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Exhiben presunta corrupción en gobierno de Maru Campos: $31 millones del erario por concierto de Ricky Martin
Por [EDUARDO AREDONDO ]
Chihuahua, Chih., [Fecha] — El Gobierno del Estado de Chihuahua, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, pagó casi 31 millones de pesos del erario público por la presentación del cantante puertorriqueño Ricky Martin durante el Festival Internacional Chihuahua 2024. La información fue revelada tras meses de opacidad y recursos legales interpuestos por ciudadanos y organismos de transparencia.
El contrato SH/ADE/SC/005/2024, por un monto exacto de 30 millones 840 mil 572 pesos, fue firmado el 20 de septiembre de 2024, apenas unas semanas antes del concierto realizado el 10 de octubre en la Plaza del Ángel, en la ciudad de Chihuahua. Pese a ello, en noviembre la Secretaría de Cultura aseguró que no existía contrato alguno firmado, contradiciendo los documentos obtenidos posteriormente.
El contrato fue inicialmente clasificado como “reservado” por la propia Secretaría de Cultura, que argumentó estar en “proceso administrativo” para justificar la negativa a transparentar los términos del acuerdo.
Funcionarios involucrados
El documento fue firmado por:
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Alejandra Enríquez Gutiérrez, secretaria de Cultura
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Pablo Gerardo Ríos Hernández, director de Adquisiciones y Servicios de la Secretaría de Hacienda
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Jorge Humberto Rodríguez Ortiz, jefe de Departamento de Adquisiciones y Programación de Pagos de la Secretaría de Cultura
Por parte del proveedor, la firma corrió a cargo de Carlos Arturo Martínez Negrete, responsable del “servicio integral de talento artístico”.
Manipulación y opacidad
Una de las principales irregularidades señaladas por expertos en transparencia es que el contrato se formalizó posterior a la presentación del artista, lo cual representa un riesgo de corrupción y un posible acto ilegal, según lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua.
El 4 de noviembre, ante una solicitud de información, el propio Jorge Humberto Rodríguez Ortiz respondió en el oficio SCU/DGU/DAPP/508/11/2024 que el contrato se encontraba en proceso y que la información no podía ser entregada, por considerarse “reservada”, al contener “opiniones, recomendaciones y puntos de vista de servidores públicos que forman parte del proceso deliberativo”.
Un patrón preocupante
Para activistas y organismos de la sociedad civil, este caso refleja un patrón de simulación administrativa, ocultamiento de información pública y uso discrecional del presupuesto, que podría constituir una falta grave en términos de responsabilidad administrativa y penal.
“No se trata de un simple error administrativo. Estamos hablando de una contratación multimillonaria, opaca y plagada de contradicciones. Es indispensable que se investigue a fondo”, señaló un representante del colectivo Transparencia Chihuahua.
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