Se suspende de plano todo acto que tienda a mantener la desaparición forzada, sin causa justificada al agraviado directo Ángel Casarrubias Salgado, o a practicar en su persona cualquier otro acto prohibido por el artículo 22 constitucional, acordó el titular del Juzgado Quinto de Distrito en Amparo y Juicios Federales de Toluca.
En relación a la suspensión de plano concedida en contra del acto reclamado desaparición forzosa, además de las medidas aquí ordenadas, tendientes a obtener toda información que pueda resultar conducente para la localización y liberación; y a su comparecencia; si esas medidas no son respetadas y obedecidas por la autoridades responsables, los hechos se harán del conocimiento del Ministerio Público de la Federación.
El guerrerense fue arraigado ayer por 40 días en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República (FGR), en la Colonia Doctores de la Ciudad de México, con base en una orden judicial para que sea investigado por el delito de delincuencia organizada.
El Juez Roldán dio un plazo de 24 horas a la FGR para que le informe formalmente del paradero de «El Mochomo», si fue detenido o no en flagrancia, el delito y los hechos que le atribuyen, así como la medida cautelar a la que pudiera estar sujeto.
Este es uno de los dos amparos que ayer promovió Casarrubias, justo el día en que un Juez Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones en la Ciudad de México otorgara a la SEIDO su retención domiciliaria.
En la otra demanda, tramitada ante Augusto Octavio Mejía, Juez Tercero de Distrito en Amparo de esta capital, reclamó su detención ilegal al salir del Penal del Altiplano, pues asegura que no le mostraron ninguna orden de aprehensión o presentación.
Tanto en el amparo presentado en Toluca como en la Ciudad de México, los jueces requirieron al propio Casarrubias ratificar las demandas, debido a que los abogados que las presentaron no presentaron algún poder o documento que acredite que fueron nombrados como sus defensores.
El pasado miércoles, María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, ordenó liberar a «El Mochomo» al concluir que no había elementos para procesarlo por delincuencia organizada por una acusación de 2014.
Un día después, la FGR informó que investigaba a personal del juzgado por cohecho, al haber indicios de que la familia del presunto narcotraficante habría pagado un soborno de entre 2 y 3 millones de pesos para su liberación.
El jueves se dio a conocer el audio de una conversación telefónica intervenida entre un abogado y Francelia Salgado Patiño, madre del presunto líder de Guerreros Unidos, en la que comentan de la negociación para pagar el soborno.
Según autoridades, una de las personas indagadas es Marco Aurelio González Romero, secretario de acuerdos del juzgado, quien habría sido el encargado de elaborar el proyecto de sentencia que dio lugar a la libertad del presunto capo.
