La capital de la nación norteamericana suma el octavo día consecutivo de manifestaciones.
- Jacqueline Alvarenga |
El Pentágono anunció el martes que unos 1,600 soldados han sido trasladados a Washington con en el marco de las masivas protestas en contra del abuso policial y el racismo en Estados Unidos (EEUU).
El anuncio se da luego que la capital de la nación norteamericana suma el octavo día consecutivo de manifestaciones, desafiando los toques de queda decretados para evitar disturbios.
Además, surge luego que el movimiento que se fortaleció tras la muerte del afroamericano George Floyd obligó el pasado viernes a que el presidente, Donald Trump, se resguardara en el búnker subterráneo de la Casa Presidencial.
Minutos después, el gobernante anunció su intención de enviar al Ejército (los soldados) a las calles para contener las protestas que en algunos estados se han vuelto violentas.
“Por los momentos los soldados se encuentran en estado de alerta mayor, no participan en el apoyo de defensa a las operaciones de la autoridad civil”, indicó el Pentágono.
De acuerdo con el vocero del Departamento de Defensa, Jonathan Rath Hoffman, los soldados no estarán desplegados en “las bases militares en la región de la capital nacional, pero no en Washington D.C”.
Actualmente son más de 40 ciudades en EEUU que mantiene en toque de queda por las manifestaciones, mientras la familia de George Floyd continúa exigiendo justicia.
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La DEA tiene permiso para investigar a manifestantes en EEUU
El movimiento contra el racismo se ha fortalecido hasta el punto que el gobernante Trump declaró al grupo Antifacista como una organización criminal.
Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgó a la Administración de Control de Drogas (DEA) el poder temporal para investigar a los manifestantes que participan en el movimiento contra en racismo.
De acuerdo con lo estipulado, la DEA tiene la potestad de “realizar vigilancia encubierta” y recopilar información sobre las personas que participan en las protestas.
Lo que buscan con la autorización, emitida por el fiscal general, es que se aplique la Ley de Delito Federal.
