El fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno, puntualizó que a la semana siguiente de que se iniciara el proceso penal por el cual se extraditó al exgobernador César D. J., la Fiscalía presentó la solicitud al gobierno de Estados Unidos para hacer valer el Principio de Excepción relacionado con otras causas penales de 17 carpetas de investigación que habían sido integradas.
Al dar a conocer el estado que guarda la situación jurídica del procesado, el fiscal enfatizó que todos los procedimientos que se han desarrollado, se hacen garantizando la aplicación estricta de la ley, respetando garantías individuales, Derechos Humanos y estableciendo con toda claridad, la oportunidad procesal suficiente para que la defensa alegue lo que tenga que alegar.
En conferencia de prensa ofrecida esta mañana, indicó que serán los jueces quienes determinen si queda o no vinculado a proceso por este otro asunto, en cuyo caso, este mismo día concluye la formulación de imputación.
Detalló que el pasado martes se le cumplimentó la orden de aprehensión por el delito de peculado relacionado con la empresa Kepler, que extendió facturas por 120 millones de pesos por prestación de servicios al Gobierno del Estado que no se realizaron, a través de cuatro transferencias bancarias.
Precisó que el Principio de Excepción contemplado en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos, establece con toda claridad que cuando alguien es extraditado, solo puede ser juzgado en el país de origen por el delito que generó la extradición, salvo que el propio gobierno de los Estados Unidos, mediante solicitud fundada del Gobierno de que se trate, le pida aplicar dicho principio en relación con otros procesos penales.
Una vez que el Gobierno estadounidense comunicó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y esta a su vez, a la Fiscalía General de la República, que en relación a la carpeta del caso Kepler, daba su consentimiento para que se iniciase proceso, se procedió a notificar la orden de aprehensión que había sido concedida por un juez desde 2018.
Indicó además que dicha orden, fue acatada a través de los procedimientos legales por parte de la defensa del exgobernador, sosteniéndose la legalidad de la misma, tanto en el ámbito local judicial como el ámbito federal judicial.
En estos momentos, en respeto al término Constitucional que se tiene, se lleva a cabo el procedimiento de formulación de imputación, que permita determinar el estado jurídico del imputado, así como el establecimiento de las medidas cautelares correspondientes.
