociedad civil.
La diputada Marisela Sáenz Moriel, presidenta de la Comisión de Justicia, señaló que el exhorto se hizo extensivo a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que designe una visitaduría y acuda a las instituciones de salud públicas y privadas del Estado para verificar si durante la atención a mujeres embarazadas no se les vulneren sus derechos humanos.
Asimismo, refirió sobre la creación de una subcomisión de Justicia para la Atención de la Violencia Obstétrica, que dé seguimiento y realice las medidas adecuadas a lo antes señalado.
Dicha subcomisión estará conformada por la diputada Marisela Sáenz Moriel y los diputados Francisco Humberto Chávez Herrera y Gustavo De La Rosa Hickerson; sus trabajos concluirán cuando la Comisión de Justicia de la LXVI Legislatura considere atendidos los asuntos en materia.
Por último, es importante mencionar que, con estas adecuaciones y el atento llamado a la autoridad correspondiente, se busca disminuir los delitos en materia.
El Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que se inicien acciones pertinentes para analizar la viabilidad de crear un Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad, a efecto de que éste atienda a dicho sector de la población, bajo un enfoque de política pública integral.
La diputada Anna Elizabeth Chávez, integrante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, señaló que el Instituto funcionaría como órgano descentralizado de gobierno, con presupuesto y patrimonio propios.
Dentro del mismo exhorto, se instó a los ayuntamientos de los 67 municipios del Estado, para que se emprendan medidas y acciones de supervisión, en espacios públicos y negocios, a efecto de garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a dichos inmuebles.
La Legisladora agregó que, el contar con un instituto como el señalado, facilitaría transitar de un enfoque asistencialista y segregacionista de algunos programas, para que sean sustituidos por otros que contengan un enfoque incluyente y de derechos, que a su vez propicien una atención integral a las personas con discapacidad.
Por último, refirió que esto conllevan a la toma de conciencia sobre los derechos y la no discriminación de las personas con discapacidad entre la población, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, que constituyen un elemento de gran valía y de respeto a los derechos humanos, pues ello, ha permitido que otras ciudades y países mejoren sustancialmente su infraestructura en beneficio de quienes padecen alguna discapacidad y, por ende, ha incrementado también su calidad de vida ante el cumplimiento de otro de los derechos que poseen, la accesibilidad.
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Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, solicitó al Poder Ejecutivo Estatal, a través de las Secretarias de Salud, así como de Comunicaciones y Obras Públicas, que se proceda a revisar y, en su caso, adecuar la accesibilidad en los edificios públicos del Sector Salud, de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013.
La presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, diputada Deyanira Ozaeta, señaló que la norma referida, establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud.
La Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado, contempla múltiples disposiciones vinculadas a la accesibilidad, las cuales puntualiza como “Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de las mismas, así como otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales”, según el contenido en su Artículo 3, fracción I.
Asimismo, el ordenamiento en mención, señala que la accesibilidad es contemplada como un derecho específico, en su Artículo 7, fracción IV, de manera conjunta con el diseño universal, tanto en espacios públicos, como privados, independientemente de si son abiertos o cerrados; sin embargo, dado que el reconocimiento de un derecho no garantiza por sí mismo su cumplimiento, también se previeron obligaciones tanto a cargo del Poder Ejecutivo en general, como de diferentes Secretarías en lo particular, al igual que para los gobiernos municipales.
Detalló que con la finalidad de dar cumplimiento, se dotó de múltiples atribuciones a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, entre otras cosas para diseñar e implementar programas, a fin de que los entes públicos lleven a cabo de manera gradual, los ajustes razonables a las instalaciones abiertas al público o de uso público, que permitan la accesibilidad universal e inclusión total de las personas con discapacidad.
También, para que los programas de obra pública de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado implementen los conceptos de diseño universal y ajustes razonables que permitan la accesibilidad, además de incluir en los reglamentos las características y elementos indispensables que les son inherentes, y los lineamientos para la adecuación de construcciones existentes y las obligaciones para la autorización de licencias para edificaciones nuevas.
Es por todo lo anterior, que se hace el atento llamado al Ejecutivo Estatal, para que se dé cumplimiento, dentro de sus competencias, a la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a través de las adecuaciones requeridas por la NOM-030-SSA3-2013.
