EDUARDO ARREDONDO Suspensión en pausa, justicia en suspenso
La justicia mexicana vuelve a hablar en voz baja cuando se trata de nombres grandes. La suspensión provisional otorgada a César Duarte no lo absuelve ni lo libera, pero sí coloca el proceso en una zona cómoda: la pausa. El juez Daniel Marcelino Niño Jiménez fue claro al explicar que el procedimiento se detiene temporalmente una vez concluida la etapa intermedia, a la espera de decidir si se concede o no la suspensión definitiva. En los hechos, el mensaje es otro: el caso se congela, mientras el tiempo —ese viejo aliado de los poderosos— hace su trabajo.
El Poder Judicial dirá —con razón técnica— que la suspensión no significa impunidad. Pero la política no se mide en tecnicismos, se mide en percepciones. Y la percepción es devastadora: cuando el acusado es un exgobernador, la justicia siempre pisa el freno antes de llegar a la meta.
Aquí el problema no es solo Duarte. El problema es el sistema que permite que los casos emblemáticos se conviertan en maratones procesales, donde gana no quien demuestra la verdad, sino quien resiste más tiempo en los tribunales.
La Fiscalía General de la República queda ahora bajo la lupa. Si el expediente es sólido, esta suspensión será apenas un tropiezo. Pero si el caso depende más del discurso que de pruebas bien amarradas, la pausa judicial puede convertirse en la antesala del olvido.
Y ese es el verdadero riesgo político: no que Duarte salga libre mañana, sino que dentro de unos años el país recuerde su nombre solo como otro expediente que se empolvó entre amparos, suspensiones y silencios oficiales.
Porque en México, la corrupción rara vez se derrota con sentencias ejemplares. Se desgasta con el tiempo. Y el tiempo, casi siempre, juega del lado de los mismos.
