La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó al Congreso de la Unión para que expida la nueva Ley General de Aguas, con la cual se consolidará el respeto del derecho humano de acceso al agua, así como que regule de una manera clara y eficiente, las competencias de los tres órdenes de gobierno en esta materia.
Es imperante armonizar la legislación en materia de agua, conforme al mandato previsto en el artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se elevó a categoría de derecho fundamental el acceso al agua y se obliga al poder público a garantizarlo; señaló el diputado Humberto Chávez, Presidente de la Comisión de Agua.
Sin embargo, al existir la omisión por parte del H. Congreso de la Unión para emitir una nueva Ley General de Aguas Nacionales, hay una imposibilidad jurídica para desarrollar en la leyes correspondientes el derecho humano al acceso al agua, que regule de manera clara y eficiente las competencias de los tres niveles de gobierno en materia de aguas; continuó.
Agregó que en el Congreso de la Unión hay en estudio varias iniciativas con carácter de Decreto para reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Aguas Nacionales, así como para la emisión de una nueva ley, lo cual obedece a la necesidad de cumplir con lo estipulado en el decreto de reforma al artículo 4° de la Constitución Federal, en donde se estableció el derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico.
Para finalizar, explicó que dentro de los artículos transitorios se estableció la obligación de crear una nueva Ley General de Aguas Nacionales, dentro del término de 360 días y dicho plazo venció el día 3 de febrero del año 2013, es por ello que se hace el llamado urgente al Legislativo Federal, para que realice las acciones necesarias para que a la brevedad se expida el ordenamiento antes mencionado.
– Solicitan que en el mes de octubre se pague el agua a EUA, de acuerdo a lo establecido en el Tratado Internacional de Agua de 1944.
– También pidieron un Informe sobre la situación que guarda la extracción de agua de las presas del Estado.
Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, exhortaron de manera enérgica a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para que deje de vaciar las presas del Estado, con la excusa de cumplir con el Tratado Internacional del Agua de 1944, toda vez que su insistencia pone en peligro a las personas productoras agropecuarias, su supervivencia y la de sus familias.
Lo anterior, debido a que con la extracción de agua, se ven imposibilitadas a sembrar las tierras de riego con el agua proveniente de las presas La Boquilla, la Francisco I. Madero y la Luis L. León (Granero); mencionó en la exposición del dictamen el diputado Humberto Chávez, Presidente de la Comisión de Agua.
De la misma manera se exhortó al Ejecutivo Federal para que, sea en el mes de octubre del presente año cuando se dé cumplimiento a la obligación de tributar agua al Río Bravo, de acuerdo con lo estipulado en el Tratado Internacional de Agua de 1944, tal y como se ha realizado por varias décadas, sin poner en riesgo la supervivencia de las personas productoras agropecuarias y la alimentación de las y los mexicanos.
Dentro del dictamen se exigió también a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, para que gire las instrucciones necesarias a la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos, a fin de que realice las acciones necesarias para replantear los acuerdos tomados por el Consejo de la Cuenca del Río Bravo, para el cumplimiento del Tratado Internacional del Agua de 1944, ya que éstas van en detrimento de las personas productoras agrícolas y de la población del Estado de Chihuahua, debido a la forma inequitativa en que se pretende realizar el pago del agua, estipulado con los Estados Unidos de América.
Por último, la Sexagésima Sexta Legislatura de Chihuahua, convocó a una reunión de trabajo a la brevedad posible, a la Dirección local de CONAGUA, a los dirigentes de los distritos de riego y la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, para conocer sobre la situación que guarda la extracción de agua de las presas de la Entidad, con relación al cumplimiento del Tratado Internacional de Aguas de 1944 y el estatus de los amparos y recursos presentados.
Integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, solicitaron al Ejecutivo Federal, para que a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), se retome el diálogo con los productores, agricultores y usuarios de los distritos de riego de las distintas regiones del Estado.
De la misma manera se hizo la petición enérgica, para que a la brevedad se suspenda el desfogue de la presa “El granero” y se desista de abrir las compuertas de la presa Francisco I. Madero, “Las Vírgenes”, así como evite reabrir las compuertas de otras presas.
Lo anterior, en tanto no se privilegie el diálogo, donde se generen consensos, con la finalidad de que se garantice la disponibilidad de agua por lo menos para el presente y siguiente ciclo agrícola, a quienes cuentan con título de concesión de agua para dicho uso y se busque la mejor manera de cumplir con el tratado de 1944, celebrado entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, en materia de agua.
Este acuerdo aprobado de manera urgente, fue presentado por el diputado del PAN, Jesús Alberto Valenciano, quien agregó en la exposición que a pesar de los limitados acuerdos que en otras reuniones se han alcanzado entre el Gobierno Federal, a través de la CONAGUA, con los productores del campo y la intermediación del titular del Ejecutivo del Estado, se han estado abriendo las compuertas de las presa “La Boquilla” y “El Granero”, de manera unilateral, a escondidas, en ciertos casos aprovechando la noche y varias veces haciendo uso de la guardia nacional, acciones que revelan decisiones opacas, unilaterales, ajenas y contrarias a la situación del campo Chihuahuense. Ahora se pretende abrir con el uso de la fuerza la presa Francisco I. Madero (Las Vírgenes) sin alcanzar los concesos requeridos, al margen del diálogo y con el riesgo de que el presente ciclo agrícola se vea mermado.
“Estoy seguro que el camino es el diálogo, éste debe privilegiarse y fortalecerse para logar la gobernabilidad y a la vez beneficiar a la comunidad, además de cumplir con los tratados que México ha celebrado”, culminó el Legislador.
La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, exhortó al Gobierno Federal para que a través de su Secretaría de Salud, realice un programa transitorio en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal, para brindar atención y tratamiento de cáncer de niñas, niños y adolescentes chihuahuenses que quedaron fuera del Seguro Popular y hasta que el Instituto de Salud para el Bienestar se encuentre en operación.
El exhorto aprobado de manera urgente, fue presentado por el diputado del PRI, Jesús Velázquez, quien señaló que dentro de la Ley General de Salud, específicamente en su artículo 77 bis 1, se establece que “todas las personas que se encuentren en el país que no cuenten con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al momento de requerir la atención, de conformidad con el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin importar su condición social”.
Uno de los efectos que ha implicado la extinción del Seguro Popular y la creación del INSABI, es que se dejó sin certidumbre jurídica a una serie de convenios y acuerdos que se mantenían con instituciones de salud que recibían por parte de la federación, recursos para otorgar sus servicios a la población derechohabiente, sin embargo, tras la desaparición del Seguro Popular, las y los beneficiarios quedaron en el desamparo y sin posibilidad de continuar con el tratamiento de sus afecciones y enfermedades; continuó el Legislador.
“A siete meses de que se puso en funcionamiento el Instituto de Salud para el Bienestar, a la fecha, miles de chihuahuenses siguen sin poder acceder a diversos tratamientos y terapias médicas ya que aún no se han emitido las reglas de operación del nuevo Instituto de Salud”, enfatizó el iniciador.
Agregó que anteriormente el Programa de Cáncer en la Infancia y Adolescencia atendía a niños, niñas y adolescentes con cáncer y que actualmente, se encuentran en desamparo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua, cada año se registran 63 nuevos casos de cáncer infantil en la Entidad, de los cuales 60% se atienden en la Capital y 40% en Ciudad Juárez. Entre el 2013 y el 2018 se presentaron un total de 374 casos de cáncer infantil, siendo los municipios con más casos Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo.
Es por todo lo anterior que se hace la petición a la dependencia federal antes mencionada, para que se implemente un programa especial transitorio, en apoyo a este sector vulnerable que se ha quedado en el abandono del sector salud.
Por último, el Legislador mencionó que Cabe señalar que cientos de padres de familia en todo el País, están saliendo a las calles para protestar por la falta de atención médica de sus hijos e hijas menores, y Chihuahua no es la excepción, pues ya circulan incluso en las redes sociales, videos de los propios niños pidiendo atención médica.
Integrantes de la Diputación Permanente, aprobaron la iniciativa presentada por el diputado Obed Lara Chávez, mediante la cual exhortaron al Poder Ejecutivo Estatal para que se considere la reanudación de actividades a la brevedad posible, así como la reapertura gradual, cauta y ordenada de iglesias, templos o lugares destinados al culto público, por parte de iglesias, agrupaciones o asociaciones religiosas, tomando en consideración las medidas sanitarias que se estimen necesarias por la contingencia derivada de la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
En la exposición de motivos, el Legislador señaló que el pasado 30 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo presentó a la ciudadanía el plan estatal de reapertura de actividades, que ha sido actualizado conforme avanzan las semanas y el estado de salud por el que atraviesa la población; no obstante aún no se permite la reapertura de los lugares antes mencionados.
Lara Chávez reconoció los grandes esfuerzos de las autoridades por mitigar la problemática, sin embargo grupos de religiosos en nuestro Estado, observan con desánimo que además de que su actividad se ha considerado no esencial, pese al Comunicado Federal y mientras se ha permitido la reapertura de otros lugares en beneficio de la economía, además de la continuidad de actividades como la producción, venta y consumo de bebidas alcohólicas, entre otras, los creyentes no han podido congregarse, mantienen gastos operativos en sus lugares de culto, cuando estiman que en grupo o de manera individual, las creencias religiosas son importantes para la sociedad.
Agregó que muchos grupos y asociaciones religiosas, promueven servicio a la comunidad, incluso sus espacios de culto sirven como comedores comunitarios, centros de acopio y distribución de despensas u otros apoyos, estancias infantiles, cuentan incluso con centros de atención a familias que voluntariamente buscan solución a sus conflictos, pero además de manera individual, la religión invita a crear conciencia, a la meditación, a mejorar la conducta humana y promover una mejor convivencia.
Para concluir, enfatizó que están conscientes que la reapertura de los lugares, estará supeditada a que la Secretaría de Salud, determine que es posible realizar de nueva cuenta reuniones para culto religioso y que será variable entre los Estados y sus municipios por tratarse de una responsabilidad compartida siempre en apego a la ley de conformidad a las instrucciones que brinde la autoridad compete.
Dentro de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, se aprobó el exhorto de urgente resolución presentado por la diputada del PAN, Patricia Jurado Alonso, en el cual se solicita al Titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a efecto que realice las acciones correspondientes para que a la brevedad se cumpla con el compromiso de pago adquirido con los productores de maíz amarillo del Estado.
De la misma manera se instó al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se destinen los recursos necesarios para realizar los pagos del ingreso objetivo del ciclo primavera-verano 2019 a dichos productores.
“Nuestro Estado se ha caracterizado por ocupar los primeros lugares en producción agrícola, lo que, sin lugar a duda, incide en el desarrollo económico y social de las familias chihuahuenses. Entre lo que más destaca se encuentra la producción de algodón, nuez, manzana, alfalfa, avena forrajera, cebolla, cereza, trigo forrajero y maíz amarillo, por mencionar algunos”, detalló ante los demás legisladores.
En este sentido, dijo que el sector productivo requiere de políticas públicas que detonen el desarrollo de sus actividades, ya que esto no se circunscribe únicamente a la capacidad personal de cada productor, por lo que es necesario que el Gobierno Federal cumpla con los compromisos adquiridos con los productores de maíz amarillo en el Estado.
Determinó que son cerca de cinco mil productores que realizan este cultivo, en una superficie de más de 130 mil hectáreas anualmente y ya por más de diez años, han concretado agricultura por contrato con los principales compradores de la Región Lagunera, donde el maíz se utiliza para la alimentación de ganado de leche y carne.
Por otro lado, externó que en el “Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa de Agromercados Sociales y Sustentables para el ejercicio fiscal 2019”, se establece que el ingreso objetivo es el instrumento de política pública que tiene como propósito garantizar a los productores agrícolas una rentabilidad mínima de inversión a través de un ingreso mínimo por tonelada producida y comercializada, estableciéndose para el cultivo de maíz la cantidad de 3 mil 960 pesos por tonelada.
“Las organizaciones de Productores de Chihuahua adquirieron las coberturas bajo dos conductos el primero a través de las ventanillas de ASERCA; por así disponerse mediante aviso de Gobierno Federal, donde se cubrieron 181,238 toneladas con un apoyo gubernamental de 12.5 millones de pesos y una aportación igual de los participantes, el segundo a través de las ventanillas de Financiera Nacional de Desarrollo, por 1,291,016 toneladas con un apoyo gubernamental de 87.1 millones de pesos y una aportación igual de los participantes”, destacó.
Además de esto, dijo que es de suma importancia que se le brinde la atención necesaria por parte de la Secretaría de Hacienda, misma que reviste que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, no se consideraron los recursos para la comercialización, en función de que el programa de Agromercados Sociales y Sustentables, ya no operaría y sería sustituido por el Programa de Precios de Garantía de SEGALMEX.
“Incongruente la postura que ha tomado el Gobierno Federal, al desamparar a un sector muy importante; el productivo, ya que esta problemática se originó con la decisión de dejar sin efecto el programa de agricultura por contrato y por ende, una insuficiencia presupuestal no solo para continuar apoyando a nuestros productores, sino para cubrir los compromisos ya adquiridos, contrariando los principales objetivos del programa, como asegurar al productor la venta anticipada de su cosecha, garantizar una fuente segura de abasto, precios competitivos para las cadenas productivas y dar certidumbre al proceso productivo”, puntualizó.
Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso local, exhortaron al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que considere no se aplique el recorte del 75 por ciento del gasto corriente a los programas y/o dependencias que garanticen la vacunación y alimentos para menores de los seis años.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por la diputada Carmen Rocío González Alonso del PAN, quien determinó que estas acciones quieren ser ejecutadas bajo la política de austeridad implementada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Detalló que con este panorama, se ha visto comprometido el pago de los servicios esenciales para el funcionamiento del gobierno, como luz, agua, gas, telefonía y arrendamientos, pero también podría afectar inversiones prioritarias en salud, educación, energía e investigación científica.
“Algunas de dichas inversiones están relacionadas con la adquisición de medicamentos y suministros de laboratorio, arrendamiento de equipo médico, dichas inversiones están incorporadas como gasto corriente en los capítulos 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales del Presupuesto de Egresos de este año”, afirmó la legisladora.
Dado a lo anterior, expresó que las instituciones gubernamentales, en este caso, las dependencias del Poder Ejecutivo, entre ellos: organismos descentralizados, órganos desconcentrados y empresas paraestatales, deberá operar el resto del año con el 25 por ciento de los fondos sobrantes en los capítulos 2000 y 3000.
Abundó y recalcó que bajo este supuesto, los recortes presupuestales que podrían ser ejecutados para programas o dependencias del gobierno federal de los cuales dependen 6.5 millones de menores de edad, en este caso, de entre los cero a los seis años, quienes presentan riesgo al verse afectados en su salud, desarrollo físico, intelectual y emocional.
Además, recordó a los presentes que tanto PAN, PRI, PRD y MC en San Lázaro, con fecha del 8 de junio del 2020, exigieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que no se aplique el recorte del 75 por ciento del gasto corriente a programas de vacunación y alimentos para menores, programas que garantizan los derechos de la primera infancia.
“Como diputada, reconozco la importancia de las vacunas en proteger a los niños contra muchas enfermedades graves, como la enfermedad neumológica invasiva, la poliomielitis, la hepatitis y el sarampión, infecciones que antes causaban la muerte o serios daños a muchos bebés y niños, sin estas, cualquier infante corre el riesgo de enfermarse gravemente y de sufrir dolor, discapacidad e incluso, la muerte a consecuencia de enfermedades como el sarampión y la tosferina”, puntualizó.
Por último, expresó que en el Artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud, por lo que debe el Estado velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez.
Integrantes de la Diputación Permanente del Congreso local, exhortaron a los Poderes Ejecutivos de la Federación y del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones, tomen las medidas necesarias tendentes a diseñar y/o reforzar las campañas de promoción y concientización de las prácticas relativas a la sana alimentación, salud preventiva y el deporte, para prevenir enfermedades crónico-degenerativas en México.
Este Punto de Acuerdo de urgente resolución, fue presentado por el diputado Jesús Vázquez del PAN y quien determinó que un gran porcentaje de las complicaciones y muertes que han traído consigo el virus COVID-19, es por este tipo de enfermedades y que se debe de hacer batalla ante las mismas dado a la prolongación y posible recrudecimiento de la emergencia sanitaria.
Dijo que estas acciones se tienen que realizar y fortalecer por medio de las diversas instancias, es decir, las secretarías tanto federales como estatales, en materia de salud, de educación y del desarrollo social.
“Ya contamos en el país y en el estado con campañas alusivas a: come sano, come frutas y verduras, has deporte, se optimista, deja de fumar, entre otras más, que son usadas para que la totalidad de la población mexicana, sobre todo entre las niñas, los niños y los jóvenes, se cree un hábito saludable”, mencionó el legislador.
De acuerdo con estimaciones realizadas por instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, relacionadas con la atención médica de la pandemia generada por el COVID-19, cerca de un 60 por ciento de las muertes son ocasionadas por el virus antes mencionado, tuvieron como factor de complicación la existencia previa de enfermedades crónico-degenerativas.
“Sabemos que lamentablemente, nuestro país se caracteriza por ser aquejado con la prevalencia de estas enfermedades desde hace ya varias décadas atrás; es necesario que como sociedad y como gobierno, se pueda redoblar los esfuerzos hechos hasta el momento dado a que estamos a punto de llegar en México a las 40 mil muertes conocidas de manera oficial, a causa de la epidemia”, afirmó.
Recalcó que los pobladores de cada una de las regiones del Estado y del país, deben de tener el conocimiento de las medidas preventivas relativas al COVID-19, de fomentar hábitos saludables y que parte de ello, son las iniciativas en las que se trabaja dentro de la Comisión de Salud del Congreso de Chihuahua que él preside, para promover soluciones y mejoras al sector salud.
“Todos juntos debemos de cambiar nuestra forma de vivir, tornándola más sana, más activa y previsora. Hagámoslo así y ahora, antes de que sean aún mayores las cargas financieras que pague el estado por atender estas enfermedades, hagámoslo ahora para evitar más muertes y más dolor, hagámoslo ya para que vivan mejor las futuras generaciones”, finalizó.
