En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, los integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, mediante votación por cédula, eligieron a Edilberto Royval Sosa y a Adriana Patricia Beltrán García, para dirigir los trabajos de la Dirección de Archivos y de la Unidad de Igualdad, respectivamente.
Lo anterior, luego de que el pasado 26 de febrero del año en curso, integrantes de la Junta de Coordinación Política de acuerdo a las facultades conferidas en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, llevaran a cabo la designación para proponerla al Pleno del Congreso.
Posterior al proceso de votación y una vez electos, fue tomada la protesta de Ley a ambos titulares, que habrán de encabezar la labor que por estatuto les fue conferida, y siempre en cumplimiento de las atribuciones legales y constitucionales.
Cabe señalar que la Unidad de Igualdad, es el área encargada de velar por los asuntos que tienen que ver con la igualdad de género, entre ellos, el promover el desarrollo de procesos de capacitación y formación profesional referentes a la igualdad de género y derechos humanos de las mujeres; y proponer los ajustes normativos y procedimentales necesarios para eliminar la desigualdad.
Por otra parte, la Dirección de Archivos, es el área encargada de vigilar la custodia y seguridad jurídica y material de los acervos que conforman la memoria documental del Poder Legislativo.
Es importante señalar, que la diputada Rocio Sarmiento, fue la encargada de presentar al Pleno Legislativo, los dictámenes emanados de la Junta de Coordinación Política, para el debido proceso de acuerdo a lo establecido en la Ley.
El Poder Legislativo de Chihuahua reunido en Sesión Ordinaria, dentro de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional, designó a las y los diputados que habrán de fungir como integrantes de la Comisión Jurisdiccional.
Dicha Comisión será presidida por la diputada Georgina Alejandra Bujanda Ríos, a quien le acompañará en la Secretaría, el legislador René Frías Bencomo, y como vocales las diputadas Rosa Isela Gaytán Díaz y Rocio Guadalupe Sarmiento Rufino, y el diputado Misael Máynez Cano.
Asimismo, fueron elegidos en carácter de suplentes, los diputados: Fernando Álvarez, Monje, Alejandro Gloria González y Obed Lara Chávez, quienes, en su caso, entrarán en funciones en el orden de prelación citado.
El Decreto por medio del cual fueron designados las y los integrantes de la Comisión en mención, fue presentado al Pleno Legislativo por la diputaada Rocio Sarmiento, en voz de la Junta de Coordinación Política, dado a las atribuciones otorgadas tanto en la Ley Orgánica, así como por la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua.
Cabe destacar que la Comisión, será la encargada de analizar la admisión de la solicitud de juicio político, la cual únicamente podrá ser rechazada si fuere improcedente o porque no hubiera prueba alguna de lo denunciado.
El Poder Legislativo de Chihuahua, reunido en su Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, exhortó al Gobierno del Estado, para que dentro de sus atribuciones, dé continuidad a los programas que tengan por objeto la protección y atención adecuada a niñas, niños y adolescentes.
La diputada Lourdes Valle Armendáriz, en su calidad de vocal de la Comisión de Juventud y Niñez, presentó el exhorto aprobado de manera unánime por integrantes de la Sexagésima Sexta Legislatura, en el cual también se insta a ampliar las políticas públicas en los rubros que actualmente se encuentran disponibles, en aras de buscar la debida protección y reconocimiento a los derechos humanos de dicho sector poblacional, en la Entidad.
Tratados internacionales signados por México, han reforzado el reconocimiento de los derechos de la niñez, así como la necesidad de garantizar su protección y pleno desarrollo, expuso la Legisladora.
“El Estado Mexicano ha demostrado su compromiso para proteger los intereses de las niñas y niños, y tal obligación la ha plasmado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4, que señala: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”, continuó Valle Armendáriz.
Aunado a lo anterior, el Congreso de Chihuahua, se sumó al reconocimiento de derechos de este grupo vulnerable y expidió la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Chihuahua en el año 2015, mediante la cual señala que el Estado y los municipios, concurrirán para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas en materia de respeto, protección y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que se hizo el atento llamado al Ejecutivo Estatal.
Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado de Chihuahua, derogó de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua y de la Ley de Ingresos, lo referente al Impuesto Sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos.
Lo anterior, luego de las manifestaciones en contra del cobro de dicho impuesto, argumentando que se trataba de una nueva contibución, lo cual no era así, señaló en la lectura del Dictamen, el diputado Misael Máynez Cano, secretario de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública.
El Impuesto Sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos es una contribución que data de varios años atrás, y lo que se habia hecho para el Ejercicio Fiscal 2019, era únicamente renovar el marco hacendario del Estado, al retomar un impuesto que ya estaba previsto, “es por ello que no se trataba del establecimiento de una nueva contribución”, afirmó el Legislador.
El primero de enero del año 2019 entró en vigor la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, con la modernización del marco hacendario que contiene, los impuestos y facultades necesarias a las autoridades locales, para cumplir con su encomienda de recaudar los impuestos con los cuales contribuyen los Chihuahuenses.
Para finalizar, el Legislador señaló que la derogación se realiza toda vez que el texto dispositivo es confuso en su interpretación y aplicación, en relación a los posibles beneficios fiscales que pudiesen obtener los contribuyentes sujetos, al enterar tanto el Impuesto al Valor Agregado, como el Impuesto Sobre la Renta; y además, el importe anual estimado de 250 mil pesos, no representa una grave afectación a las proyecciones que en ingresos, pretende percibir la Hacienda Pública del Estado.
Por todo lo antes expuesto, el Poder Legislativo derogó la Sección I, del Capítulo I, del Título Segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como lo relativo al numeral 1.1.2 “Impuesto Sobre Ejercicios Lucrativos” del apartado 1. IMPUESTOS, correspondientes al Artículo Primero de Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2019, para así eliminar el Impuesto sobre Profesiones y Ejercicios Lucrativos.
El Poder Legislativo de Chihuahua, exhortó al Ejecutivo Estatal, para que a través de las secretarías de Hacienda, de Comunicaciones y Obras Públicas y de Desarrollo Municipal, se lleve a cabo un consenso de la inversión en programas y/o proyectos de obra, entre el Estado y sus municipios, a efecto de se realicen las obras previstas, de acuerdo a la medida presupuestal.
Lo anterior, con la finalidad de que conforme a los trámites y procedimientos respectivos y de acuerdo a la presupuestación, se realicen varias obras de infraestructura, carpeta asfáltica, pavimentación, entre otras, en los siguientes municipios:
Guadalupe
Dr. Belisario Domínguez.
Guachochi
Santa Bárbara
Manuel Benavides
Maguarichi
Namiquipa
San Francisco de Conchos
Balleza
Coronado
Matachí
Buenaventura
Aquiles Serdán
Ocampo
Riva Palacio
Cusihuiriachi
Guadalupe y Calvo
Nuevo Casas Grandes
Huejotitán
Allende
El legislador Jesús Valenciano, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, señaló que con este exhorto lo que se busca es que municipios y el Estado hagan un esfuerzo para impulsar el desarrollo de infraestructura en beneficio de la población, principalmente en materia de inversión pública productiva.
Integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, aprobaron la iniciativa presentada por la diputada Marisela Sáenz Moriel del Partido Encuentro Social, con la cual se exhortó a la Secretaría de Salud Estatal, para que se implemente una campaña de información y capacitación en el sector, sobre la objeción de conciencia.
En este sentido, determinó que este concepto se contempla dentro del Artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, y tiene el objetivo de clarificar las garantías y derechos otorgados al personal médico, así como las disposiciones y lineamientos emitidos por la ley.
“Sin lugar a duda el tema de objeción de conciencia ha sido durante décadas en nuestro país un asunto escabroso pues al entrar en su estudio, análisis y discusión encontramos que se abordan innumerables factores de tipo ético, moral e ideológico pues este derecho está vinculado de manera directa con el pensamiento, conciencia incluso credo”, mencionó la legisladora.
Expuso ante el pleno, que cualquier profesionista, incluso los del sector salud, se les debe de garantizar la seguridad legal y de sus derechos laborales y reiteró que, en estos trabajos, se enfrentan situaciones que ponen en riesgo sus valores éticos, morales e incluso de credo.
“Y aunque la libertad de pensamiento y de conciencia está protegida por los principales convenios o pactos internacionales de derechos humanos, tanto en el ámbito global como en el ámbito regional y local, desafortunadamente pocos conocen su derecho a disentir de las corrientes ideológicas e incluso modas en la aplicación o desarrollo de sus profesiones”, continuó Sáenz Moriel.
Por último, esclareció que esta campaña informativa y de capacitación al sector médico, no trata de excluir o negar el derecho de la salud a los enfermos, en caso de que trate de una urgencia médica, dado a que se establece en la Ley, que no se podrá invocar.
Los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobaron por mayoría de votos, el exhorto dirigido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para que se dictaminen negativamente las iniciativas que pretenden legalizar la autonomía reproductiva e interrupción del embarazo en el país.
Lo anterior, fue presentado en voz de la Diputada Marisela Terrazas Muñoz, quien representó a las diversas fuerzas políticas conformadas por los Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, las representaciones políticas de Nueva Alianza y Verde Ecologista, así como la Diputada Anna Elizabeth Chávez Mata del Revolucionario Institucional.
“Actualmente, fueron presentadas diversas iniciativas para reformar la constitución de nuestro país en las que se promueve la autonomía reproductiva, así como la interrupción al embarazo. Esto presenta un grave problema pues en base a éstas, se da total legalización al aborto, lo que violenta el principal derecho humano: la vida”, expuso ante el pleno.
Dijo que la vida, es un derecho irrevocable y que debe de ser protegido por el Estado, el que se reconoce no solamente en el nacimiento de un ser humano, sino desde el momento de la concepción, lo que recalcó que vulnera las percepciones que se tienen de las leyes en México.
“México ha suscrito diversos Tratados Internacionales, mismos que protegen y garantizan la vida de los niños, tales como son: la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo que debemos de seguir en este tenor”, concretó.
Por otro lado, añadió que la Constitución Federal en su Artículo 1ero, dispone que todas las personas deben de gozar de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
“Como podemos ver en los instrumentos internacionales ya señalados, México nunca acordó establecer un régimen de excepción referente al aborto discrecional y sin justificación de parte de las mujeres embarazadas; el derecho a la vida es el derecho más esencial, primordial y básico de todo ser humano”, concluyó.
Cabe mencionar que, dentro de los acuerdos de este exhorto, se anexó la solicitud correspondiente para que se apliquen las iniciativas bajo el estudio del parlamento abierto, con la finalidad de que se pueda discutir sobre el tema a fondo.
La Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso de Chihuahua, aprobó una serie de pensiones a favor de familiares de diversos agentes de la Fiscalía General del Estado.
A los familiares de Sergio Emilio González Vidal, quien fuera Oficial de Tránsito de la División Preventiva de la Policía Estatal Única, hoy Oficial de la División de la Policía Vial de la Comisión Estatal de Seguridad, dependiente de la Fiscalía General del Estado.
A la familia de Juan Humberto Olivas Lozoya, les fue autorizada una pension respecto del sobresueldo, denominado compensación de quien fuera “agente” de la Fiscalía General del Estado.
Fue aprobada la pensión a la familia de quien fuera agente de la Fiscalía General del Estado Alejandro Reséndiz Valencia, correspondiente al sobresueldo, otorgado, en la inteligencia de que actualmente sus familiares perciben el monto correspondiente únicamente al sueldo base por parte de Pensiones Civiles del Estado.
De la misma manera, fue beneficiada la familia de Fidencio Holguín Loya, quien fuera “agente A” de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado, con la pensión correspondiente a la compensación que recibía, en el entendido que actualmente perciben el monto correspondiente al sueldo base por parte de Pensiones Civiles del Estado.
La familia de Edgar Mariano Rojas Duarte, quien fuera “agente A” de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado, le fue otorgada la pensión equivalente al 100% de las percepciones que recibiera por concepto de sobresueldo denominado compensación.
Asimismo, los familiares de quien fuera “agente A” de la Policía Ministerial Investigadora de la Fiscalía General del Estado, Omar Alejandro Sotelo Álvarez, recibirán pensión respecto del 100 por ciento de la percepción por sobresueldo o compensación, otorgada al agente antes mencionado; de igual forma, la familia de quien fuera agente de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Ibarra Hernández.
Cabe mencionar que el dictamen fue presentado al Pleno Legislativo para su votación, por parte del diputado Luis Aguilar, Secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
