HABLANDO Y ESCRIBIENDO
NUEVO ORDEN EN EL PODER JUDICIAL
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
En la primera semana del próximo mes de octubre, finalizaran los tres años estatutarios por los que fue electo por unanimidad el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, como presidente del Consejo de la Judicatura, así como del Pleno de Magistrados del Poder Judicial del Estado.
Como es del conocimiento, ante la renuncia del Magistrado de la Séptima Sala penal, el pleno decidió igualmente por unanimidad, apoyar a la actual magistrada Myriam Victoria Hernández Acosta, para que terminara su periodo.
Después de haber sufrido los embates del entonces Gobernador Javier Corral, quien, mediante una reforma a la Ley Orgánica, establecía en su artículo 5 transitorio, que Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes debía de renunciar al cargo de titular del Poder judicial, nombrando a Julio Cesar Jiménez Castro, como titular en su carácter de decano, además de haber detenido mediante una orden de aprehensión al también magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, acusado de enriquecimiento ilícito por 10 MDP, culminando con la orden de la SCJN de destituir a Jiménez Castro, por considerar inconstitucional la reforma, además de proponer a Lucha Castro como responsable de la elección de más de 50 jueces y nuevos magistrados, mediante un proceso de elección que fue conocido como el gran cochinero judicial, las cosas se han mejorado notablemente y hoy el Poder Judicial navega por aguas más tranquilas.
La presidencia de Myriam Hernández Acosta, se ha distinguido por hacer valer la autonomía del Poder judicial, de mantener un total respeto a la división de poderes, pero sobre todo por buscar por medio del dialogo y la cercanía, solucionar los problemas que se han presentado, sin embargo no ha sido suficiente y con más de un millar de funcionarios judiciales, los problemas se presentan de manera cotidiana, sin embargo, la forma en la que se busca su solución, con respeto a los derechos laborales, ha sido también una constante.
Existe una reforma pendiente de la Ley orgánica del Poder Judicial, con la cual se evitaría que fuera declarada inconstitucional nuevamente por la SCJN y es la relacionada con la desaparición del examen de conocimientos para quienes aspiren a las 6 magistraturas pendientes por nombrar.
El hecho de que sea un representante de cada uno de los poderes quienes propongan y elijan a quien ocupara las magistraturas, sin más requisito que ser abogado, ya sea litigante o funcionario judicial, se podría considerar como una violación a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial, sin embargo, la propuesta presentada por el Tribunal al Legislativo, subsana esta irregularidad y establece nuevamente como requisito el examen de conocimiento para quien aspire a tan honroso cargo.
Sin embargo, la situación política no esta del todo definida, se afirma que el fiscal Cesar Jauregui alcanza con sus tentáculos a operar parte de la política interna del TSJ, tanto por la cercanía con la Gobernadora al ser el único con derecho a picaporte, como por tener a su mando el ius puniendi.
El tribunal también es conocido como la sucursal del PRI, porque el doctor en Derecho Fernando Mendoza, también acuerda directamente con la mandataria estatal y si alguna de las magistraturas pendientes por ocupar esta definida, desde el apoyo de los priistas a la candidatura de Maru Campos, esa magistratura esta escriturada a favor del propio Fernando.
Luis Villegas Montes, el también magistrado, responsable de la reforma Laboral, de quien se aseguraba solicitaría permiso para ausentarse de su responsabilidad para apoyar las aspiraciones de Xóchitl Gálvez, continúa siendo el funcionario judicial con mayor cercanía con la gobernadora, incluso más que el propio Fiscal Jauregui, porque a pesar de su investidura como magistrado, abiertamente operaba a favor de la Gobernadora, durante el tiempo en la que estuvo sujeta a proceso y eso, en política se llama Lealtad.
El inconveniente del magistrado Villegas para alcanzar la presidencia del TSJ, se llama Sabela Asiain, quien a base de amparos mantiene a raya las pretensiones de Luis, por sacarla de su juzgado.
Sin duda, lo mejor que le podría pasar al Tribunal, sería que Myriam Hernández fuera propuesta por alguno de sus pares y electa de manera unánime por el pleno, con lo cual se aseguraría no solo tres años más en el tribunal, sino la reelección a que tiene derecho, de tal forma que permanece en el cargo, aún después de que Maru Campos termine su período gubernamental.
*ABOGADO LITIGANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y DE LA AECHIH
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