or Eugenia López
El año que acabamos de despedir fue particularmente violento para defensores de derechos humanos y activistas: a lo largo del año 2019 se registraron más de 30 asesinatos, principalmente en el sureste del país.
Enero sangriento
El primer asesinato fue registrado el 3 de enero en Arriaga, Chiapas. Sinar Corzo Esquinca, integrante del Comité Ciudadano de Defensa de los Derechos Humanos fue atacado cerca de su domicilio después de haber participado en protestas en demanda de agua potable.
Pocos días después, el 18 de enero, en la misma entidad fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez en Amatán, Chiapas. Jimenez Pablo era miembro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional y Gómez era parte del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común. En ese entonces, los dos estaban involucrados en un plantón que exigía la renuncia del regidor morenista Manuel Carpio Mayorga, quien fue destituido dos semanas después.
El día 20 de enero, Gustavo Cruz Mendoza, miembro del Consejo Indígena de los Pueblos de Oaxaca Ricardo Flores Magón (CIPO-RFM) fue atacado en su vivienda después de haber manifestado su oposición a la instalación de una purificadora de agua en su comunidad de Santiago Jocotepec, Oaxaca.
Al día siguiente, Bernardino García Hernández fue asesinado en Zimatlán, Oaxaca. Él era el enlace de su comunidad para la resolución del conflicto por la delimitación de tierras que mantienen con la localidad de San Sebastián Nopalera.
Defensores del territorio y comunicadores
El mes de febrero fue marcado por el asesinato de Samir Flores Soberanes, indígena náhuatl, originario de Amilcingo, Morelos. Él era fundador de la radio comunitaria Amilzinko 100.7, miembro del Frente Pueblos en Defensa de la Tierra, el Agua y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala y era conicido por oponerse férreamente al Proyecto Integral Morelos (PIM).
El 2 de mayo, el director de la radio comunitaria Estéreo Cafetal 98.7 FM “La Voz Zapoteca”, Telésforo Santiago Enríquez fue asesinado en el municipio de San Agustín Loxicha, en la Sierra Sur de Oaxaca. El también integrante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) promovía el rescate de la lengua indígena y de la cultura de su comunidad.
Durante el último mes del año, Josué Bernardo Marcial Santos conocido como “TíoBad” fue asesinado y su cuerpo abandonado en el acceso a San Juan Evangelista, en el sur de Veracruz. Originario de Sayula de Alemán, luchaba con rap para preservar la lengua mixe-popoluca, y denunciaba el despojo en su territorio por el fracking, el narco estado y los asesinatos a periodistas. También fue delegado de su pueblo en el Congreso Nacional Indígena (CNI).
En el estado de Guerrero fueron asesinadas al menos 5 personas.
El 5 de mayo, fueron encontrados los cuerpos de José Lucio Bartolo Faustino, miembro del Concejo Indigena de Gobierno (CIG), y Modesto Verales Sebastián, delegado del CNI, después de varios días de haber desaparecido tras asistir a una reunión en la ciudad de Chilpancingo.
Un mes después, asesinaron a Eugenio Máximo Hilario, en el municipio de José Joaquín de Herrera. Máximo Hilario fue comandante regional de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores de Guerrero (CRAC-PF) y miembro del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (Cipog-EZ).
El 11 de octubre, un grupo armado atacó a Isaías Cantú Carrasco, comisionado de Bienes Comunales de Paraje Montero, en Malinaltepec e integrante del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadt), quien luchó contra la explotación minera y la imposición de una reserva de la biósfera en la región me´pháá. Ese mismo día desapareció Arnulfo Cerón, líder del Frente Popular de la montaña, en Tlapa de Comonfort.
La Sierra Tarahumara de Chihuahua también fue el escenario de varios asesinatos de defensores del territorio a lo largo del año.
El 1 de mayo, un grupo armado mató a Otilia Martínez Cruz y su hijo Gregorio Chaparro Cruzv en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. En 2018, un familiar de las víctimas, Julián Carrillo Martínez, también había sido asesinado. Él indígena rarámuri era defensor del bosque de Coloradas de la Virgen.
El domingo 13 de octubre, fue secuestrado y asesinado el activista Cruz Soto Caraveo en la comunidad Los Llanos, Chihuaha. Él había recibido amenazas previas por parte de civiles armados y desde hace un par de años se encontraba desplazado, luego que un grupo delictivo lo despojó de sus tierras y las convirtió en un sembradío de marihuana y amapola.
Represión de la comunidad LGBTQI+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Queer, Intersexual y más)
El sábado 9 de febrero, murió asesinado el activista muxe Óscar Cazorla, defensor de los derechos LGBT en Juchitán, Oaxaca. El activista fue fundador de “Las Auténticas intrépidas buscadoras del peligro”, una de las mayores festividades de la diversidad sexual.
En Veracruz, el joven activista Miguel Ángel Medina fue asesinado a golpes de piedras. Localizaron su cuerpo en el cementerio Gregorio Vidal Alor, en Acayucan, un día después de que su familia lo reportara como desaparecido.
Buscadores de personas desaparecidas
El activista Abiram Hernández Fernández, quien era conocido por su acompañamiento a familias de personas desaparecidas, fue hallado muerto en su vivienda de Veracruz el 30 de marzo.
El 19 de julio de 2019 Zenaida Pulido Lombera murió asesinada después de un ataque a balazos mientras circulaba en compañía de su esposo en la carretera costera a la altura de Pichilinguillo, Aquila, Michoacán. La activista había denunciado la desaparición de personas en la región y había participado en la caravana de búsqueda en fosas clandestinas en la entidad.
