La jueza Lauren F. Louis ordenó que el exgobernador chihuahuense César Duarte sea extraditado a México, ocurriría entre 40 a 60 días, mientras que en dicho período el acusado podría apelar la decisión.
Esto ocurrió al final de la última audiencia con motivo de la solicitud de extradición por parte de las autoridades mexicanas en la Corte Federal de Miami, Florida.
En este plazo de 60 días que tienen para extraditar a César Horacio Duarte Jáquez, su defensa puede promover una apelación para impedir que lo lleven a México o cambiar las condiciones.
En la audiencia la defensa del acusado acusó a las autoridades en Chihuahua de forzar los testimonios de los ciudadanos que testificarían contra César.
La jueza declaró que el imputado «cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos», a favor de la Fiscalía estadounidense que representa la solicitud de las autoridades mexicanas.
En julio del 2019, hace seis meses, cuando detuvieron al chihuahuense en un lote de venta de autopartes en Miami, Florida, donde residía, en calidad de prófugo de la justicia chihuahuense.
Cabe mencionar que Duarte es acusado en Chihuahua por liderar una estructura para desviar recursos públicos y enfrentaría 21 órdenes de aprehensión que se le imputan.
Según el Gobierno del Estado de Chihuahua, en caso de que extraditen a César Duarte a México, deberá entregarlo a los jueces chihuahuenses, pues la solicitud de extradición de la SRE y la FGR contempla que es un caso en el cual la Fiscalía General del Estado de Chihuahua es una carga.
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La decisión de entregar a Duarte a México no corresponde al Poder Judicial, sino al Poder Ejecutivo por medio del Departamento de Estado, cuyo nuevo titular, Antony Blinken, fue confirmado hoy por el Senado.
Duarte puede apelar la certificación de la jueza Louis ante la Corte Federal de Apelaciones del Décimo Primer Circuito con sede en Atlanta, que tomaría varios meses para resolver y difícilmente revocará el fallo de primera instancia.
Sobre los alegatos de Duarte de que es víctima de persecución por su sucesor, el panista Javier Corral, y de que éste ha presionado a testigos, el Fiscal consideró que ese tema es propio hacer de la defensa que tendrá que en Chihuahua, pero no de un proceso de extradición, en el que no se está juzgando al acusado
intervención del Fiscal se centró en convencer a la jueza de que existe causa probable sobre la responsabilidad de Duarte, porque tenía capacidad de mando para disponer de los recursos, porque estos fueron desviados de su propósito, y porque los montos fueron superiores a 500 días de salario mínimo, previstos en el Código Penal de Chihuahua para el peculado agravado