Campos Galván es acusada en el caso de la “nómina secreta” de haber recibido presuntos sobornos a cambio de dar su apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte. por Zedryk Raziel / Animal Político
Esta investigación fue publicada originalmente en Animal Político.
La Fiscalía General de Chihuahua acusó a la candidata del PAN a la gubernatura, la actual alcaldesa María Eugenia Campos Galván, de haber recibido sobornos por al menos 10.3 millones de pesos entre 2014 y 2016 de parte del entonces mandatario priista César Duarte, quien hoy está preso en Estados Unidos por un desfalco millonario al erario estatal y por asociación delictuosa.
La acusación sostiene que los pagos se efectuaron presuntamente cuando Campos Galván era vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Congreso local, entre 2014 y 2015, y se extendieron a lo largo de 2016, cuando fue candidata a la Alcaldía de Chihuahua para su primer mandato en ese cargo.
Los sobornos también habrían sido pagados a César Jáuregui Moreno, que era coordinador del grupo parlamentario del PAN y luego se convirtió en Secretario del Ayuntamiento en el gobierno de Campos Galván en la capital chihuahuense.
La panista se reeligió en 2018, y recientemente solicitó licencia para participar en la contienda por la sucesión de Javier Corral, su compañero de partido.
Animal Político posee una copia de los recibos de pago que forman parte de la carpeta de investigación. El exgobernador Duarte se aseguró de certificar dichos recibos ante un notario público de Chihuahua para así ejercer control sobre los beneficiarios de su “nómina secreta”, a través de la cual fueron desviados alrededor de mil millones de pesos del erario para entregarlos como sobornos a legisladores y políticos de todos los partidos, funcionarios, líderes sindicales y medios de comunicación, según la denuncia.
Esta acusación de la Fiscalía estatal por el delito de cohecho ya fue judicializada en la causa penal 2821/2020; se tiene previsto que este miércoles se lleve a cabo la audiencia inicial de vinculación a proceso de Campos Galván, la cual había sido diferida desde noviembre a petición de la defensa de la alcaldesa con licencia, lo que ha sido interpretado por los fiscales como una maniobra para que la panista pueda llegar a las elecciones y, eventualmente, escudarse en el fuero constitucional.
El abogado de la candidata es Antonio Lozano Gracia, exprocurador de la República y quien también fue defensor del sonorense Guillermo Padrés. En la defensa también participan Arturo Chávez Chávez, quien también fue titular de la extinta PGR, y el exsubprocurador Francisco Molina Ruiz. Los tres abogados fueron funcionarios en el sexenio de Felipe Calderón.
Existe una segunda carpeta de investigación contra la candidata panista por cohecho y uso indebido de atribuciones presuntamente cometidos durante su gestión como alcaldesa, y en la que es señalada de haber obtenido recursos mediante el cobro ilícito de “moches” a empresarios para favorecerlos con contratos de obra pública. La audiencia inicial de imputación por este otro caso se programó para el 5 de marzo.
Este medio buscó contacto con Campos Galván y con Jáuregui Moreno a través de su enlace de medios, pero declinaron emitir un posicionamiento sobre las acusaciones. No obstante, en diversas declaraciones, la candidata ha sostenido que el caso tiene tintes políticos, y ha señalado al gobernador Javier Corral -su correligionario en el PAN- de usar de manera facciosa el aparato del Estado.
En noviembre de 2020, Corral envió una carta al dirigente nacional de Acción Nacional, Marko Cortés, para hacer de su conocimiento que Galván Campos y Jáuregui Moreno estaban implicados en la investigación por la “nómina secreta” de Duarte, y le advirtió que la Fiscalía estatal actuaría de manera imparcial aunque se tratara de integrantes de su propio partido.
“(Se) encontraron pruebas y evidencias de la corrosión de la clase política de nuestro Estado, corrompida, como nunca antes, por el duartismo. Y me duele mucho decirlo y reconocerlo, pero alcanzó a todos los partidos, incluido el nuestro, así como a múltiples actores de la vida social, empresarial y comunicacional”, señala la carta del gobernador Corral a Cortés.
Pese a los señalamientos de corrupción, la alcaldesa con licencia fue postulada por el PAN a la gubernatura el pasado 25 de enero. Campos Galván recibió el espaldarazo público del expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno se desempeñó como delegada federal de Liconsa en Chihuahua.
En la contienda interna por la candidatura quedó fuera Gustavo Madero, cercano excolaborador de Corral.
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Campos Galván, conocida popularmente como Maru Campos, es acusada en el caso de la “nómina secreta” de haber recibido sobornos junto con César Jáuregui a cambio de dar su apoyo en el Legislativo a los intereses del entonces gobernador Duarte, especialmente en la aprobación de las Cuentas Públicas y la adquisición de deuda. Ambos eran los jefes de la bancada supuestamente opositora del PAN.
La Fiscalía asegura que la entonces legisladora cobró los “moches” por dos vías: una, mediante la simulación de contratos de servicios públicos a favor de su hermano (por 1 millón 067 mil 200 pesos), y otra, mediante entregas mensuales en efectivo de parte de la Secretaría de Hacienda estatal por concepto de “apoyo” (9.3 millones de pesos).
Contratos simulados
La investigación de la Fiscalía señala que, entre 2014 y 2015, el gobierno de César Duarte desvió 1 millón 067 mil 200 pesos mediante dos contratos suscritos por la Secretaría de Hacienda con la empresa Campos Galván y Abogados S.C., de la que era representante legal el hermano de la hoy candidata del PAN, Manuel Campos Galván.
Los contratos, en poder de este medio, fueron otorgados por concepto de “asesorías en temas jurídicos internacionales y promoción en el exterior”.
En enero de este año, la Secretaría de la Función Pública estatal envió a la Fiscalía una opinión técnica en la que constató que los servicios supuestamente contratados no fueron realizados por el proveedor (no se encontraron entregables).
La dependencia encontró otras irregularidades, como el hecho de que la empresa no estaba en el padrón de proveedores, no se comprobó la necesidad de adquirir sus servicios y, además, se le adjudicaron los contratos de manera directa y sin licitación de por medio.
“Se determina que existen elementos suficientes que permiten presumir daños a la Hacienda Pública causados por servidores públicos involucrados en los procedimientos administrativos utilizados en los contratos (…) así como por los pagos realizados a la moral (la empresa), incumpliendo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión”, indica el oficio remitido por la Función Pública a la Fiscalía.
Pagos por concepto de “apoyo”
A la carpeta de investigación también fueron incorporados 34 recibos de pago firmados de puño y letra por Maru Campos entre el 10 de febrero de 2014 y el 29 de abril de 2016.
Los recibos suman 9 millones 300 mil pesos y fueron certificados por el exgobernador Duarte ante el notario público número 4 de Chihuahua, Luis Raúl Flores Sáenz.
Los pagos fueron hechos de manera mensual en montos de entre 100 mil y 400 mil pesos. Aunque una parte de los recibos estaba a nombre de Jáuregui Moreno, todos, sin excepción, fueron cobrados y firmados por Campos Galván, según la evidencia a la que tuvo acceso Animal Político.
Un exfuncionario del gobierno de Duarte que hoy colabora con la Fiscalía declaró que, de todo el dinero que se pagó de esta manera a la panista, 1 millón de pesos fue utilizado específicamente para remodelar su casa.
Algunos recibos corresponden al periodo en el que Campos Galván ya había solicitado licencia al Congreso y había sido nombrada candidata del PAN a la alcaldía de Chihuahua.
“Nómina” millonaria
Según la acusación de la Fiscalía estatal, los sobornos se realizaron clandestinamente en entregas en efectivo en la sede de Hacienda o en el estacionamiento de la dependencia.
La investigación de la “nómina secreta” señala que, durante el sexenio de Duarte, entre 2010 y 2016, mes con mes, se extraían cheques de entre 15 y 20 millones de pesos de las partidas de la Secretaría de Hacienda destinadas al gasto operativo y al pago de la nómina de los empleados estatales, recursos que eran depositados a una empresa de traslado de valores que, a su vez, hacía llegar el dinero líquido a las oficinas de la Tesorería estatal, donde era resguardado y administrado para el pago de los sobornos.
El dinero público desviado de esta manera ascendería a mil millones de pesos. Además de los exlíderes del PAN en el Congreso, otros personajes acusados de estar en la “nómina secreta” de Duarte son Cruz Pérez Cuéllar, actual senador de Morena; Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez; Hortensia Aragón, exdiputada local y exdirigente del PRD, y Fernando Reyes Ramírez, exdiputado local de MC.
También Javier Contreras Orozco, exdirector del Heraldo de Chihuahua; María Ávila Serna, exdiputada local del PVEM; Rodrigo de la Rosa, excoordinador del PRI en el Congreso local; Cristopher James Barousse, exlíder nacional de Jóvenes del PRI, y Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del tricolor en la ciudad de Chihuahua.
Cinco de dichos personajes admitieron haber sido beneficiarios de los pagos de Duarte y se acogieron al criterio de oportunidad para colaborar con el Ministerio Público; como parte del acuerdo de reparación del daño, devolvieron en conjunto 19.2 millones de pesos al erario estatal.
Ni la candidata Maru Campos ni César Jáuregui han reconocido haber participado de este esquema de corrupción. En su carta a Marko Cortés, el gobernador Corral señaló:
“A diferencia de lo que han hecho otros implicados en este penoso asunto, que han reconocido el beneficio indebido, han señalado la forma como pactaron con Duarte esas entregas y además han devuelto el dinero en reparación del daño, nuestra alcaldesa Maru Campos ha pasado de negar reiteradamente el hecho a señalar que se trata de un manejo político de la Fiscalía General del Estado para incluir en la sucesión de la Gubernatura”.
“Tomando una ruta absurda –prosiguió la carta–, nuestra alcaldesa Maru Campos ha dicho cosas muy delicadas: que se trata de una invención, que es una calumnia de mi parte, y recientemente se dice víctima de violencia política por el hecho de ser mujer. No es así, y la respuesta es mucho más sencilla: yo no soy el responsable de las conductas pasadas de nuestros compañeros de partido, ni es justo que debamos hacer excepciones o que el partido deba responder por ellos. Eso es lo que ha desprestigiado a Acción Nacional, y seguir en la inercia del sistema de tapaderas y complicidades es lo que jamás nos permitirá volver a ganar la confianza ciudadana”.
Compra de voluntades
La Fiscalía sostiene que, mediante el pago de sobornos a los líderes de la bancada del PAN en el Congreso, César Duarte compró su apoyo para la aprobación de deuda y de las Cuentas Públicas de la gestión del priista.
Por ejemplo, como secretaria de la Comisión de Fiscalización, Maru Campos dio su aval al dictamen de aprobación de la Cuenta Pública 2014, en el que se determinó que no hubo irregularidades en el manejo de los recursos públicos ni daño patrimonial alguno.
“Se auditó y posteriormente se fiscalizó la Cuenta Pública Anual de Gobierno del Estado de Chihuahua y las relativas a los cuatro trimestres correspondiente al ejercicio fiscal del 2014, y como consecuencia no se determinaron observaciones en el ingreso, manejo y aplicación de los recursos públicos que puedan generar responsabilidad alguna; ello, atendiendo al alcance de la auditoría practicada”, señala la resolución firmada por Campos Galván el 15 de diciembre de 2015.
Tres días después, el 18 de diciembre, la entonces vicecoordinadora del PAN acudió a cobrar su ya habitual pago mensual, esta vez por 350 mil pesos, según consta en los recibos consultados por Animal Político.
En la carta que dirigió a Marko Cortés para señalar los presuntos actos de corrupción de la candidata panista, el gobernador Corral señaló que 2014 fue uno de los años con mayores desvíos de recursos de la administración duartista, lo que motivó la presentación de más de 25 denuncias penales.
Asimismo, entre 2012 y 2014, hubo desvíos por 80 mil millones de pesos hacia el banco personal de Duarte, llamado “Progreso”, y que forman parte del caso penal que sustenta la solicitud para que sea extraditado de Estados Unidos.
Aunque la Cuenta Pública 2014 fue aprobada a nivel local, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el manejo de aportaciones federales, incluyendo operaciones en donde no fue aclarado el destino de los recursos.
El órgano fiscalizador emitió observaciones en el gasto de 1 mil 116 millones de pesos correspondientes a subsidios como el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Seguro Popular, Prospera y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Además, el gobierno duartista arrastraba observaciones pendientes de solventar de las Cuentas Públicas 2011, 2012 y 2013 por 947.7 millones de pesos, de modo que el monto global gastado irregularmente, al 2014, era de 2 mil 199.5 millones de pesos.
Deuda desbordada
Con el apoyo del Congreso local, César Duarte hizo crecer desbocadamente la deuda de Chihuahua. En 2010, al inicio de su gestión, la deuda era de poco más de 10 mil millones de pesos; seis años después, la cifra aumentó a 52 mil millones.
A partir de 2014, la situación de las finanzas del estado era insostenible debido a que su financiamiento resultaba insuficiente para pagar las obligaciones generadas por el endeudamiento.
El financiamiento se integra de la contratación de nuevos préstamos con la banca comercial y de desarrollo para cubrir el déficit gubernamental. Con Duarte, Chihuahua llegó al extremo de que, ni destinando el 100% de esos nuevos endeudamientos, le alcanzaba para pagar los intereses de su deuda pasada, de acuerdo con un análisis de la Cámara de Diputados.
“(Hubo) una situación sui géneris que surgió a partir del año 2014, cuando los flujos de deuda fueron superiores a los del financiamiento, lo que significa que, si esta entidad federativa destinara la totalidad de los ingresos de financiamiento para amortizar deuda, pagar intereses y los costos de administración, dichos flujos de financiamiento serían insuficientes.
“En el año 2014, la deuda superó al financiamiento por 2 mil 236 millones de pesos, en el 2015 fue por 844.5 millones y en el 2016 por 1 mil 903.8 millones. Este indicador es sumamente relevante porque contablemente implica que los flujos de salida están siendo superiores a los de entrada; desde la perspectiva económica, significa que el financiamiento no se está destinando para el desarrollo de proyectos productivos en las entidades federativas, sino que se orientan para cubrir las obligaciones generadas por el endeudamiento contratado en años previos”, señala el estudio.
