Pide la CIRT foro abierto de discusión ante iniciativa de Ley para la Asignación de Publicidad Oficial.
· Esta iniciativa está elaborada por empresas que no operan en el estado de Chihuahua, y contrapone leyes ya vigentes.
· De aprobarse, esta Ley generaría mayor burocracia y atentaría contra el empresario chihuahuense.
El día de hoy el Lic. Ricardo Boone Salmón, presidente de la Cámara Nacional de Radio y Televisión en el Estado de Chihuahua, acudió al evento denominado “FORO DE DISCUSIÓN: Expedición de la Ley para la Asignación de Publicidad Oficial” organizado por el Congreso del Estado de Chihuahua. El objetivo de su participación fue solicitar un proceso abierto de consulta previo a la aprobación de dicha Ley, debido a que, hasta el momento, solo se ha tomado en cuenta la opinión de organismos periodísticos de la Ciudad de México, y no se ha dado la oportunidad de trabajar en el mejoramiento de la iniciativa presentada a los organismos y empresas estatales, que son quienes se verían afectados con esta disposición, en caso de ser aprobada en los términos en que se presentó.
Cabe mencionar que la participación del Lic. Ricardo Boone Salmón en este Foro, fue también a nombre del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyos integrantes guardan un gran interés en la iniciativa por la importancia social de la misma, y, sobre todo, por las afectaciones que pudiera tener para toda la iniciativa privada.
La CIRT propone revisar varios puntos de esta iniciativa, por ejemplo, la intención de intervenir las formas en las que las empresas de comunicación y publicidad del Estado, gastan sus ingresos, ya que la Ley pretende etiquetar un 20 por ciento del recurso asignado como condicionante para aprobar la contratación; “Con ello, el legislativo estaría asentando un precedente inaceptable para cualquier empresa, pues se pretende intervenir de manera directa en las decisiones de la administración privada, además de ser a todas luces discriminatoria; pues a ningún otro proveedor del gobierno se le obliga a gastar el cobro de sus servicios o productos de determinada manera”, expuso Boone Salmón.
Otro propósito central de esta Ley, es el poner un tope máximo de asignación presupuestal anual al gasto en publicidad y propaganda por parte de los entes públicos. En este tema, la formula planteada permite al Gobierno del Estado tener un manejo presupuestal suficiente para sus requerimientos de comunicación con la población, pero en el caso de los municipios, se les deja sin la posibilidad de poder comunicarse adecuadamente.
La iniciativa tiene, además, la intención de desalentar y complicar la participación de cualquier persona relacionada con los medios de comunicación en el servicio público y en cargos de elección popular, atentando contra los propios derechos políticos de los ciudadanos.
Incluso, la iniciativa plantea requisitos que podrían ser muy complicados para su cumplimiento, lo que sentenciaría a que empresas formales se quedaran sin la posibilidad de ser contratadas, ya que no son contemplados por la iniciativa, y hay requisitos que solo generan burocracia, ya que su cumplimiento obedece a legislaciones federales.
La intención principal es que se tome en cuenta a los interesados y posibles afectados de esta iniciativa, que no se apruebe una Ley con criterios que no son adecuados para esta entidad, y que además, contravienen a disposiciones legales ya vigentes.
