Se pronunció GPPAN contra ataques hacia las mujeres
CDMX.- La diputada federal Laura Patricia Contreras Duarte hizo un llamado al gobierno federal y a sus compañeros de la Cámara de Diputados para que se tomen acciones contundentes contra la violencia hacia las mujeres que persiste en el país, estableciendo una agenda legislativa y generando mecanismos de protección y reacción ante estos crímenes que han causado el dolor de miles de familias en el país.
Según datos del Secretariado de Seguridad Pública y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, han muerto en el país 13 mil 662 mujeres de forma violenta y las desapariciones han aumentado un 30% con un número promedio de 193 mujeres desaparecidas cada mes en el último sexenio.
Ante los recientes hechos de feminicidio en Nuevo León y los registrados en otros estados de la república, Acción Nacional en voz de la diputada de dicho estado Annia Gómez Cárdenas acompañada de cerca de 30 compañeros del GPPAN (en su mayoría mujeres) condenó los hechos y dio a conocer, que impulsará, iniciativas que reforman las leyes Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General en materia de Desaparición Forzada, y una en materia de desaparición forzada, con el objetivo de crear un procedimiento con perspectiva de género.
Al hacer uso de la palabra la legisladora chihuahuense Laura Patricia Contreras Duarte, pidió dejar de lado la politización del tema y poner manos a la obra creando una agenda legislativa para erradicar la violencia hacia las mujeres y además dotar de presupuesto para prevención y persecución del delito.
“Urge una agenda seria, donde se endurezca las penas, donde se asigne presupuesto de investigación, de seguimiento a las desapariciones, para tecnología, para la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, un plan integral nacional para prevenir la violencia contra las mujeres; mesas de trabajo que incluyan a personas especialistas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas y a los tres Poderes de este país “señaló Contreras Duarte.
Destacó la importancia de unificar y establecer protocolos de prevención en el país, diseñados por víctimas y organizaciones de la sociedad civil, para tomar esa experiencia y convertirla en un arma para que nunca más se vuelva a vivir tal situación de dolor.