Expertos opinan sobre los probables resultados colaterales en materia de seguridad estatal y de reacción interna que puede acarrear la futura sentencia a Joaquín Guzmán Loera
Con la posible condena a cadena perpetua del capo del Cártel de Sinaloa,Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, hay varios factores que preocupan y que pudiesen hacerse presentes en lo que respecta a la seguridad estatal; sin embargo, Tomás Guevara, sociólogo investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sostuvo que la noticia del veredicto para el Chapo no es una sorpresa, pues «esto ya se sabía prácticamente desde que lo extraditaron».
El investigador argumentó que es un hecho que se veía venir y que de alguna manera la gente involucrada en este fenómeno ya está preparada para ello: «Solamente se trataba de confirmar la culminación del proceso», agregó, haciendo referencia al proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos el capo sinaloense.
Expectativas
Atendiendo a los efectos colaterales que esta noticia simboliza para la seguridad social, Guevara dijo que «el efecto que puede haber es impredecible».
Respecto a la posibilidad de una contienda interna o de mando ante el encierro de por vida al Chapo, el sociólogo indicó que, de ser una posibilidad, ya se hubiera manifestado. Conforme a si los grupos delictivos «vayan a pulverizarse o dividirse por el control», planteó que, de ser así, «ya hubiera empezado desde hace mucho; sin embargo, no es así».
Sobre una posible disputa territorial y de operaciones de Sinaloa por parte de otros grupos delictivos del país, lo consideró una probabilidad poco viable:
Podría pensarse que otros cárteles podrían extender un dominio en nuestra entidad, lo cual es poco probable
Comentó que hay expectativas en el aire, entre ellas que «el juicio lastima y lesiona al cártel», pero refirió que estos «son los riesgos que se corren y son las cosas que pueden suceder», refiriéndose al mundo jerárquico del crimen organizado.
Añadió que pudiera existir un repliegue por parte de los grupos de delincuencia y que esto podría visualizar cómo termina por resolverse la política que en materia de seguridad pública ha diseñado el Gobierno federal.
Descenso
Como resultado alterno a esta declaratoria del sistema de justicia norteamericano, Tomás Guevara apuntó a que existe una hipótesis de disminución en las tasas de criminalidad relativa a este tipo de crímenes y lo que conllevan:
Hay posibilidades más bien de que ahora empecemos a vivir un periodo de una disminución, como lo han estado manifestando los datos del Semáforo Delictivo
Hablando estadísticamente, el experto precisó: «Hay una disminución en homicidios de alto impacto y hay una tendencia de ir aminorando. Ya no estamos en la lista de los primeros cinco estados con mayor número de homicidios. El nuevo proyecto de Gobierno federal, la nueva estrategia de seguridad pública, el juicio y condena del Chapo, todo esto a la larga va a traer una contracción del delito de alto impacto para nuestra entidad».
Desplazamiento
Acerca de una vertiente que pudiera reflejarse en materia de seguridad, Guevara planteó la posibilidad de que se redirijan los delitos para otras diligencias; es decir, que quienes realizaban acciones para el crimen organizado replanteen sus actividades en otro tenor, afectando quizá al medio social:
«El problema que podría surgir es a partir de estos grupos delincuenciales que se quedan desprotegidos por esta contracción propia de los grupos del crimen organizado, los grupos minúsculos periféricos al Cártel de Sinaloa que se quedan desprotegidos y sin posibilidades, podría verse un aumento del delito común».
Considerando que la entidad se «encuentra en un proceso de disminución de la violencia de alto impacto», el sociólogo prevé que por otro lado exista un aumento en la inseguridad para el cuidando común y corriente:
«El efecto sobre el caso del Chapo no será tan de alto impacto, más bien creo que tranquilizará las aguas y las cosas se mantendrán así por algún tiempo».
Respecto al mando que pudiera ejercer Guzmán Loera desde la situación en la que se colocará, el diagnóstico es incierto, platicó Guevara. Para ello, pudiese dar «algún punto de vista o dar una instrucción», aceptó.
De que habrá oportunidad, la va a tener. ¿Qué tanto efecto tendrá sobre la dirección de los grupos de crimen organizado?, es incierto
Conflicto
Por su parte, el politólogo Ernesto Hernández Norzagaray planteó que la parte que corresponde al conflicto que puede representar esta decisión (veredicto) ya tuvo solución:
Ya se dio lo que podía haber sido una amenaza. Creo que la parte que tiene que ver con la conflictividad está resuelta
Observó también que la responsabilidad en cierta parte está por medio del gobierno extranjero, y en este recae el compromiso:
El hecho de que sea una corte que se encuentra en la ciudad de Nueva York deja a la vista que no son las autoridades de este país las que están sentenciando al Chapo
Conforme a la expectativa de un atentado a la seguridad del estado por peleas entre cárteles, consideró que no hay señales o pruebas y que se remitirían a otras esferas: «No veo ningún indicio de una disputa interna en el estado o en las áreas que tradicionalmente habían sido del Cártel de Sinaloa. Me parece que las reacciones, si es que las hay, van a ser en otro nivel».
Procesos
De acuerdo con las declaraciones, las pruebas y los datos que se recabaron durante el proceso del juicio, Ernesto Hernández Norzagaray enfatizó que, aunque se habla de otra jurisdicción judicial, la información que se generó a través de los testigos que se presentaron a juicio y las evidencias que aportó la misma corte, en conjunto se reúnen en «un expediente bastante grueso», lo cual de alguna manera «será un punto de partida para que procedan las instancias competentes del país», en cuanto a lo que atañe a México.
«Es un expediente muy sustancioso y es un referente muy importante de decisiones que se manejan en materia de persecución del delito y también la definición de una política pública en materia judicial», recalcó, haciendo hincapié en la jurisdicción mexicana y su actuar con base en este archivo de pruebas y situaciones que se englobaron en el juicio.
En este tenor, consideró el analista que el principal cuestionamiento es si realmente se atenderán estos señalamientos que «competen a la nación mexicana».
Con base en esta responsabilidad judicial, aseveró que son hechos que no se pueden ignorar y que incita a ser atendido:
«No se puede hacer caso omiso de ello. Da pie para ventilar asuntos que durante mucho tiempo no habían sido tocados», añadió finalmente Hernández Norzagaray.
