Ap y AfpWashington. Millones de familias estadunidenses, que llevan meses sin poder pagar la renta de sus viviendas a causa de la crisis provocada por la pandemia, corren el peligro de ser desalojadas de sus hogares, pues la moratoria que las protegía expiró ayer. El presidente Joe Biden y los congresistas demócratas no consiguieron aplicar una estrategia a corto plazo para prevenir este riesgo.
Un comité parlamentario había propuesto extender la moratoria hasta el 31 de diciembre, pero no consiguió el apoyo suficiente, ni siquiera en las filas demócratas.
Más de 3.6 millones de personas están en riesgo de desalojo, algunas en cuestión de días, luego de que casi 47 mil millones de dólares en ayuda federal a los estados para vivienda durante la pandemia ha tardado en llegar a las manos de los inquilinos y los propietarios a quienes se les adeudan los pagos de renta.
Las tensiones aumentaron el viernes al volverse claro que no hay una solución a la vista. Horas antes de que expirara la prohibición, Biden llamó a los gobiernos locales a dar todos los pasos posibles para entregar inmediatamente los fondos. Los desalojos pueden entrar en efecto a partir del lunes.
No puede haber excusa para que un estado o localidad no acelere la entrega de fondos a los caseros e inquilinos que han sido afectados por la pandemia, dijo Biden en una declaración.
Cada gobierno estatal y local debe entregar esos fondos para asegurarse de que prevenimos cada desalojo que se pueda, dijo.
El resultado sorpresivo –con la Casa Blanca y el Congreso esperando que el otro actuara–, expuso una rara brecha entre el presidente y sus aliados en el Congreso.
Biden desató la premura al anunciar que permitiría que expirara la moratoria en lugar de impugnar un fallo reciente de la Corte Suprema, que indicó que éste sería el último plazo. Llamó al Congreso el jueves a aprobar rápidamente una ley que extendiera la fecha.
Tratando de responder el viernes, los congresistas demócratas no consiguieron los votos suficientes. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, imploró a sus colegas que aprobaran una medida para extender el plazo, diciendo que era un imperativo moral para proteger a los inquilinos y también a los caseros, a quienes se les debe pago.
El Congreso debe satisfacer las necesidades del pueblo estadunidense: tanto de las familias incapaces de pagar alquiler como de aquellas a quienes se debe pagar, señaló en una carta el jueves por la noche. Pero luego de horas de negociaciones el viernes, los legisladores demócratas no pudieron conseguir el apoyo suficiente para extender la moratoria siquiera unos pocos meses.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) ordenaron la suspensión de desalojos en septiembre de 2020, pues la economía más grande del mundo había perdido más de 20 millones de empleos a causa de los cierres por la pandemia. Los CDC sostenían que el aumento de las personas sin hogar incrementaría los contagios de Covid-19.
Ahora, más de 10 millones de personas están atrasadas en el pago de su alquiler, estima el CBPP, un instituto de investigación independiente.
Entre las filas republicanas algunos culpan a Biden de los posibles desalojos por haber esperado hasta el último momento para aprobar la prórroga ante el Congreso.
Estamos a tres días del final de la moratoria inconstitucional a los desalojos de los CDC, y ¿cuál es la solución del presidente Biden? Arremeter contra la Corte y pedir al Congreso que lo remedie, dijo días atrás el vicepresidente republicano del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Patrick McHenry.
El congresista destacó que los republicanos de esta comisión habían propuesto un texto para poder prorrogar la moratoria, pero no recibieron respuesta.
A esta situación se suma que el dinero destinado por el gobierno federal para ayudar a las personas y familias en dificultades para pagar el alquiler llega a cuentagotas a sus cuentas bancarias.
Ese dinero se entrega a los estados y las comunidades locales, que luego son responsables de distribuir la ayuda a los hogares. Sin embargo, esto requiere el establecimiento de sistemas complejos para recibir solicitudes, verificar situaciones y, sólo entonces, entregar la ayuda. El resultado: de los más de 46 mil millones de dólares previstos por el gobierno para este fin, incluidos los 25 mil millones desembolsados a principios de febrero, sólo 3 mil millones han llegado a su destino.
