Por Eduardo Arredondo | Netas Divinas
Marco Bonilla Mendoza, actual presidente municipal de Chihuahua, enfrenta múltiples señalamientos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos, justo cuando expresa su intención de buscar la gubernatura del estado en las elecciones de 2027.
Entre las acusaciones más destacadas está la compra cuestionada de una residencia valorada en aproximadamente 17 millones de pesos, cuyos ingresos oficiales no justifican el alto monto pagado. Además, durante su administración, se ha documentado la adjudicación de más de 21 contratos por un monto superior a 36 millones de pesos a familiares de su alcalde suplente, lo que genera sospechas de favoritismo y conflicto de intereses.
Asimismo, Bonilla ha destinado cerca de 330 millones de pesos en gastos de publicidad y promoción en redes sociales, estrategia que críticos interpretan como un uso indebido de recursos públicos para impulsar su imagen personal. También ha sido criticado por el pago mensual cercano a 100 mil pesos a una ex auditora interna, señalada por supuestamente encubrir actos irregulares durante gestiones anteriores.
Diputados locales han denunciado un “cártel inmobiliario” en el municipio, con supuestas colusiones para la aprobación de permisos en áreas protegidas, en las que se vincula a funcionarios cercanos a Bonilla.
A pesar de estas controversias, el político mantiene su interés por contender para la gubernatura, apoyado por la coalición PAN-PRI-PRD y la cercanía política con la actual gobernadora María Eugenia Campos. No obstante, estos señalamientos podrían afectar su imagen pública y su desempeño electoral en los próximos meses.
Adjudican en Chihuahua contrato de alumbrado a empresa creada en 2023 con giro inmobiliario original
Chihuahua, Chih.— El gobierno municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, adjudicó un contrato por 450 millones de pesos a la empresa Sparkio S. de R.L. de C.V., para el servicio de mantenimiento y modernización del alumbrado público, a pesar de que la compañía fue creada hace poco más de un año y no contaba originalmente con experiencia en el sector.
El contrato, con número OM/LP/08/2025, fue otorgado el 21 de enero de 2025 en favor de Sparkio, en participación conjunta con Showco S.A.P.I. de C.V., empresa con domicilio en Naucalpan, Estado de México. Tendrá una vigencia de casi tres años, del 22 de enero de 2025 al 31 de diciembre de 2027.
Cambios a modo
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, Sparkio fue constituida el 25 de abril de 2023 en Playa del Carmen, Quintana Roo, con un objeto social centrado en el desarrollo inmobiliario y un capital social inicial de 5 mil pesos. Sus socias fundadoras eran Laura Leticia Rodríguez Durán y Alejandra Gabriela Morales Morales.
Sin embargo, el 24 de julio de 2024, la empresa realizó múltiples modificaciones clave: cambió su domicilio social a la ciudad de Chihuahua, incrementó su capital social a 16 millones de pesos, cambió de socios y amplió su objeto social para incluir servicios de alumbrado público y redes eléctricas.
Los nuevos socios son Laura Rodríguez Durán, María Guadalupe López Guanespen y Samuel Rogelio Bitar Ortiz, este último, actual representante legal de Sparkio.
Los cambios fueron formalizados por el Notario Auxiliar Daniel Ignacio Olivas Gutiérrez, de la Notaría Pública No. 28 de Chihuahua.
Proceso cuestionado
El proceso de licitación también ha generado señalamientos. La convocatoria fue publicada el 1 de enero de 2025, día inhábil por ser Año Nuevo. El plazo para participar fue breve: la junta de aclaraciones se celebró el 7 de enero, la apertura de propuestas el 14 de enero y el fallo se dio el 21 de enero, adjudicando el contrato a Sparkio y Showco.
El servicio fue solicitado por la Dirección de Mantenimiento Urbano, bajo la titularidad de Jonnathan Christian Medellín Ruíz.
Antecedente similar
Este contrato se suma al adjudicado en 2023 a Teletec de México SAPI de CV, por un monto de 314.8 millones de pesos, también destinado al sistema de alumbrado público, y que incluyó dos contratos modificatorios adicionales por 30 millones.
Exigen transparencia
Organizaciones civiles y actores políticos han comenzado a cuestionar la legalidad y transparencia de este nuevo contrato, señalando que la modificación apresurada del objeto social y el capital de Sparkio, así como la rapidez del proceso licitatorio, podrían ser indicios de un proceso a modo.
