Los cargos se centran en los pagos realizados durante la campaña presidencial de 2016 para acallar las denuncias de un encuentro sexual extramatrimonial. Además, representan un desarrollo extraordinario después de años de investigaciones sobre los tratos comerciales, políticos y personales de Trump.

La acusación impulsa a una fiscalía de distrito local al corazón de una contienda presidencial y marca el comienzo de un proceso penal en una ciudad que el expresidente llamó su hogar durante décadas. Al llegar en un momento de profundas divisiones políticas, es probable que los cargos refuercen los puntos de vista tanto de quienes creen que ya era hora de que el exmandatario rindiera cuentas, como de aquellos que, como Trump, sienten que el republicano está siendo atacado con fines políticos por un fiscal demócrata.

Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa en numerosas ocasiones, se refirió a los cargos formales como una «persecución política» y pronosticó que perjudicaría a los demócratas en 2024. En un comunicado en el que confirmaron los cargos, sus abogados Susan Necheles y Joseph Tacopina, afirmaron que Trump «no cometió ningún delito. Lucharemos vigorosamente contra este proceso político en los tribunales».

Un portavoz de la fiscalía de distrito de Manhattan confirmó la acusación y dijo que los fiscales se habían comunicado con el equipo de defensa de Trump para concertar su entrega. Una persona familiarizada con el asunto, que no estaba autorizada a discutir un proceso que se encuentra bajo precinto, dijo que se esperaba que la entrega se hiciera la próxima semana. El fiscal de distrito Alvin Bragg salió de su oficina el jueves por la tarde sin hacer comentarios.

El caso se centra en acusaciones bien documentadas de un periodo de 2016 durante el cual el pasado de celebridad de Trump chocó con sus ambiciones políticas. Los fiscales examinaron el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels y a la exmodelo de Playboy Karen McDougal, de quienes temía que hicieran públicas las afirmaciones de que habían tenido encuentros sexuales extramatrimoniales con él.

EN PLENO CAMINO RUMBO A LA CASA BLANCA

El momento de la acusación pareció sorprender a los funcionarios de la campaña de Trump luego de los reportes noticiosos de que probablemente faltarían semanas para presentar cargos penales. El expresidente estaba en Mar-a-Lago, su propiedad en Florida, el jueves y había filmado una entrevista con un comentarista conservador.

Para un hombre cuya presidencia estuvo definida por saltarse las normas, la acusación abre camino a otro espectáculo nunca antes visto. Requerirá que un expresidente -y actual aspirante- luche simultáneamente por su libertad y su futuro político al mismo tiempo que se defiende de otras amenazas legales potencialmente más peligrosas, incluidas investigaciones sobre los intentos de él y de sus aliados de anular los resultados de las elecciones de 2020, así como sobre el resguardo de cientos de documentos confidenciales.

Hasta hace poco, Nueva York había sido vista como una candidata poco probable para ser el primer lugar para enjuiciar a Trump, quien continúa enfrentando investigaciones en Atlanta y Washington que también podrían resultar en cargos. A diferencia de esas investigaciones, el caso de Manhattan se refiere a la conducta de Trump antes de convertirse en presidente y no está relacionado con los intentos de anular una elección presidencial.

Mientras busca reafirmar el control del Partido Republicano y mantener a raya a una gran cantidad de exaliados que buscan la nominación presidencial o se opondrán a que él la obtenga, la acusación prepara el escenario para una imagen sin precedentes: un expresidente al que le toman sus huellas dactilares y una foto para su ficha policial, y luego enfrentar la lectura de cargos y posiblemente un juicio penal. Por razones de seguridad, se prevé que sea fichado en un proceso cuidadosamente coreografiado para evitar aglomeraciones dentro o fuera del juzgado.

Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que había sido investigado por dos fiscales anteriores que se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.

En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.

El destino de la investigación de los pagos para comprar el silencio de las dos mujeres parecía incierto hasta que a principios de marzo comenzó a circular la noticia de que Bragg había invitado a Trump a testificar ante el jurado investigador, un indicio de que la fiscalía estaba cerca de presentar cargos.

Los abogados de Trump rechazaron la invitación, pero un abogado muy allegado al expresidente testificó brevemente en un intento de socavar la credibilidad del exabogado de Trump, Michael Cohen.

El propio Trump había generado expectativas de que sería acusado pronto, al emitir una declaración a principios de mes en la que predijo un arresto inminente y llamó a sus seguidores a protestar. No repitió ese llamado en una nueva declaración el jueves, pero el Departamento de Policía de Nueva York les dijo a sus 36 mil oficiales que estuvieran completamente movilizados y listos para responder a cualquier posible protesta o disturbio.

Hacia el final de la campaña presidencial de 2016, Cohen le pagó a Daniels 130 mil dólares para que guardara silencio sobre lo que asegura se trató de un encuentro sexual con Trump 10 años atrás, luego de haberse conocido en un torneo de golf para celebridades.

La compañía de Trump, la Organización Trump, le reembolsó el monto a Cohen y también lo recompensó con bonos y pagos adicionales que fueron registrados internamente como gastos legales. A lo largo de varios meses, según Cohen, la compañía le pagó 420 mil dólares.

Antes de eso en 2016, Cohen también había hecho arreglos para que el editor del tabloide National Enquirer le pagara a la modelo de Playboy Karen McDougal 150 mil dólares para silenciar su historia de una aventura con Trump.

Los pagos a las mujeres tenían la intención de comprar su silencio, pero resultaron contraproducentes casi de inmediato cuando los detalles de los arreglos se filtraron a los medios de comunicación.

Los fiscales federales de Nueva York finalmente acusaron a Cohen en 2018 de violar las leyes federales de financiamiento de campañas, argumentando que los pagos equivalían a una ayuda inadmisible para la campaña presidencial de Trump. Cohen se declaró culpable de esos cargos y de cargos de evasión de impuestos no relacionados, y cumplió condena en una prisión federal.

Trump fue implicado en documentos judiciales por tener conocimiento de los arreglos, pero los fiscales federales en ese momento se negaron a presentar cargos en su contra. El Departamento de Justicia tiene una política añeja de que es probable que sea inconstitucional enjuiciar a un presidente en ejercicio ante un tribunal federal.

Donald Trump dijo hoy que no puede tener un juicio justo en Nueva York, horas después de que se conociera su imputación.

En su red Truth Social, Trump, que previamente había cargado contra el Partido Demócrata y el presidente Joe Biden, atacó a la imparcialidad del tribunal neoyorquino que lo tiene que juzgar.

«Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mi porque yo estoy con el Pueblo Americano -escribió-, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York», escribió.

Tramas

El caso de pagos por silencio no es el único proceso en el que el polémico Trump, de 76 años, se ha visto envuelto:

*Uno de los casos más importantes es en el que el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Trump en el asalto al Capitolio, más otra separada por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago.

*Otro caso penal es en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

*Más allá de los procesos dirigidos directamente contra Trump, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a varios de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar.