Associated Press –
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El gobierno mexicano ofreció el miércoles disculpas públicas por los errores y omisiones en uno de los más graves ataques contra la población civil cometido por el crimen organizado: El incendio de un casino en el norte de México en el que murieron 52 personas hace once años.
El acto es uno más de los muchos que ha realizado la actual administración y que según las víctimas se trata de gestos importantes, pero que según ellos sólo serán útiles si conllevan medidas que garanticen la no repetición de los crímenes.
«Que este acto tan lamentable modifique la forma de gobernar para que esto no vuelva a suceder”, dijo Samara Pérez, madre de uno de los fallecidos en el casino de la norteña ciudad de Monterrey y quien habló en representación de las víctimas.
El 25 de agosto de 2010, miembros del cártel de los Zetas rociaron con combustible el Casino Royale y le prendió fuego con decenas de clientes y empleados en su interior. El ataque fue cometido por miembros del crimen organizado en represalia por no pagar extorsiones, según explicaron en su momento las autoridades.
Alejandro Encinas, uno de los subsecretarios de la Secretaría de Gobernación, reconoció que hubo violaciones a las leyes vigentes y omisiones en la inspección de las medidas de seguridad del casino y por eso pidió una disculpa “honesta y sincera, sin dobleces y sin ambigüedades”.
Recordó, además, que el gobierno se ha comprometido a no otorgar ningún permiso más a casinos hasta que no sea haga la revisión de los actuales —muchos otorgados indebidamente, según apuntó— y hasta que no se garantice su funcionamiento «transparente, legal y seguro”.
Las familias de los fallecidos lamentaron que no se haya sentenciado a la totalidad de implicados, que ningún funcionario fuera sancionado y que sigan sin cumplirse los reglamentos vigentes tanto en medidas de seguridad de los casinos como en la necesidad de que haya un padrón con el que se pueda llegar a los responsables de los mismos, indicó Samara Pérez.
Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el gobierno pidió disculpas en cumplimiento a sentencias internacionales por ejemplo en el caso de tres mujeres indígenas encarceladas injustamente durante una década.
En el caso de mujeres torturadas sexualmente por policías en el centro del país, ocurrido en la localidad de Atenco, al este de la capital, pese a las disculpas que ofreció el gobierno las víctimas siguen denunciando que, 16 años después, no se ha investigado a todos los policías que participaron, ni a sus mando ni se han puesto en marcha medidas para que esos abusos no vuelvan a ocurrir.
En la actual presidencia, estas peticiones públicas de perdón aumentaron ya que Andrés Manuel López Obrador las convirtió en una de las pieza clave en su política por pacificar y reconciliar al país.
En los primeros meses de gobierno, hubo disculpas por casos de gran repercusión, como la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho hace 17 años por su reportaje sobre el escándalo de una red de pederastia o los asesinatos de dos estudiantes en el campus del Tecnológico de Monterrey en 2010 a manos de soldados.
Pero las víctimas, aunque siempre agradecieron los gestos, también exigieron que se sancione a todos los responsables, algo que todavía está pendiente.
Este artículo fue publicado por primera vez en Los Angeles Times en Español.
