El Poder Legislativo solicitó a la Junta Central de Agua y Saneamiento de Gobierno del Estado para que en coordinación con las juntas municipales y rurales, así como organismos operadores municipales en la Entidad, implementen estrategias y acciones necesarias para el abastecimiento de agua a toda la población en esta temporada de calor.
Quienes integran la Comisión Especial del Agua en el Congreso del Estado, consideraron de suma importancia realizar dicha petición, dado a que el acceso y el abasto de agua potable para consumo humano son considerados derechos humanos para la protección de la salud de las personas.
Dado a lo anterior, el Estado Mexicano y sus entidades federativas tienen la obligación de cumplir con dichos derechos; sin embargo es sabido que debido a la explotación de los mantos acuíferos y a los cambios climáticos dicha labor se complica.
Es por ello que los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura pidieron a las autoridades trabajar de manera conjunta con la finalidad de procurar el abastecimiento del vital líquido requerido durante esta temporada de calor, dado a las altas temperaturas que ya se han presentado en mayor parte de la Entidad, y de esta manera, lograr el bienestar de la sociedad chihuahuense.
Cabe mencionar que los legisladores, reconocieron la labor que realiza la autoridad en materia de agua potable, drenaje y alcantarillado del Estado aun con las limitaciones propias de la disponibilidad del vital líquido.
Quienes integran la Mesa Directiva de la Diputación Permanente aprobaron otorgar licencia por 30 días para separarse del ejercicio de sus funciones como legisladores a:
– Leticia Ortega Maynez,
– Miguel Francisco La Torre Sáenz,
– Blanca Amelia Gámez Gutiérrez,
– Francisco Javier Malaxechevarría,
– Laura Mónica Marín Franco,
– Maribel Hernández Martínez, y
– Hever Quezada Flores.
La vigencia de dichas peticiones, iniciará a partir del día 24 de mayo del año en curso, a excepción de la realizada por el diputado Quezada, la cual iniciará una vez aprobada por la Diputación Permanente, es decir este viernes 18 de mayo.
El Poder Legislativo en Sesión de la Diputación Permanente, solicitaron a la Junta Central de Agua se lleven a cabo los estudios correspondientes a fin de verificar la calidad de agua que es suministrada a la colonia Riberas de Sacramento.
Dicha petición fue sustentada dado al derecho de toda persona de acceder y disponer del agua para consumo personal y doméstico, el cual es obligación del Estado.
Dentro del desarrollo de la iniciativa, se informó que vecinos de la colonia antes mencionada, han informado que el agua suministrada para su consumo está contaminada, por ello, el Congreso del Estado realiza dicha petición para que sea atendida de manera urgente por las autoridades correspondientes.
Cabe mencionar que el acuerdo fue aprobado de manera urgente por unanimidad de los diputados presentes.
– Tras la muerte de periodista chihuahuense, pide Congreso del Estado un programa de inspección a centros hospitalarios en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva
Los Diputados de la Sexagésima Quinta Legislatura, exhortaron a Julio Salvador Sánchez y Tépoz, titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que por su conducto y en el ámbito de sus atribuciones y con el apoyo de las instancias correspondientes, se realice de manera urgente un programa de inspección a todos los centros hospitalarios del Estado de Chihuahua en donde se brindan servicios médicos de quirófano.
Esto, con el enfoque en la prevención de la realización de procedimientos clandestinos o por personas que no cuentan con la capacitación y los requerimientos que establece la ley en materia de cirugía plástica, estética y reconstructiva, para que alerte a los pacientes que pretenden someterse a este tipo de cirugías y así prevenir situaciones como la que sufrió la periodista Griselda Ramos Álvarez.
Durante la Sesión de la Diputación Permanente, se expuso que aún y cuando se cuenta con un marco normativo, ha crecido la práctica de procedimientos estéticos por personas que no están preparadas, a quienes no se les debe permitir realizar procedimientos quirúrgicos, sólo por haber realizado un diplomado, muchos de ellos vía internet.
Además, según información del Presidente y Vicepresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos del Estado de Chihuahua, se desarrolla la Especialidad en Cirugía Plástica y Reconstructiva, la cual se debería suspender hasta que se cuente con las instalaciones y requisitos académicos necesarios para la formación de nuevos cirujanos plásticos.
Asimismo, se señaló que el exhorto a COFEPRIS, es debido a que es una dependencia federal de gobierno, vinculada con el departamento de Regulación y Fomento Sanitario de la Secretaría de Salud y dentro de sus atribuciones principales esta el control y vigilancia de los establecimientos de salud; también solicitaron informes al Fiscal General del Estado, al Secretaría de Salud y al Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
Legisladores del Congreso local exhortaron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a fin de que apliquen la ponderación de derechos entre víctimas y victimarios en sus resoluciones.
Además solicitaron a la dependencia que realice una campaña informativa sobre sus facultades y los asuntos que deben conocer en materia de educación, salud y dentro del proceso penal.
Lo anterior, toda vez que las resoluciones de la CEDH, “en muchas ocasiones impactan en el proceso penal”, se señaló dentro de la redacción del exhorto.
En la exposición de motivos se argumentó qué: “la sociedad considera que los derechos de los imputados están por encima de los derechos de las víctimas, creando un pensamiento de impunidad y de decepción de nuestro sistema penal, lo que puede ocasionar en el ánimo del ciudadano un comportamiento contrario a derecho”.
Asimismo se subrayó la relevancia de considerar que en las resoluciones que emita la Comisión se ponderen derechos fundamentales tanto de víctimas como de victimarios, para que no se merme todo un proceso penal y el acceso a la justicia de la víctima a causa de una mala práctica procesal.
