“Serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este Código, así como la sentencia definitiva”, afirma.
El Poder Legislativo Estatal, solicitó al Congreso de la Unión derogar diversos artículos del Código de Comercio en aras de que sean apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este Código, así como la sentencia definitiva.
El diputado Lorenzo Arturo Parga, vocal de la Comisión Segunda de Gobernación, en la exposición del Dictamn, señaló que dentro de la misma, coincidieron en el sentido de justificar la propuesta, desde una perspectiva de justicia social y de derechos humanos, ya que si efectivamente, no resulta ilegal limitar en razón de cuantía, el recurso de apelación sobre la sentencia de un asunto mercantil, sí resulta cuestionable dentro de una sociedad que aspira a la equidad e igualdad ante la ley, excluir la posibilidad de una instancia de revisión por el solo hecho de agilizar y desahogar la carga de trabajo de los Tribunales de revisión, a los intervinientes en un litigio, por no alcanzar su negocio en lo principal un monto superior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos, siendo esta cantidad por mucho, superior a la totalidad del patrimonio de la gran mayoría de los mexicanos y las mexicanas.
Además, la exclusión del recurso de apelación en asuntos cuya cuantía sea inferior a seiscientos sesenta y dos mil novecientos cincuenta y siete pesos, actualizables anualmente, limita desproporcionadamente el derecho a la tutela judicial efectiva, pues si bien en el proceso legislativo que dio origen a la limitación se argumentó la necesidad de que exista celeridad en la tramitación del recurso de apelación, nada se dijo en relación con la fijación de la cuantía mínima necesaria para acceder al recurso.
En ese caso, el aumento de la cuantía mínima para la procedencia del recurso de apelación excluye del acceso a la justicia a las personas de menores recursos, cuyo patrimonio personal puede estar en juego.
“Creemos que el acceso a los recursos ciertamente es una garantía de la justicia completa e imparcial; su connotación es la de preservar el principio de legalidad y la integridad en la aplicación del derecho, pues asegura la posibilidad de corregir los errores en que pueda incurrir el juzgador en la adopción de sus decisiones, y permite enmendar la aplicación indebida de la ley, con el fin de evitar la arbitrariedad, erigiéndose de esa manera en un mecanismo eficaz para evitar los yerros”, señala la Comisión de Dictamen Legislativo.
De aprobarse la presente iniciativa, está quedará de la siguiente manera:
Se reforman los artículos 1339, primer párrafo; 1339 Bis, y 1390 Ter 1, primer párrafo; se derogan del artículo 1339, los párrafos segundo y tercero; y el 1340, todos del Código de Comercio, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 1339.- Serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga este Código, así como la sentencia definitiva.
(Se deroga)
(Se deroga)
…
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…
…
…
Artículo 1339 Bis.- Todos los asuntos sin importar su cuantía, serán apelables.
Artículo 1340.- (Se deroga)
Artículo 1390 Ter 1.- La vía indicada en el artículo que antecede procede hasta cuatro millones de pesos 00/100 moneda nacional, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades anualmente.
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como al Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que se prevea lo necesario para que las Casas de la Cultura Jurídica con sede en las ciudades de Juárez y Chihuahua, continúen en funcionamiento.
Asimismo, para que se destine el presupuesto necesario para la realización de sus actividades y el servicio que brindan al público en general.
El exhorto fue presentado por el diputado Omar Bazán, presidente de la Comisión Segunda de Gobernación del Congreso de Chihuahua, quien señaló la importancia de que sea aprobado también el plan de trabajo, las capacitaciones, eventos y demás servicios que se brindan en dichos recintos impartidores de la cultura jurídica en la Entidad.
Agregó que estas Casas son centros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecidas en todos los Estados de la República, con el objetivo de atender a los servidores públicos adscritos a los diversos órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a la comunidad jurídica, grupos vulnerables y a la sociedad en general, mediante el otorgamiento de información jurídica, actualización de los usuarios del sistema de justicia, así como dar a conocer a las personas sus derechos, con la finalidad de incidir jurídica e instrumentalmente en la garantía del acceso a la justicia federal y el fortalecimiento del Estado de Derecho en el País.
En la nueva Administración Federal, acorde a la política de austeridad, se ordenó revisar la política de inversión pública en materia de bienes, servicios y obra, para solo ejercer recursos públicos en aquellos rubros que “fueran estrictamente indispensables” para garantizar el desarrollo y continuidad de las funciones del Poder Judicial de la Federación, disminuyendo gastos que se estimaron no prioritarios, por lo que se consideró el cierre de las Casas de la Cultura Jurídica en diversas sedes del país, por catalogarlas como no indispensables para la impartición de justicia; informó Bazán.
“Compartimos la necesidad de optimizar el presupuesto en cualquier instancia de la administración pública, sin embargo, en el caso de las Casas de la Cultura Jurídica se está desestimando gravemente la importancia que éstas aportan a la impartición de justicia a nivel nacional y como un enlace directo con el quehacer de la Suprema Corte Justicia de la Nación con el Poder Judicial de la Entidad”, señaló el diputado Bazán.
Es por ello, y debido a que estos recintos jurídicos otorgan capacitación y actualización de la comunidad jurídica y legislativa de la Entidad, en materias tales como impartición de justicia, ética derechos humanos, equidad, constitucionalidad, diplomados, maestrías y un sin número de materias jurídicas, además su valioso acervo habido en su biblioteca; que el Poder Legislativo de Chihuahua, hizo un llamado a las instancias federales ya mencionadas, para que se fortalezca la labor de dichos recintos.
El Congreso del Estado de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que a través de las secretarías de Salud y de Educación y Deporte, en coordinación con los 67 ayuntamientos de la Entidad, implementen, intensifiquen y diversifiquen las campañas itinerantes de fumigación y limpieza en espacios públicos y educativos, especialmente aquellos susceptibles de la presencia de garrapatas.
Alejandro Gloria González, diputado del Partido Verde Ecologista, al exponer el asunto de urgente resolución ante integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, señaló que medios de comunicación informaron acerca de la estadística brindada por la Subdirección de Epidemiología, sobre muertes en la Entidad a causa de mordedura de garrapata.
En lo que va del año hay 17 decesos y alrededor de 50 casos de rickettsia que se atienden en centros de salud, dentro de estos casos, el grupo de población más afectado es el comprendido entre los cinco y catorce años de edad.
No es la primera vez que se expone sobre la preocupación ante dicha problemática que, además de permanecer, aumenta cada año; es por ello que se estima necesario, refrendar el compromiso de las autoridades ya mencionadas para que se atienda dicha situación, y continuar con reforzando las campañas de fumigación.
Para finalizar, señaló como necesaria la participación de la Secretaría de Educación, a fin de llevar a cabo acciones de fumigación y limpieza de los espacios educativos susceptibles de presencia de garrapatas, para evitar cualquier riesgo para los menores, ya que como se señaló, el alumnado de entre 5 y 14 años, es un grupo muy susceptible de verse afectado.
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron un exhorto dirigido al Poder Ejecutivo Federal, a fin de solicitar el cambio de estrategia en atención al problema del paludismo en el país, principalmente en los estados de Sonora y Sinaloa.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado ante el Pleno por el diputado Luis Aguilar Lozoya del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien detalló que tanto la Secretaría de Salud Federal, así como los Poderes Legislativos de dichas entidades, deberán emplear acciones coordinadas para el tratamiento de la situación.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el paludismo se define como una enfermedad potencialmente mortal, causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de mosquitos, sin embargo, se trata de una enfermedad prevenible y curable.
“El sufrimiento humano obedece a un conjunto específico de causas principales, tales como la pobreza, el hambre, los deficientes servicios de agua y saneamiento, así como la falta correcta de atención a pacientes; bajo el lema de Acabemos con el Paludismo Siempre, se ha tratado de combatir pero aún registramos anualmente 400 mil muertes al año en el mundo”, mencionó.
Determinó que en México, se estima que un tercio de la población vive en áreas donde puede darse la transmisión malaria, es decir, alrededor de 40 millones. La malaria suele ser considerada una enfermedad del tercer mundo, pero según la Secretaría de Salud Federal, la transmisión del paludismo se ubica en diez entidades, entre ellas: Chihuahua, Sinaloa y Sonora, principalmente.
“Es muy importante considerar las condiciones ecológicas que intervienen en la transmisión de los parásitos y los factores socioeconómicos como la pobreza, así como las condiciones de los servicios de atención de salud y prevención”, afirmó el legislador en tribuna.
Además de esto, refirió que los brotes de paludismo aumentan cuando el clima y otras condiciones favorecen súbitamente la transmisión, como desastres naturales y la movilización de personas como refugiados o los trabajadores migrantes.
“En Chihuahua, los casos de paludismo confirmados al cierre del 2018, son 312 y un total de 18 mil 163 casos sospechosos, lo que nos apunta un aumento de casos confirmados de 112 personas, ya que al cierre del 2017, el total ya ascendía a 200”, expresó.
Por otro lado, concretó que los municipios afectados por esta enfermedad en Chihuahua, son: Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique y Morelos, mientras que al colindar con los estados de Sonora y Sinaloa, los brotes se registran en municipios como: Choix, Sinaloa y Navojoa, Álamos, Quiriego en Sonora.
“Es necesario que entre los tres estados, se empleen las acciones necesarias para erradicar y controlar este problema; dentro de las acciones de tratamiento, se busca que se priorice el tratamiento a embarazadas diagnosticadas, reuniones informativas, visitas de identificación oportuna, capacitación al personal médico, así como la eliminación de los criaderos”, apuntó.
En última instancia, reiteró que en la actualidad existen retos al tratar de combatir el virus, como la renuncia a los tratamientos, la falta de acceso a las localidades, la falta de transporte ágil y las medidas de seguridad para el personal, lo que retarda la implementación de los tratamientos, por lo que es necesario unir “fuerzas” y avanzar en su combate.
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de las Secretarías de Salud y Desarrollo Urbano y Ecología, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil y los 67 Ayuntamientos, prevengan a la población de picaduras de insectos por medio de estrategias de información y fumigación.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Misael Máynez, quien mencionó en tribuna que se busca implementar estas acciones para que se eviten los riesgos en la salud de los pobladores de la entidad, principalmente, en los infantes.
“Chihuahua se caracteriza por el extremoso clima, diferente al resto de la república, a lo que se añade su compleja y vasta extensión geográfica del territorio, lo que hace más difícil la debida atención por parte de las dependencias del Estado, a las necesidades más elementales de la población”, detalló.
Dijo que, existen casos específicos de zonas de la entidad, en las que la complejidad geográfica, la lluvia y el calor en esta temporada, generan la incubación y nacimiento de fauna nociva en las colonias y comunidades más marginadas de Chihuahua.
“Esto genera un riesgo muy alto y permanente en las propias viviendas de las familias, que de manera inocente guardan la costumbre de acompañar su vida diaria con mascotas, que sin una higiene adecuada, elevan el crecimiento de estos riesgos de salud”, concretó Máynez Cano.
Refirió que la acumulación de materiales y objetos en desuso en los patios de las viviendas, es otro de los factores de riesgo de esta situación que aumenta la problemática antes referida y que se ve reflejada en las estadísticas de la Secretaría de Salud en la entidad, dado a que en 2018 se contabilizaron 28 defunciones ocasionadas por picadura de insectos ponzoñosos.
“Lamentablemente, uno de los casos más recientes, es el que se presentó el pasado domingo 1 de septiembre en Ciudad Juárez, por el caso específico de picadura de garrapata y la enfermedad que esta trasmite, llamada Rickettsia. Los casos de muerte por picadura de garrapata y la Rickettsia, han comenzado a repuntar en el estado”, determinó.
Cifras de la Secretaría de Salud en Chihuahua, señalan que hasta el momento van 5 casos confirmados y 3 defunciones por rickettsiosis en Ciudad Juárez. A nivel estatal las cifras son 8 muertes por mordedura de garrapata, tres de ellos corresponden a Ciudad Juárez, tres más a Chihuahua, uno a Aldama y otro más a Meoqui.
“Es apremiante implementar una campaña en dos vertientes, la primera de información a la población y la segunda vertiente es encaminada a que se realice una jornada intensa de fumigación en las colonias y sectores de las principales ciudades del Estado para inhibir la propagación de fauna nociva a la población y los posibles riesgos de muerte, todo ello con pleno respeto al equilibrio ecológico del entorno”, concluyó.
– Se pidió al Consejo de la Judicatura Federal que proceda contra personal que cometió irregularidades y que la Secretaría de Gobernación de la Federación, redoble esfuerzos para brindar certeza jurídica
Los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortó a la Fiscalía General de la República, a que se realice una investigación exhaustiva en el caso Ayotzinapa, que se tomen todas las acciones pertinentes para comprobarse los delitos de tortura, así como las medidas legales pertinentes para los servidores públicos cuyas acciones u omisiones en la investigación, sean corroboradas.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, se presentó en tribuna por la diputada Deyanira Ozaeta Díaz del Partido del Trabajo, quien detalló que esta iniciativa, incluye al Consejo de la Judicatura Federal para que dé vista por el accionar del personal a su cago y tome las medidas legales pertinentes.
Señaló que, de igual manera, se enviará al Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, para que redoble los esfuerzos realizados hasta este momento, a fin de dar certeza jurídica y que se lleve a cabo la correspondiente reparación del daño.
“El pasado 30 de agosto se conmemoró el día internacional de las víctimas de desaparición forzada; en lo que respecta a este tema, es necesario reconocer que el Estado mexicano tiene una deuda pendiente con los familiares de las personas desaparecidas y que debe de ser atendida por la Ley General en Materia de Desaparición de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, concretó.
Además de esto, dijo que, para poder subsanar la deuda histórica con las familias de las personas desaparecidas, es necesario dar solución a las más de 32 mil desapariciones que se registran y señalan dentro del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.
“Los desaparecidos y desparecidas tienen nombre propio, su historia es una tragedia latente, cuya herida proviene en muchas ocasiones de la Guerra Sucia, en otras de la Guerra contra el narcotráfico y sus estragos posteriores, ante esto el Estado Mexicano no puede cerrar los ojos, para diciembre de 2017 únicamente existían 12 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada”, dijo.
Recordó que, en este mes de septiembre del presente año, el titular de la Subsecretaría Subsecretaria de Derechos Humanos, Población y Migración, dio a conocer a la población nacional la noticia de que los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas, quienes ya se encontraban vinculados a proceso, podrían salir en libertad una vez que el Juez Primero de Distrito en Procesos Federales de Tamaulipas desestimara las pruebas ofrecidas por el delito de desaparición forzada en contra de quien la llamada “verdad histórica” señaló como el líder de la banda que secuestró a los estudiantes.
“Nos parece lacerante y preocupante que en un país tan lastimado como los nuestros, existan señalamientos de tortura contra presuntos delincuentes y además se comentan errores premeditados en la integración de las carpetas de investigación. Es necesario acabar con la impunidad, de otra forma jamás se podrá resarcir el daño a las víctimas”, concluyó.
La LXVI Legislatura del Congreso local, exhortó a la titular de la Secretaría de Gobernación Federal, Olga María Sánchez Cordero, para que se expida a los ex trabajadores migratorios mexicanos, que así lo soliciten, las constancias denominadas certificados de identidad, o su documento equivalente, a fin de que puedan acreditar su calidad de ex braceros para tener acceso a los trámites relativos al pago de sus prestaciones legales.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, se presentó ante el Pleno por el diputado Francisco Humberto Chávez del Grupo Parlamentario de Morena, quien detalló que los ex trabajadores migratorios mexicanos con estas acciones, podrán obtener justicia laboral por los años laborados.
Recordó que el 4 de agosto de 1942, los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América, firmaron un Convenio Internacional para regularizar la migración de trabajadores temporales mexicanos hacia ese país del norte, conocidos como “braceros”, quienes laboraron principalmente en la agricultura para la producción de alimentos durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea.
“Pese a la constitución del Programa Bracero, con supuestas condiciones aceptables, muchos de los sufrieron hacinamiento, malos tratos, alimentación precaria, extenuantes jornadas de trabajo y salarios por debajo de lo establecido, lo que se sumó a la discriminación”, concretó Chávez.
Además de esto, acotó que se estableció la deducción del 10 por ciento del total de los salarios percibidos por los trabajadores mexicanos por su trabajo, en la cláusula llamada “FONDO DE AHORRO” del convenio firmado de Estado a Estado.
“Esto, se llevó a cabo con el propósito de precisar los alcances de esta cuestión, mencionaba el convenio, y que dicho porcentaje debía ser devuelto a los mismos a su regreso a México por conducto de las instituciones gubernamentales, el Banco Nacional de Crédito Agrícola de entonces, establecidas para ello, lo que nunca se entregó”, expresó.
En este orden, refirió que el 20 de julio de 1945, se publicaron las instrucciones para el cobro del 10 por ciento de deducciones, y en el que se establece que la Secretaría de Gobernación Federal, debe de expirar un certificado de identidad o un duplicado de su contrato respectivo para el cobro del mismo.
“Hemos presenciado al paso de los años, cómo los ex braceros y sus familias han sido víctimas de injusticias, de estabas y robos; esperamos que en atención al exhorto que dirigió el Presidente de la República a Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pueda pagar el estimado de 5 billones de pesos que de acuerdo a datos de la UNAM, se debe a los ex braceros”, concluyó.
Cabe mencionar que los lugares de destino de los ex trabajadores fueron diversos estados de la unión Americana, Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, California, entre otros, donde trabajaron en diversos cultivos, entre los más temibles, por su sobreexplotación, fue el Betabel y Algodón; también más de medio millón de trabajadores, laboraron en las vías férreas en California.
