Nurit Martínez | El Sol de México El expediente de EU sobre el accidente radiactivo de 1984 en Cd. Juárez revela una actitud despreocupada de las autoridades mexicanas, que rechazaron la insistente ayuda americana y minimizaron las consecuencias sobre las víctimas Un error en la ruta del camión que transportaba dos paquetes de varillas hacia Nuevo México hizo que el conductor manejara a baja velocidad el vehículo por la zanja perimetral del Laboratorio Nacional (LANL) del Departamento de Energía de los Estados Unidos en El Álamo. Ello activó una alerta internacional que destapó un accidente radiactivo con origen en Ciudad Juárez, Chihuahua, del que aún se desconoce a cuántas personas afectó: el llamado Chernóbil mexicano. Al hacer público el expediente del repositorio DOE-Forrestal bajo el nombre de Colección Markey Files, el gobierno de Estados Unidos revela los obstáculos a los que se enfrentaron los especialistas del gobierno de Texas, el Departamento de Energía, la Agencia de Energía Atómica, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y varios centros de investigación de universidades estadounidenses, a su llegada a nuestro país para conocer el que es considerado el primer accidente masivo y radiactivo en el mundo.
Conocido como “Accidente mexicano de Cobalto 60”, casi 40 años después se hacen públicos los oficios de alerta, las bitácoras de viaje de los enviados internacionales y la respuesta despreocupada de las autoridades mexicanas.
Dos días después del error del chofer, aquel 16 de enero de 1984, el Departamento de Salud de Texas informó al Gobierno mexicano –entre ellos las secretarías de Gobernación, Salud y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias– de la existencia de altos niveles de radiación en las varillas exportadas por la empresa Aceros de Chihuahua, SA de CV, especializada también en fabricar bielas para automóviles.
Tras la movilización, incluso del Ejército estadounidense en la frontera en Ciudad Juárez, así como de diversas agencias para detectar de dónde provenía la radiación, se pudo conocer que el material procedía de un depósito de chatarra llamado Yonke Fénix, ubicado en la zona norte de la urbe chihuahuense.
Hasta ese lugar Vicente Sotelo y su ayudante Ricardo Hernández habían vendido como chatarra los restos de una unidad de teleterapia que adquirió el 25 de noviembre de 1977 el Centro Médico de Especialidades, un hospital privado de esa ciudad, para ofrecer tratamientos contra el cáncer, sólo que al no encontrar a los especialistas para operarla fue almacenada en ese lugar.
Después de obtener permiso de los dueños del centro hospitalario para vender la unidad médica inservible como chatarra, en los primeros días de diciembre de 1983, Vicente desarmó la unidad, incluida la mesa de tratamiento.
Al llegar al núcleo del equipo encontró un gran cilindro que pesaba más de cien kilos, por lo que intentó abrirla sin lograrlo del todo, de manera que con la ayuda de Ricardo llevó el cilindro al depósito en una pick up.
El corazón de ese equipo de teleterapia estaba compuesto por Cobalto 60, material radiactivo en forma de pequeños gránulos de un milímetro, es decir, bolitas plateadas como cuentas de collar que se dispersaron por varias fundidoras de Chihuahua, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí: Aceros de Chihuahua, Falcón en Juárez, Fundival, Alumetales y Duracero. Y días más tarde, también a una fábrica de válvulas en Torreón y una productora de aceros especiales en Guadalajara.
En todas ellas se recicló el acero y le dieron diversos usos, entre ellos se fabricaron 600 toneladas de varilla que se exportaron a Estados Unidos, hasta que por accidente las autoridades en El Álamo detectaron la radiación.
El repositorio no establece cuántas toneladas de varilla, bases para mesas o derivados de la chatarra contaminada se fabricaron.
México rechazó de inicio la ayuda
Los documentos desclasificados muestran comunicaciones entre investigadores del Laboratorio Nacional, las universidades de Estados Unidos y de la Organización Panamericana de la Salud para brindar ayuda a México, pero la respuesta era esperar hasta que se solicitara.
A partir del 13 de febrero, autoridades de ese país supieron que ninguna de las cuatro personas con altas radiaciones estaba hospitalizada, pero sí que los gránulos se esparcieron durante el trayecto de la camioneta por los neumáticos de automóviles hacia las cuatro empresas que transformaron el material, y también se habían transportado adheridos a los zapatos de todos los que habían laborado en el depósito de chatarra.
“Supimos que cien toneladas de acero contaminado se utilizaron para fabricar mesas y sillas que se han vendido (un total de 12 mil a 20 mil piezas en Estados Unidos, distribuidos por Falcon en San Luis Missouri). Se ha demostrado que algunos de estos emiten hasta 350 milirads por hora en la superficie”, relata el documento. Es decir, once veces más que la exposición a una radiografía.
La información entonces fluyó hasta que los enlaces con la Secretaría de Salud y el IMSS recibieron a genetistas y médicos para identificar a 25 víctimas directas de la radiación, entre ellos los hombres que desarmaron el equipo médico, los trabajadores del depósito de chatarra, sus familias y vecinos.
Hasta entonces sólo uno de los dos hombres que tuvo mayor exposición presentaba “quemaduras en las manos”, en tanto que trabajadores de la fundición en Chihuahua habían inhalado vapores contaminantes. Por otro lado, se desconocían las consecuencias entre los vecinos del Yonke Fénix, dado que la camioneta impregnada con algunos restos de cobalto 60 permaneció estacionada por más de dos meses a lo largo de la calle, pues la movían recurrentemente.
Para ese momento el vehículo había sido enviado a un predio donde se cubrió con tierra, pero se preveía llevarlo a “un cementerio” para taparlo con concreto.
El 14 de febrero, “personal del Ejército de los Estados Unidos había monitoreado el área de Juárez/El Paso, sin embargo, con aparatos no adecuados”, por lo que se necesitó de una nueva inspección, refiere el documento firmado por uno de los especialistas, Karl F. Hubner.
Sin mayores detalles, se menciona que fueron necesarios sobrevuelos y la presencia de imanes en diversas rutas para recuperar en distintos puntos las bolitas contaminantes.
Una “preocupación para Estados Unidos era el control del área y el manejo de las varillas contaminadas que se habían regresado a México”.
El informe insiste en la ayuda que ofrecieron de manera directa al titular de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, José Treviño “pero no aprovechó estas ofertas”.
El 17 de febrero llegó a México un grupo interinstitucional desde Estados Unidos para conocer de primera mano los hechos, pero “nadie parecía saber las respuestas”, dice Hubner, después de visitar las clínicas 79 y 35 del IMSS en Juárez.
Ninguna autoridad los acompañó a ver cómo se resguardaba la sede del depósito de chatarra y para su sorpresa encontraron a dos de los pacientes que acudieron a ese lugar, a pesar de los sellos de advertencia de radiación, a que les pagaran por su trabajo.
En un nuevo encuentro con las autoridades mexicanas, los enviados, entre ellos genetistas y bioquímicos, volvieron a ofrecer colaboración sin respuesta de aceptación, de manera que Hubner afirma: “Tuve la sensación de que estas personas no nos revelaron todo lo que sabían del accidente”.
En un encuentro más tarde, de ese mismo día, el grupo obtuvo datos específicos de las víctimas directas: los trabajadores del depósito de chatarra, entre ellos, una secretaria que tenía un embarazo avanzado, tercer trimestre; niños que habían jugado en torno a la camioneta, y dos vecinos más que habían estado expuestos mientras el vehículo permaneció estacionado afuera de su domicilio.
Los enviados estadounidenses señalan en diversos momentos cómo descubrieron que se obstaculizó su trabajo. “No he podido averiguar dónde se ha desviado”, dice uno de los reportes del repositorio.
En otro momento, uno más de los investigadores indicó que a “los mexicanos les preocupa que los estadounidenses estén tratando de hacerse cargo de su estudio”.
Los escasos reportes médicos a los que tuvieron acceso mostraban supresión de la médula ósea, quemaduras en las manos, bajos indicadores en espermiogramas, sangrados de encías y bajos niveles de glóbulos blancos.
“Nos dijeron que el número total de personas con dosis bajas es de cien y tienen un historial médico para cada una de estas personas. Solicité una lista de todas esas personas”, agrega Hubner. Pero tras preguntar cuáles eran los planes para seguir el monitoreo, “no sintieron mucha necesidad”. Tampoco lo expresaron cuando se les advirtió de la posibilidad de rastrear contaminantes del suelo, carreteras y agua.
Un desconocimiento total
El documento –que muestra imágenes del lugar, croquis de la colonia y la camioneta contaminada, así como fotografías de la fuente de teleterapia–, señala en su evaluación que “se trató de un accidente de radiación grave que afectó quizás a unas 200 personas”.
Describe que “los médicos, los funcionarios de salud y la Comisión de Seguridad Nuclear (en México) necesitan asistencia porque existe un desconocimiento notable de la magnitud del problema”.
Afirmaba que nadie se quería hacer cargo y asumir la responsabilidad. “El problema de la contaminación no está bajo control y es probable que la gente siga expuesta innecesariamente”.
En el caso de los pacientes, “parecían tener poco o ningún conocimiento sobre la radiación y las consecuencias de la exposición a la radiación. Preguntaron si podíamos ‘curarlos’ en los Estados Unidos”.
Se contabilizaron cien personas en la zona del depósito de chatarra, entre los que se contaban niños, embarazadas y adultos de los cuales los médicos mexicanos mostraban “conteos normales” en sus indicadores sanguíneos y cromosomas. Se recomendó realizar un seguimiento a los menores de edad y detectar posibles cánceres con estudios de seguimiento hasta 30 años después y brindar atención a las mujeres en gestación.
La OPS prestaría servicios de asesoría y consultoría específicamente en esa zona de Ciudad Juárez, entre otras acciones.
En otro documento de mayo de 1984, las universidades estadounidenses asociadas en Oak Rigde y el Departamento de Energía aprobaron un presupuesto para realizar estudios y seguimiento. Para entonces se conocía que la varilla contaminada había llegado a 14 estados en México y se habían derribado 200 edificaciones construidas con material contaminado, lo mismo que un cine.
Sólo que para agosto los funcionarios mexicanos encargados habían sido relevados en tres ocasiones y no había quién diera seguimiento a las víctimas.
“Nos enteramos que 23 de las 70 personas (vecinos) que estuvieron en contacto con los contaminantes en el depósito ganaron una compensación financiera por la aspermia inducida por la radiación”.
En septiembre de ese año se preveía seguir realizando acciones sobre todo para garantizar que las varillas, los vehículos, las mesas y otros materiales contaminados fueran concentrados en un cementerio, mientras se insistía en la necesidad de dar seguimiento médico a las víctimas de Ciudad Juárez.
