Integrantes de la Diputación Permanente aprobaron la iniciativa presentada por el diputado René Frías Bencomo, en la cual se solicitó apoyo al Gobierno Federal, para que a través de la Secretaría de Educación, por medio de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, intervenga en el proceso de cambios de adscripción de docentes de nivel secundaria del sub sistema federalizado.
Lo anterior, para que se determine si le corresponde a los más de 200 docentes afectados el derecho a basificar las horas interinas que cubrieron desde hace varios años, y en su caso, realizar la evaluación pertinente y la adecuación regionalizada de los perfiles idóneos para cubrir las vacantes en cuestión.
El llamado también se hizo al Poder Ejecutivo Estatal para que a través de la Secretaría de Educación y Deporte, mediante los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) y de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) en la Entidad, proponga a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la regionalización de los Perfiles Profesionales que tienen los cientos de docentes, que fueron evaluados en su oportunidad y que cubrían las vacantes en controversia, que son contempladas en el proceso de cambios de adscripción, o que, solicite a la autoridad federal convocatoria extraordinaria para evaluación y asignación de las horas y plazas que hoy cubren de forma interina.
Lo anterior, con el objeto de salvaguardar los derechos de las y los maestros y así, contribuir al respeto y revalorización de esta figura tan importante en la Entidad.
Dentro de su exposición, el Legislador señaló que el pasado día 12 de agosto fue suspendido el proceso de cambios de adscripción de los docentes federalizados por la representación sindical, quienes argumentaron que no se habían respetados los acuerdos signados entre las partes, dentro de los que se destaca, el que se ofertarán como vacantes las horas interinas que más de 200 docentes habían ocupado por hasta 6, 5, 4 y 3 años, sin otorgarles la base correspondiente por distintas trabas de la autoridad en turno, aún y cuando los profesores fueron evaluados en su oportunidad obteniendo resultados buenos y destacados.
Esta acción, que a todas luces vulnera los derechos de los trabajadores de la educación, la sustenta los SEECH y la USICAMM local, en que los profesores no cubrían el perfil profesional emitido por la Secretaría de Educación Pública y la USICAMM para el ciclo escolar, sin embargo, esto es por omisión de la misma autoridad local, ya que, fue ella, quien los contrató, luego les pidió que se evaluaran, y esta instrucción fue acatada por las y los docentes, quienes obtuvieron resultados satisfactorios, y destacados, sin embargo, la autoridad local fue omisa en sus facultades, donde pudo resolver esta controversia con la suficiente antelación.
Además recordó que la Ley General para el Sistema de las Maestras y Maestros, prevé que en materia del Sistema, corresponde a la Federación la rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación. Para establecer los perfiles profesionales, el proceso de valoración de las habilidades socioemocionales y los requisitos mínimos que deberán cumplirse para la admisión, promoción, y reconocimiento en el Sistema, según el cargo de que se trate; la Secretaría deberá considerar las propuestas que en su caso reciba de las autoridades educativas de las entidades federativas.
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Los integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal, para que en el uso de sus atribuciones se emita una nueva tarifa para el cobro de derechos en materia de licencias para la comercialización de bebidas alcohólicas, en sus distintas modalidades.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada del PAN, Patricia Gloria Jurado, quien mencionó que se debe de impulsar la actividad económica en nuestro estado y con ello, contribuir con las familias chihuahuenses.
“Una de las labores importantes de nosotros los diputados, es que en las leyes de ingresos se prevean bases más equitativas y acordes a nuestra realidad económica, lo que refiere a una responsabilidad compartida entre los distintos poderes públicos de la entidad”, señaló.
Dijo que el propósito de la iniciativa antes referida, incide con los motivos con los que se crearon las leyes de alcoholes, es decir, dar mayor certeza jurídica, motivar el desarrollo económico e incentivar la inversión, en el ordenamiento jurídico para reglamentar la venta y suministro de bebidas alcohólicas.
“Uno de los propósitos de contar con el instrumento normativo antes aludido, ha sido que los y las ciudadanas interesadas en comercializar con bebidas alcohólicas, lo puedan realizar con libertad de comercio, sin tener que estar sujetos a la exclusividad de una cervecería”, recalcó la diputada.
Sin embargo expresó que esto no ha ocurrido por diversos factores, entre ellos, la tramitología de carácter administrativo para obtener una licencia, así como los altos costos de los derechos y todo lo necesario dentro del procedimiento para lograr su expedición.
“En lo referente a la operación y costos de las licencias mediante las cuales el Poder Ejecutivo del Estado, autoriza la operación y el funcionamiento de los establecimientos dedicados a la venta y/o suministro de bebidas alcohólicas, en diversas reuniones en el Distrito que represento, principalmente en Nuevo Casas Grandes y Ascensión, ha sido posible identificar una realidad en la que los comerciantes ven inaccesible obtener esta autorización debido a los altos costos para su expedición”, comentó.
En este sentido, señaló que resulta una mejor vía operar para los comerciantes, con las múltiples autorizaciones que poseen las distintas cervecerías y las desventajas en materia de competencia económica que esto implica.
“El principal objetivo que se persigue es que el sector empresarial se vea beneficiado con tarifas por derechos que observen principios de equidad y proporcionalidad tributaria, que guarden una justa relación entre el servicio prestado y el costo del mismo y que se contemplen aspectos ajenos como el aforo, ya que son elementos que no inciden directamente con el mismo del servicio prestado”, puntualizó.
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Diputadas y diputados de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, aprobaron la iniciativa de urgente resolución presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz, mediante la cual exhortaron a los 67 municipios de la Entidad, para que ejecuten un proyecto sobre el apoyo económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), mismo que consiste en la realización de un descuento escalonado sobre el impuesto predial, de acuerdo al número de servicios que las Organizaciones de la Sociedad Civil otorguen.
“Las Organizaciones de la Sociedad Civil, son un actor fundamental para el desarrollo social, las prácticas democráticas y la mejora de las políticas públicas. Dado a la labor que desempeñan, organismos internacionales han subrayado la importancia de fortalecer a este sector, debido a su potencia colectiva en la preparación de programas sociales, económicos y políticos, tanto a nivel local como a nivel mundial”, detalló la iniciadora.
Dichas agrupaciones son constituidas por individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales comunitarios.
En el Estado existen 798 OSC activas, de las cuales el 59 por ciento son donatarias autorizadas y que aportan al desarrollo social y humano; su patrimonio, es formado por las aportaciones y donaciones de los propios miembros, lo cual restringe, por mucho, la capacidad de maniobra y de acción que puedan tener en la labor diaria para conquistar sus objetivos. Esto equivale a que, si los miembros no tienen una fluidez económica lo bastante amplia para destinar recursos a la organización, entonces los objetivos y metas que le dieron la vida se verá truncada.
Es por ello, que se les solicita a los 67 municipios que conforman el estado de Chihuahua para que ejecuten un proyecto sobre el apoyo económico a las Organizaciones de la Sociedad Civil, mismo que consiste en la realización de un descuento escalonado sobre el impuesto predial, de acuerdo al número de servicios que las Organizaciones de la Sociedad Civil otorguen.
El llamado se hace urgente, toda vez que con las medidas de contingencia implementadas por la llegada del COVID-19, se han presentado algunas dificultades como reducción de salarios, despidos de colaboradores, cancelación de donativos, entre otras; y de continuar con la contingencia, solo 36.64% podría continuar trabajando 6 meses más, según datos del INEGI; puntualizó la Legisladora.
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Quienes integran la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, aprobaron la iniciativa presentada por la Junta de Coordinación Política, en voz de la diputada Blanca Gámez, en la cual se solicita a las instancias internas del Poder Legislativo, realizar las gestiones y trámites necesarios para lograr los mecanismos suficientes, para que a más tardar al 15 de septiembre del año en curso, se dé cumplimiento a la obligación de presentar la Declaración Patrimonial mandatada por la Ley en la materia.
Para ello, se contará con los instrumentos jurídicos e informáticos pertinentes, así como la asesoría técnica necesaria, y se suscribirán los instrumentos legales o administrativos que fueran pertinentes para tales efectos, considerando el tiempo transcurrido dado presencia de la contingencia epidemiológica de COVID 19.
Dentro de la iniciativa, detalló que la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación (CPCE-F), que es, la instancia de vinculación de los Órganos de Control y Evaluación de la Gestión Pública del Gobierno Federal, de los Gobiernos Estatales y de la Ciudad de México, elaboró un modelo de acuerdo guía a efecto de que las Entidades Federativas expidan el respectivo acuerdo para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos previstas en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Derivado de la situación mundial de la pandemia por COVID-19, integrantes de la CPCE-F, y con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, coinciden en que esta situación de salud y sanitaria, es una excluyente de responsabilidad administrativa en relación a los tiempos de cumplimiento, y que es necesario generar un documento a través del cual, los Órganos Estatales de Control y los servidores públicos de los estados y municipios, cuenten con los elementos y tiempos necesarios para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en las modalidades de modificación, de inicio y de conclusión.
Bajo dicho contexto, el Poder Legislativo de Chihuahua, tras la celebración de un Convenio Interinstitucional con la Secretaría de la Función Pública, habrá de utilizar la plataforma digital habilitada por la dependencia en mención, teniendo como fecha límite el 15 de septiembre del presente año.
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Integrantes de la Diputación Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso local, exhortaron a la Procuraduría Federal del Consumidor, así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a fin de que se atienda la problemática actual relativa a la eficiencia de los servicios de telecomunicaciones en la región noroeste del Estado.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada del PAN, Patricia Gloria Jurado, quien detalló ante los presentes que el acceso a la información y la comunicación, es algo vital en cualquier momento y lugar para una persona, y que dado a la Contingencia Sanitaria actual, es indispensable para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y educativas.
Dijo que no se puede considerar solamente la atención a las zonas prioritarias del Estado y otras en las que, si bien se cuenta con el acceso de los servicios, estos sean deficientes o nulos; recientemente se registran problemas de telecomunicaciones en la región noroeste, en este caso, en los municipios de Nuevo Casas Grandes, Ascensión, Janos, Galeana, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes, Gómez Farías y Madera.
“Principalmente en las zonas de Madera, Gómez Farías y Casas Grandes, los servicios de telefonía celular y de internet contratados no prestan los servicios antes descritos de manera eficiente que permita a la ciudadanía disfrutar de los beneficios de contratarlos, lo que refleja una imposibilidad de llevar a cabo actividades personales, familiares y por supuesto, económicas”, acotó.
Por otra parte, recalcó que en el tema de la educación en este tiempo de contingencia sanitaria, es de vital relevancia, ya que nuestra niñez y juventud, se verá obligada a utilizar plataformas y mecanismos que requieren forzosamente de estos servicios de telecomunicaciones como transmisión de voz y acceso a internet.
“Es por lo que también, la ciudadanía demanda de un buen servicio que observe los principios rectores en materia de relaciones de consumo, tal y como “el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento”; principio previsto en el artículo 1, fracción IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor”, determinó.
Además, expresó que no obstante que esta prestación de servicios deriva de relaciones contractuales con entes del derecho privado, México cuenta con instituciones encargadas de velar por la observancia de los principios en la materia y el goce de derechos para el consumidor, así como el cumplimiento de obligaciones por parte del proveedor.
“El IFETEL es de igual forma instancia competente para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, tal y como lo establece el artículo 118; la PROFECO tiene como principios básicos en las relaciones de consumo la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales y morales, individuales o colectivos, el otorgamiento de información y de facilidades a los consumidores para la defensa de sus derechos, la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, métodos comerciales coercitivos y desleales”, concluyó.
