A pesar de los esfuerzos de seguridad, la violencia persiste en el estado de Chihuahua, México
La gobernadora Maru Campos enfrenta crecientes críticas mientras los homicidios y el crimen organizado continúan plagando la región.
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Ciudad Juárez, México. En el accidentado estado norteño de Chihuahua, México, la gobernadora Maru Campos ha hecho de la seguridad una piedra angular de su administración. Sin embargo, a mas de tres años después de su mandato, la región sigue siendo una de las más violentas del país, con tasas de homicidios, secuestros y extorsión persistentemente altas. A pesar de las operaciones coordinadas, los programas sociales y el apoyo federal, la lucha del estado contra el crimen organizado subraya la complejidad de abordar la violencia en México.
Chihuahua, que comparte una larga frontera con los Estados Unidos, es un punto de tránsito clave para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. Ciudades como Juárez, justo al otro lado de la frontera con El Paso, Texas, se han convertido en puntos álgidos en la batalla entre poderosos cárteles, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, Chihuahua registró más de 1.200 homicidios en 2023, lo que le permitió mantenerse entre los cinco estados más violentos del país.
Estrategias de seguridad y sus límites
La gobernadora Campos, miembro del conservador Partido Acción Nacional (PAN), ha priorizado la seguridad desde que asumió el cargo en 2021. Su administración se ha centrado en fortalecer la coordinación entre las fuerzas estatales, federales y municipales, desplegando a la Guardia Nacional y al ejército en puntos críticos como Juárez. Además, su gobierno ha invertido en la modernización de las fuerzas policiales y ha lanzado programas sociales destinados a evitar que los jóvenes se unan a las organizaciones criminales.
“Estamos comprometidos con restablecer la paz y la seguridad en Chihuahua”, dijo Campos en una reciente conferencia de prensa. “Esta es una batalla de largo plazo que requiere no solo fuerza, sino también soluciones sociales y económicas”.
Sin embargo, los críticos argumentan que estos esfuerzos han sido insuficientes. “Las estrategias han sido más reactivas que preventivas”, dijo Alejandro Hope, analista de seguridad con sede en la Ciudad de México. “Si bien las operaciones contra los cárteles son necesarias, no son suficientes para abordar las causas profundas de la violencia, como la pobreza, la falta de oportunidades y la corrupción institucional”.
Un estado bajo asedio
Ciudad Juárez, la ciudad más grande de Chihuahua, se ha convertido en un símbolo de los desafíos de seguridad del estado. Alguna vez conocida como la capital mundial del asesinato durante el pico de la guerra contra las drogas a fines de la década de 2000, Juárez ha visto un resurgimiento de la violencia en los últimos años. Solo en 2023, la ciudad registró más de 800 homicidios, muchos de ellos vinculados a enfrentamientos entre cárteles rivales y bandas locales.
Residentes como María González, propietaria de un pequeño negocio en Juárez, dicen que se sienten abandonados. “Escuchamos sobre operativos y arrestos, pero la violencia nunca se detiene”, dijo. “Todos los días, tememos por nuestras vidas y nuestras familias”.
La situación se complica aún más por las acusaciones de corrupción e infiltración dentro de las fuerzas policiales locales. A pesar de los esfuerzos por depurar y profesionalizar a la policía, siguen surgiendo casos de agentes en connivencia con grupos criminales, lo que socava la confianza pública en la aplicación de la ley.
Un contexto más amplio
La violencia en Chihuahua es parte de una crisis más amplia en México, donde la estrategia de “abrazos, no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado críticas por no reducir los homicidios ni desmantelar las redes criminales. La proximidad del estado a la frontera con Estados Unidos lo convierte en un campo de batalla estratégico para los cárteles que luchan por las rutas del narcotráfico, el tráfico de personas y otras actividades ilícitas.
Además, el flujo de armas de fuego desde Estados Unidos hacia México ha exacerbado el problema. Según un informe de 2022 de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos, más del 70% de las armas de fuego incautadas en México y rastreadas tenían su origen en Estados Unidos.
¿Qué sigue para Chihuahua?
Mientras el gobernador Campos enfrenta una creciente presión para entregar resultados, los expertos enfatizan la necesidad de un enfoque más integral. “Las operaciones de seguridad por sí solas no resolverán el problema”, dijo Eduardo Guerrero, consultor de seguridad. “El estado debe invertir en educación, creación de empleo y desarrollo comunitario para romper el ciclo de violencia”.
Por ahora, la gente de Chihuahua sigue atrapada en el fuego cruzado. Mientras los cárteles siguen luchando por el control y el estado lucha por recuperar la estabilidad, la pregunta sigue siendo: ¿puede la administración de Maru Campos cambiar el rumbo, o Chihuahua seguirá siendo un símbolo de la persistente crisis de seguridad de México.
