Acusan a la FGR de intentar juzgar dos veces a César Duarte por los mismos hechos –Eduardo arredondo—-
La reanudación de la audiencia de imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por el presunto delito de lavado de dinero, ha encendido nuevamente el debate sobre el uso excesivo del aparato penal del Estado y la posible violación a principios constitucionales básicos, como el Non Bis in Ídem, que prohíbe juzgar a una persona dos veces por los mismos hechos.
La nueva imputación contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por presunto lavado de dinero no solo revive un caso largamente conocido, sino que exhibe una práctica preocupante del sistema de justicia federal: perseguir una condena a cualquier costo, incluso a expensas de principios constitucionales elementales.
La Fiscalía General de la República (FGR) pretende presentar como un “nuevo delito” lo que, en esencia, son los mismos hechos, los mismos recursos y el mismo origen del dinero que ya fueron investigados, judicializados y sometidos al escrutinio de otras autoridades. El simple cambio de etiqueta —de peculado a lavado de dinero— no convierte una causa agotada en una causa inédita.
El principio de Non Bis in Ídem, pilar del Estado de derecho, es claro: nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, aunque el Ministerio Público intente disfrazarlos bajo una narrativa distinta. Ignorar este principio no es un error técnico; es una decisión consciente que erosiona la seguridad jurídica y convierte al proceso penal en un instrumento de desgaste y castigo anticipado.
Más grave aún es que esta imputación se construya sin hechos nuevos, sin operaciones financieras distintas y sin una sentencia firme que acredite el delito fuente. El mensaje es inquietante: si el Estado no logra una condena a la primera, simplemente vuelve a intentarlo, hasta que el acusado se quiebre o la opinión pública se canse.
La prisión preventiva, dictada bajo el argumento genérico de una supuesta “red de corrupción”, refuerza la percepción de que el proceso se ha transformado en una pena adelantada, aplicada antes de que exista una resolución judicial definitiva. El encierro se usa como sustituto de la prueba.
Este caso trasciende la figura de César Duarte. Lo que está en juego es el límite del poder punitivo del Estado. Si hoy se normaliza el doble juzgamiento contra un exgobernador, mañana cualquier ciudadano podrá ser perseguido indefinidamente por los mismos hechos, hasta que el aparato judicial decida que ya fue suficiente.
La jueza federal María Jazmín Ambriz López enfrenta ahora una decisión que va más allá de una vinculación a proceso: defender la Constitución o permitir que el derecho penal se convierta en una herramienta de revancha política.
