_ Importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere la voz ciudadana y las manifestaciones en contra del “Plan B”_
– 1.5 millones de mexicanas y mexicanos se manifestaron a favor de las instituciones y de la democracia
Chihuahua, Chih.- A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Isela Martínez Díaz, presentó una proposición para solicitar que se reconozca a la ciudadanía que participó en la concentración a favor del Instituto Nacional Electoral (INE), así como exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que considere durante el análisis de las reformas denominadas «Plan B» los aspectos sociales y jurídicos que motivan estas manifestaciones en contra.
La legisladora calificó las movilizaciones realizadas el pasado domingo 26 de febrero como un momento histórico, en el que más de 1.5 millones de mexicanos, en 121 ciudades de la República Mexicana y 2 en el extranjero, alzaron la voz en favor de la democracia, la libertad y las instituciones electorales.
Destacó que las concentraciones se realizaron en un ambiente familiar, pacífico y de unidad, lo que refleja el verdadero sentir de la ciudadanía sobre la serie de reformas denominadas «Plan B», que el Presidente intenta imponer y que tienen como propósito adelgazar la estructura del INE con graves consecuencias como la eliminación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que limita la posibilidad de informar a la ciudadanía sobre los logros de los gobiernos y las instituciones.
De igual forma, Isela Martínez respondió a las acusaciones realizadas por López Obrador contra las y los asistentes a estos eventos, señalando que son ciudadanas y ciudadanos preocupados por la democracia y las instituciones del país, dignos de ser reconocidos por su participación, y no «delincuentes» y «mapaches electorales», como él declaró.
La diputada remarcó que la sociedad civil organizada anunció por diversos medios de comunicación que se presentarán acciones de inconstitucionalidad, con el fin de que la SCJN analice el llamado “Plan B” e invalide estos cambios que representan la vulneración de las libertades un grave retroceso en la democracia de México, por lo que hizo hincapié en la necesidad de hacer un llamado al Máximo Tribunal Constitucional del país para que considere la voz de la ciudadanía en este importante tema.
