HABLANDO Y ESCRIBIENDO
PACIFICACION Y RECONCILIACION NACIONAL EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
La pasada visita del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, para tener el encuentro con las víctimas de la violencia en estos foros por la pacificación y la reconciliación nacional, fue también el primer encuentro público con el gobernador Javier Corral Jurado.
El sentido del evento siempre fue muy claro, que fueran las victimas quienes tomaran la palabra y el acto protocolario, marcara la ruta por parte de quienes encabezaran el nuevo gobierno…
Momentos después de llegar el presidente electo, se subió una de las víctimas, el papá de la niña desaparecida Esmeralda Castillo Rincón a solicitarle al Gobernador Javier Corral, le diera una fecha para una audiencia solicitada desde el día en que tomó posesión, teniendo a López Obrador como testigo, incluso lo hizo firmar que se comprometía a recibirlo….
Esto fue advertido por el senador electo, compadre del gobernador Corral y ex compañero de partido Cruz Pérez Cuellar, quien personalmente le dio seguimiento al asunto acercándose con las personas solicitantes de la audiencia, quienes afirmaron que al término del evento, Corral se había comprometido mediante su firma, a recibirlo y al día siguiente redactara un Twitter donde se refería a Javier Corral como el frívolo Gobernador, a quien le explota la realidad, al no haber tenido contacto con las víctimas de la violencia durante los dos años que lleva al frente del gobierno de Chihuahua.
Sin embargo, a pesar de haberse quedado hasta que la totalidad de las personas dejaron solo el lugar del evento, los familiares de la niña desaparecida Esmeralda Castillo Rincón, no pudieron reunirse con Javier Corral, porque simplemente, nunca se presentó ante ellos, como se había comprometido.
Apenas el jueves, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien es un político de la vieja guardia y representante de MORENA, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México, criticaba a Javier Corral por la persecución que ha hecho del ex gobernador Cesar Duarte, afirmando que le quita recursos y energías que deberían estar destinadas para su gobierno, agregando que López Obrador pretende un borrón y cuenta nueva, al caso de corrupción de este y otros actores políticos que han sido acusados de corrupción.
Aunque después, el mismo José Agustín Ortiz Pinchetti, pretendiera acomodar lo que dijo, haciendo la aclaración que “Mi intervención en el programa de @AristeguiOnline suscitó una respuesta furiosa por parte de mi amigo @Javier_Corral Aclaro: de ninguna manera estoy a favor de la impunidad a los corruptos. Creo en el Estado de Derecho y en la Democracia”; sin embargo, el mal ya estaba hecho.
El perdón y olvido, no caben en los casos de las víctimas de la violencia, como tampoco en los casos de corrupción, porque las dos conductas además de ilícitas, ofenden airadamente a la sociedad y a las instituciones; como gobernador del Estado, Javier Corral debe actuar no solo contra Cesar Duarte y los demás, sino también en contra de quienes asesinaron o fueron responsables de la desaparición de cientos de personas, que hasta el día de hoy, no se saben dónde están o donde se encuentra sus restos.
La estrategia de Corral, de sacar las denuncias a cuenta gotas, para detener a quien proceda, según el momento político, ahora se han modificado, al meter toda la carne al asador y hacer la denuncia por los 6 mil MDP, que asegura fueron desviados durante el gobierno de su antecesor; donde quiera que se presione, seguramente saltará la pus, por lo que se espera que ahora sí, la lista será larga y el trabajo jurídico enorme.
JULIO CESAR ULISES CHAVEZ RAMOS
DELEGADO DE LA PGR EN CHIHUAHUA
Cuando se habla del buen o mal desempeño que puedan tener los delegados de las instituciones nacionales en los Estados, para muchas personas, las delegaciones de la SARH, CONAGUA, IMSS entre otras, pueden analizarse a partir del número de personas que atendieron y de los resultados que presentaron a partir de la satisfacción que recibieron quienes solicitaron su apoyo.
La procuración de justicia Federal, necesariamente tiene que analizarse de manera especial, partiendo de las políticas públicas implementadas en materia de criminalidad y políticas púiblicas, pero además, tomando en cuenta la situación social en que se encuentra la entidad.
Designado en Febrero de este año como delegado, por parte del encargado del despacho de la PGR Alberto Elías Beltrán, el licenciado Julio Cesar Ulises Chávez Ramos, estaba encargado de los asuntos internacionales de la dependencia, precisamente la que se encarga de las extradiciones, por lo que se pensaba que vendría a darle celeridad a lo tantas veces planteado por el Gobernador Corral Jurado, respecto de Cesar Duarte.
Hombre de confianza del jefe del ministerio público federal, entiende que su labor no se limita única y exclusivamente a ser una figura decorativa; está al pendiente de lo que sucede en todo el estado a través de las subdelegaciones.
Sobre el tema recurrente de los procedimientos abreviados, a pesar de que se menciona que existe una larga lista de solicitudes, superior a los 2 mil, y que comparativamente con Nuevo León por ejemplo, que cuenta con menos de 60 pendientes, las medidas cautelares en Chihuahua, en el caso de armas de grueso calibre, siempre son de prisión preventiva, como una forma de abatir los índices de criminalidad, cuando el derecho penal es la última ratio para hacerlo.
Sin embargo, la presión social que sienten tanto el ministerio público federal como los jueces penales federales, está generando un grave problema de sobrepoblación y hacinamiento en el CERESO 01 de Aquiles Serdán, además de que se va en contra del espíritu del Sistema Penal Acusatorio, que privilegia las salidas alternas, olvidando también que si se obtiene algún beneficio, en caso de reincidencia, ya no es viable el otorgamiento de uno más.
El número de quejas en Derechos Humanos contra la policía y la fiscalía, son cada vez mayores; en la escenografía violenta del Estado, la violación a los derechos humanos es una acción irresistible para los encargados del orden y la seguridad, y en esta vorágine de acción y detenciones ilegales, es también caldo de cultivo para quienes entienden la función policiaca como forma de allegarse recursos económicos a costa de la libertad de personas que eventualmente estaban en el lugar y en el momento menos adecuado…(netoaviles@gmail.com