MÁS PROPUESTAS Y MENOS ATAQUES
EN EL PROCESO PARA LA GUBERNATURA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
Uno a uno, los obstáculos que se le han presentado a la candidatura de María Eugenia Campos Galván al gobierno del Estado, están siendo superados y contrariamente a lo que se pensaba, por parte de Javier Corral y el resto de los partidos políticos que participan en la contienda electoral, los ataques han tenido un efecto totalmente contrario a la pretensión de descarrilar su candidatura.
La presunción de inocencia es un derecho humano que le alcanza para llevar a cabo todas y cada una de sus actividades proselitistas, sin que tenga alguna restricción legal para desarrollarlas.
La falta de propuestas viables, el desconocimiento de la problemática de Chihuahua, así como la falta de ideas para poder atraer al electorado, esta evidenciando que varios de los candidatos, se enfoquen en ataques a Maru Campos, como forma única para construir sus campañas, cuando lo que necesitamos los ciudadanos son propuestas y compromisos que generen empatía, confianza y certidumbre en que quien gobierne a Chihuahua en los próximos años, no sean como Cesar Duarte ni mucho menos como Javier Corral.
Los operadores políticos de Maru Campos, han demostrado una gran capacidad de adaptación y se han encargado de ampliar la base de apoyos para la alcaldesa con licencia, aprovechando el raquítico, casi nulo desarrollo electoral que ha presentado Juan Carlos Loera, sin duda el peor aspirante que pudo haber tenido MORENA para la sucesión de Javier Corral.
El ex alcalde de Parral, Alfredo Lozoya se ha convertido en la gran decepción del proceso, porque no alcanza a posicionar alguna propuesta concreta, ni en materia económica, de desarrollo regional, mucho menos en seguridad.
Brenda Ríos del verde ecologista, tiene muy claro que solamente con un trabajo permanente de recorridos por todo el estado, de tener contacto con la gente y escuchar las quejas y demandas de la población, podrá mantener a su partido en la contienda para futuros procesos.
La denuncia interpuesta en contra de María Ávila y su esposo, el legislador Alejandro Gloria, debe ser investigada por la fiscalía, ya que las amenazas no son cualquier cosa y mucho menos en esta etapa del proceso electoral.
Si alguien le pudiera decir a Graciela Ortiz del PRI, que la campaña ya comenzó, sería muy bueno, pero además que se terminará pronto, sería mejor, ya que mantiene un ritmo de tortuga, cuando es la más preparada, la que cuenta con mayores tablas para el debate, pero sobre todo, la que pudiera representar el advenimiento de las mejores propuestas, por su experiencia, capacidad y particularmente porque conoce a quienes saben de los temas; es decir a la militancia, a la estructura que había formado parte de varios gobiernos y que tienen mucho más que aportar que diversos personajes de los que se ha rodeado como asesores.
UN ARTICULO TRANSITORIO NO HACE PRIMAVERA
Con la ampliación del período como presidente de la SCJN del ministro Arturo Zaldívar y además el de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, una enorme ola de comentarios se ha levantado, la mayoría adversos a Lelo de Larrea.
El artículo 97 de la CPEUM dice que: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
En congruencia con la consigna recibida, el Senado viola tres directrices fundamentales: el presidente sólo puede durar cuatro años, no se permite la reelección y quien lo nombra es el pleno de los ministros de la propia Corte. El Senado no solo ejerció facultades que se dio a sí mismo, sino que además usurpó la de los ministros de la Corte, únicos facultados por la Constitución para elegir a su presidente.
Respetuoso de las formas y la separacion de poderes, el Ministro presidente no realizó ningún comentario, mientras no se aprobaba la reforma judicial en el Senado, pero una vez terminados los trabajos legislativos, dejó en claro que en cuanto lleguen las primeras acciones de inconstitucionalidad de este transitorio al pleno de la Corte, sus pares, harán lo propio; es decir, la declararán inconstitucional y no pasará nada, desaparecerá de la misma forma en la que se incorporó a la reforma.
Esta claro que la pretension de Lopez Obrador siempre fue desviar la atención social de lo más imporante y abrasivo para la sociedad, como es el padrón de usuarios de la telefonía.
En un orden democrático, se puede considerar que es correcto y hasta necesario para complementar los datos y combatir de la mejor forma al crimen en todo el país, pero en las actuales condiciones de militarización, de no respeto a los derechos humanos, de desprecio a las instituciones y de una creciente ola de autoritarismo, pretenden convertir a México como Venezuela y China donde ya esta implementado.
Pero en Chihuahua no cantamos mal las rancheras, un juzgado federal ordenó al Congreso del Estado, continúe el procedimiento de declaracion de procedencia que se le instauró el magistrado Ramírez Alvídrez, por todas y cada una de las etapas procesales, se abstenga de remitir el dictamen, hasta en tanto se resuelva el amparo en lo principal y no impedir al quejoso continúe ejerciendo sus funciones; es decir, restituya al magistrado Jorge Ramírez a su oficina en el Poder Judicial.
La actual diputada Georgina Bujanda Ríos, en su carácter de presidenta de la comisiòn jurisdiccional, es la principal responsable de que se haya ordenado la restituciòn del magistrado, por haber aceptado pruebas ilegales en su contra, durante el juicio de procedencia.
De forma totalmente absurda, el congreso y la consejería jurídica del gobierno del Estado, han manifestado que el acatar esta sentencia de amparo es de imposible cumplimiento, por lo que se tendrán que atener a las consecuencias de desacato a una orden del juez federal, que en las actuales circunstancias, puede representarles multa, la destitución del cargo y hasta la privación legal de su libertad.
*Integrante de la AECHIH
