En Sesión de la Diputación Permanente, integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, respaldaron el exhorto presentado por el diputado Jesús Velázquez Rodríguez, mediante el cual se solicitó a las autoridades estatales, crear el Instituto Estatal de Atención a las Personas con Discapacidad, como órgano descentralizado de gobierno.
La solicitud va dirigida al Secretario General de Gobierno, Lic. Luis Fernando Mesta Soulé; al Secretario de Desarrollo Social, Lic. Víctor Quintana Silveyra; al Secretario de Salud, Dr. Jesús Enrique Grajeda Herrera; al Secretario de Educación y Deporte, Dr. Carlos González Herrera y a la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Lic. Cinthia Aideé Chavira Gamboa, para que de manera coordinada se realicen las acciones necesarias para el instituto antes mencionado.
El Legislador señaló que, es de suma importancia de contar con este tipo de lugares para que exista una instancia estatal que encabece la política de atención a personas con algún tipo de discapacidad.
De acuerdo a los datos brindados por el diputado Velázquez, del total de las personas que padecen alguna discapacidad en el Estado, y según el tipo de discapacidad, 45 por ciento presentan problemas para caminar o moverse; 26 por ciento presentan discapacidades visuales.
El Legislador detalló que en la Entidad existe la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad y reconoció los avances del Ejecutivo Estatal para generar condiciones que permiten a las personas con discapacidad, una mayor integración a su entorno; responsabilidades que se distribuyen en distintas secretarías y organismos estatales, pero no existe claramente un órgano en el que recaiga la dirección y manejo de las estrategias en materia.
Para concluir, enfatizó que, dentro de la Ley se contemplan diversas disposiciones respecto las competencias de los entes de gobierno estatal, municipales, así como la participación de los particulares, e incluso se establece la conformación del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad, pero no detalla una instancia específica para que las personas acudan y se dé seguimiento a la atención solicitada.
– La finalidad es que los elementos conozcan el contenido de las reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado
El exhorto fue presentado por el diputado del PAN, Miguel La Torre Sáenz, quien dentro del documento mencionó que las autoridades están obligadas a respetar y aplicar la norma vigente, y hace unos días la normativa en mención, tuvo una serie de adecuaciones, por lo que surge la necesidad de que se emplee de manera adecuada.
Si bien es cierto que solo existen delegaciones estatales de vialidad en Chihuahua, Villa Ahumada y Ojinaga, es un hecho que para el resto de los municipios es de observancia obligatoria la Ley de Vialidad y Tránsito de esta Entidad, sin embargo, en algunos municipios las autoridades viales competentes para su aplicación se niegan a hacerlo, bajo el argumento de que se trata de una ley estatal y por lo tanto no obliga a los municipios; lo cual es totalmente falso, señaló el Legislador.
Es por lo anterior, que se hace el llamado para que la autoridad competente, realice las acciones necesarias para capacitar y enterar a toda persona operadora vial, sobre las reformar realizadas a la norma referida, a fin de evitar caer en una serie de responsabilidades por la falta de aplicación de una disposición legal vigente.
Para finalizar, La Torre Sáenz señaló que las recientes reformas a la Ley de Vialidad y Tránsito, son producto de la preocupación generalizada con que se percibieron algunas problemáticas en la materia, mismas que fueron impulsadas por todas y todos quienes integramos esta Soberanía, a través de diversas iniciativas que, tras el debido proceso legislativo, son ahora una norma positiva y vigente que garantiza los derechos humanos de la ciudadanía, por lo que ha tenido una excelente aceptación por parte de la sociedad, quien reclama su cumplimiento.
– Respecto de la reunión acordada con alcaldes, productores agrícolas y diputados en la sede del Poder Legislativo a la cual no acudió
Fue el diputado Omar Bazán del Grupo Parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional, quien presentó el punto de Acuerdo de urgente resolución.
El Legislador expuso que el llamado a la autoridad, se realiza con la finalidad de que se dé una respuesta a productores del campo que se han visto afectados por la administración del agua por la Comisión Nacional del Agua, recurso hídrico que tiene su origen y nacimiento en el estado de Chihuahua.
Agregó que, el Poder Legislativo en varias ocasiones ha emitido posicionamientos y exhortos para que se tomen acciones inmediatas a fin de replantear los acuerdos por el Consejo de la Cuenta del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944, y se suspenda la intención de desfogar las presas “La Boquilla” y “Francisco I. Madero”, con el propósito de llevarse el agua al Estado de Tamaulipas.
Además, para que se garantice el completo uso y goce de los derechos que deriven de las concesiones otorgadas para uso del agua en el Estado de Chihuahua con destino agrícola, piscícola, pecuario y minero, y se realice un estudio de la administración y manejo del agua a nivel interno en el País, para una mejor administración.
“Es innegable la atribución que le corresponde al Titular del Ejecutivo Federal en cuanto al manejo y administración del agua, a través de la Comisión Nacional del Agua, de conformidad con lo que dispone el artículo 4, de la Ley de Aguas Nacionales, incluso el Presidente de la República la puede ejercer de forma directa, como también lo que se debe tener una coordinación con los Estados para que la posición no sea de desventaja para el Estado de Chihuahua en cuanto a los recursos hídricos para cumplir con el tratado del agua de 1944”, resaltó el diputado Bazán.
Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, citaron a sesión para el próximo miércoles 22 de enero del 2020 a las 8:30 horas en la Sala Morelos, con la finalidad de dar a conocer los avances que se tienen en materia de las solicitudes de juicio político.
El diputado René Frías Bencomo, presidente del Congreso Estatal, señaló que dichos procedimientos son analizados dentro de la Comisión Jurisdiccional del Poder Legislativo, y habrán de resolverse por la Primera Diputación Permanente del Segundo Año Constitucional, en la sesión antes señalada.
Por lo anterior, se entregó la documentación relativa a la solicitud de juicio político, la resolucion de la Comisión Jurisdiccional y el recurso, a quienes integran la Mesa Directiva.
Frías Bencomo enfatizó que los documentos entregados tienen el carácter de reservado de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que se debe dar el tratamiento adecuado.
Por último, cabe mencionar que la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia señala en su artículo 35, que: Las declaraciones y resoluciones definitivas del Pleno del Congreso, las que emitan la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, la Junta de Coordinación Política y la Comisión Jurisdiccional será recurribles, con efecto devolutivo, ante el Pleno del Congreso, dentro de los siguientes cinco días a que sean notificadas a la parte interesada, siempre y cuando pongan fin al procedimiento.
El recurso será presentado ante la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos, quien lo turnará, al día siguiente de recibirlo, a la Presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda. Esta, a su vez, convocará a sesión al Pleno del Congreso, mismo que deberá reunirse dentro de los tres días siguientes para resolver sobre el mismo. Deberá citarse a esta sesión plenaria a la persona recurrente y su contraparte.
