El fraude asciende al 2,6% del PIB y al 16% de la recaudación pública total, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla
510.000 millones de pesos al año; 27.900 millones de dólares; el 2,6% del PIB y el 16,1% de la recaudación pública total: las cifras del fraude fiscal en México son gruesas. El combate contra la evasión fiscal en México ha dado sus frutos en la última década —en la que lo dejado de recaudar sobre el valor de la economía mexicana se ha reducido a la mitad—, pero las fugas fiscales siguen siendo uno de los grandes caballos de batalla mexicanos, con el que tendrá que lidiar sí o sí el presidente que salga de las urnas el próximo 1 de julio. “El problema en México es que nos hemos acostumbrado a no cumplir la ley”, ha subrayado este lunes Luis Ernesto Derbez, rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en la presentación de un estudio que pone cifras a un problema que limita año tras año el potencial recaudatorio de la segunda potencia latinoamericana. De cerrarse esa brecha entre lo que debería recaudarse y lo realmente recaudado, México podría, por ejemplo, elevar el gasto social y abandonar así el último lugar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en ese rubro. Nada menor en un país en el que cuatro de cada 100 personas están por debajo del umbral de la pobreza.
El grueso de la evasión fiscal en México se concentra en dos capítulos: el impuesto sobre la Renta (ISR, que engloba la fiscalización a personas físicas y personas morales y que supone el 58% del total evadido) y el impuesto sobre el Valor Agregado (IVA, que grava el consumo y que supone el 37% del fraude). En ambos casos, los mayores niveles de fraude se registraron durante e inmediatamente después de la crisis financiera global de 2008 y disminuyeron, según los técnicos de la UDLAP, tras la implementación de la reforma fiscal de 2013. El 5% restante se divide entre la evasión de impuestos a la importación y exportación (IGIE, 4%) y a la producción (IEPS, que grava productos cuyo consumo conviene reducir —desde el alcohol y el tabaco hasta el juego pasando por las bebidas azucaradas o los plaguicidas— y que supone el 1% del fraude total). En todos los casos, pese al incremento en números absolutos, la tasa de evasión ha caído en los diez últimos ejercicios. Este periodo termina en 2016 —último ejercicio para el que hay datos disponibles—.
“Si hay una institución que ha hecho bien su trabajo en los últimos cinco años y medio [en referencia a lo que va de sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI)] ha sido el Servicio de Administración Tributaria (SAT)”, ha reconocido Derbez, quien ex secretario (ministro) de Economía y canciller en los Gobiernos de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón y, más recientemente, precandidato de su partido —Acción Nacional— a la presidencia de México. “Sin embargo, hay áreas de oportunidad en plena campaña electoral: los candidatos prometen muchísimas cosas, pero no dicen de dónde sacarán el dinero”. Entre los pendientes ineludibles, el rector de la universidad privada poblana remarca la importancia de encarar el problema de las llamadas empresas fantasma: compañías sin actividad que emiten facturas no soportadas por transacciones reales para que terceros puedan rebajar su factura fiscal.
La metodología seguida por la UDLAP para la estimación de la evasión consiste en comparar la cantidad de impuestos potenciales que se podría recaudar y la cantidad de impuestos efectivamente recaudada con datos de acceso público: las cuentas nacionales, los censos económicos y la encuesta bianual de ingresos y gastos de los hogares (Enigh).
Rebajas fiscales para mantener la competitividad con EE UU
En plena vorágine de propuestas y contrapropuestas por parte de los cuatro cabezas de cartel a la jefatura de Estado y de Gobierno —Andrés Manuel López Obrador (Morena), Ricardo Anaya (Por México al Frente), José Antonio Meade (PRI) y Margarita Zavala (independiente)—, los especialistas de la UDLAP plantean tres líneas básicas de actuación: continuar con el proceso de modernización tecnológica en la supervisión del pago de impuestos —”el riesgo es que pueda llegar a la presidencia una persona que eche para atrás todo el trabajo que se ha llevado a cabo en los últimos años”—; dar una nueva vuelta de tuerca a la última reforma fiscal, con el objetivo de eliminar las exenciones y la tasa cero de IVA en alimentos, bebidas y medicinas; y atacar “frontalmente” la informalidad, en la que todavía trabajan seis de cada diez mexicanos, que representa casi la cuarta parte del PIB y que no genera ingresos fiscales.
Por último, Derbez cree “necesario” reducir el ISR que sorportan las empresas para que México “siga siendo competitivo con EE UU” tras la reforma fiscal de Donald Trump. Sobre este último punto, la necesidad o no de abrir el melón de las rebajas impositivas para evitar que las grandes corporaciones deslocalicen sus operaciones en el país latinoamericano para trasladarse a EE UU, las opiniones se dividen entre los que —como las patronales— buscan una disminución en la factura fiscal a la que tienen que hacer frente y los que opinan que la diferencia de coste laboral entre ambas naciones es lo suficientemente elevada como para evitar la fuga de capitales y que una bajada de los impuestos que gravan los beneficios empresariales profundizaría la regresividad fiscal y aumentaría la desigualdad. Con la campaña electoral ya lanzada, el debate está servido.
