Desde la semana pasada aceptó Pensiones Civiles del Estado el equipo y software proporcionado por la Universidad Autónoma de Chihuahua para realizar una auditoría al rubro de diferencial médico que está que echa lumbre.
Ha sido la institución una caja chica para los gobernantes, incluso financiadora para el desarrollo inmobiliario y estacionamientos en la pasada administración, pero además, reducto de abusos en la prestación de servicios médicos.
No solo son medicamentos otorgados con exceso, sino la sospecha de procedimientos innecesarios e incluso en ocasiones escandalosos, como los de carácter estético. Los pasillos están llenos de esos chismes que incluyen la reducción abdominal para el exsecretario de gobierno y exconsejero de la Judicatura Federal, César Jáuregui Robles.
Y es que la especulación es mucha, porque no hay evidencia ni manera de comprobar, hasta el momento, de dónde surgen los 414 millones que por este concepto se le quieren cobrar a la Universidad.
Es una cantidad estratosférica, a 2016 corresponden 100 millones; a 2017, 90 millones; a 2018, 87 millones; a 2019, 93 millones; y a 2020, 41 millones.
La explicación de la institución pensionaria no convence a nadie, cuando prorratea el pago entre todas las dependencias que reciben el servicio médico por partes iguales, sin existir un dato objetivo del cobro para poder justificar ante una eventual auditoría federal o estatal.
Lo mínimo cuando se hace un cobro es justificarlo, pero en el caso, no había existido la más mínima voluntad de hacerlo, empecinado en no dar su brazo a torcer Alberto “Tito” Herrera, terminó por aceptar lo lógico, que se hiciera una compulsa.
Por supuesto no quería aceptar el riesgo que existe de que supure la intervención contable olores insoportables y pestilentes por el desaseado manejo que ha tenido, no de ahorita, sino desde siempre.
Una constante en la administración estatal, ya implantada mucho antes pero continuada y reforzada en el corralismo, ha sido la de regatear la entrega del impuesto universitario que se cobra junto con varios trámites locales.
Las oficinas de Recaudación de Rentas lo aplican sin miramientos, igual que la contribución para la Cruz Roja Mexicana. Y los contribuyentes lo pagan sin chistar, gran parte de acuerdo por el buen destino que se supone debe tener ese cobro extra.
El problema que es desde años el impuesto universitario no termina, al menos no completo, en las dos universidades a las que se destina, las autónomas de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Las recurrentes crisis de liquidez de las finanzas estatales son el pretexto de siempre.
Se les ha llegado a retener hasta el 80 por ciento por parte de la Secretaría de Hacienda, donde su titular, Arturo Fuentes Vélez, se hace de la vista gorda con esos auténticos y graves desvíos de recursos autorizados al más alto nivel.
Si Hacienda entregara completo el impuesto universitario, en el caso de la UACh, por ejemplo, no enfrentaría ese problema que tiene actualmente por diferencias de pagos y cobros con Pensiones Civiles del Estado.
Ese impuesto hasta cubriría el confuso concepto de “diferencial médico” que alega PCE. Eso sin contar las aportaciones patronales y de los empleados, que evidentemente están más claras que las cuentas de Pensiones, según lo demostró el rector Luis Fierro la semana pasada.
Aunque finalmente el problema radica en la Secretaría de Hacienda. Es el mayor deudor del fondo de Pensiones, así como es el mayor deudor de universidades, asociaciones, fideicomisos sociales y dependencias públicas centralizadas.
Visto así, la solución al problema de Pensiones y la UACh en realidad no está en esas instituciones. Está en Hacienda, responsable de la quiebra del Estado.
