La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Lourdes Maldonado: su muerte activó al gobierno de AMLO.
· Aguililla, Michoacán: un paso obligado.
Ciertamente la relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los medios de comunicación no ha sido la mejor. Durante la administración del mandatario han sido constantes las fricciones de éste con algunos connotados comunicadores, debido a los señalamientos y acusaciones que el presidente suele hacer respecto a quienes no opinan igual que él. Es decir, el presidente López Obrador mantiene una diatriba permanente con los medios, pero ello no significa que el titular del poder Ejecutivo ignore la magnitud del poder del periodismo –el llamado Cuarto Poder-. Bajo esta tesitura, el reciente crimen cometido contra la periodista Lourdes Maldonado, en Baja California, encendió la alarma en el gobierno federal, ya que las protestas por tal hecho, y las exigencias de justicia formuladas por el gremio periodístico nacional, constituyeron una acicate que hizo actuar a la estructura gubernamental.
Además, el renglón de seguridad pública es una de las asignaturas pendientes del actual gobierno morenista, pues en tal rubro no ha podido dar resultados el presente régimen. Así, el referido homicidio de Lourdes Maldonado activó al gobierno de López Obrador, de modo tal que han sido detenidas tres personas como presuntas responsables de la muerte de la comunicadora. Lo deseable es que tales aprensiones sean reales y de hallen sustentadas en investigaciones serias, pues a veces el interés político por dar “resultados”, hace que las autoridades actúen arbitrariamente, e inculpen a inocentes, es decir “chivos expiatorios”.
La toma del control del municipio de Aguililla, Michoacán, por parte del Ejército, es otra de las noticias positivas que en materia de seguridad empiezan a generarse. Dicha acción es de trascendencia nacional, y lleva implícito un mensaje claro, o al menos así se puede interpretar. El significado de este operativo parece ser un cambio de dirección en la hasta ahora fallida política de seguridad implementada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de una manera errónea, en la primera mitad del sexenio se atrevió a decir que en el trato hacia la criminalidad y el delito su gobierno repartiría “abrazos y no balazos”, lo cual, por supuesto, se interpretó como un estímulo a la impunidad y el crimen.
El municipio de Aguililla, Michoacán, se caracterizó por ser una especie de lugar sin ley y tierra de nadie, es uno de los sitios del país en los que las organizaciones delictivas han mantenido el control durante años. A tal grado llegó la situación, que ni corporación policial municipal tiene en la actualidad ese municipio. La ingobernabilidad imperante en vastas zonas y regiones del país es una realidad inocultable, para comprobarlo basta analizar los constantes acontecimientos que han venido ocurriendo en Guanajuato, Zacatecas, Quintana Roo, Michoacán, Colima, Sonora, -incluso Chihuahua-, entre otros estados.
El avance de las acciones delictivas ha sido notorio en los tres años del actual gobierno, lo que ha provocado reiterados reclamos y exigencias planteados al gobierno por empresarios, periodistas y miembros de la sociedad civil. Por ello, el operativo militar desplegado para recuperar el orden y la paz en Aguililla, Michoacán, genera la impresión de que el gobierno lopezobradorista por fin ha decidido asumir su papel como garante de la seguridad y el Estado de derecho. El rescate de Aguililla, Michoacán, era un paso obligado, como también lo es la restauración de la gobernabilidad y el orden en otros lugares del país.
