“Los escoltas no son para traer el súper”: transparencia urgente en el uso de la policía
En una ciudad donde la inseguridad dejó de ser percepción para convertirse en rutina diaria, el debate sobre el uso de los cuerpos policiacos no es menor. Las patrullas que no llegan, los tiempos de respuesta que se alargan y la sensación de vulnerabilidad en colonias enteras contrastan con una realidad que incomoda: policías asignados como escoltas de funcionarios.
La diputada Brenda Ríos puso el tema sobre la mesa con una frase que, más que crítica, refleja el hartazgo ciudadano: “La policía no está para hacer mandados ni para traer el súper. Está para cuidar a la gente”. No es una ocurrencia ni un ataque político aislado; es una exigencia que conecta con una pregunta de fondo: ¿se están usando correctamente los recursos públicos destinados a la seguridad?
El exhorto presentado por el Grupo Parlamentario de MORENA al Ayuntamiento de Chihuahua no acusa, pero sí incomoda. Solicita algo elemental en cualquier democracia funcional: información. ¿Cuántos elementos están asignados como escoltas? ¿Con qué criterios? ¿A costa de qué zonas o colonias que podrían estar quedándose sin vigilancia? Y, si hay seguridad privada de por medio, ¿quién la paga y bajo qué condiciones?
La discusión no gira en torno a si los funcionarios deben o no tener protección —en ciertos casos puede ser necesaria—, sino en torno a la opacidad. Porque cuando no hay claridad, crece la sospecha. Y cuando la sospecha se instala en temas de seguridad, la confianza institucional se erosiona aún más.
Chihuahua enfrenta una realidad compleja en materia de seguridad. En ese contexto, cada elemento cuenta. Cada patrulla, cada turno, cada agente. Destinar policías a tareas ajenas a su función esencial no solo es un despropósito administrativo; puede ser, en los hechos, una omisión que cuesta tranquilidad —o algo más— a la ciudadanía.
Ríos lo plantea sin rodeos: no se trata de señalar culpables, sino de ordenar prioridades. Y hoy, la prioridad debería ser evidente: más presencia en las calles, no más privilegios en lo privado.
La seguridad no puede ser un lujo diferenciado. Es un derecho. Y como tal, exige gobiernos que no solo administren recursos, sino que también rindan cuentas sobre cómo —y para quién— los utilizan.
