(EFE).- Cuando el rugido de los motores y los gritos despertaron una mañana a Daniel Messe, este pescador nigeriano salió tambaleándose de su casa y se topó con las excavadoras anfibias que, desde el pasado diciembre, derruyen por orden de las autoridades los hogares y medios de vida de miles de personas en el mayor asentamiento informal flotante del mundo.
“Se acabó. Lo hemos perdido todo. Todo lo que teníamos, todo lo que conocíamos, se ha ido”, dice a EFE este hombre de 47 años mientras intenta rescatar algunas de sus pertenencias que ahora flotan en el agua, después de que la chabola de madera en la que vivía quedara hecha añicos también.
“¿Por dónde empiezo? ¿A dónde voy? Ni siquiera encuentro mi red de pesca”, se lamenta con los ojos vidriosos.
La barriada flotante de Makoko, llamada “la Venecia de Nigeria”, se considera el mayor asentamiento informal flotante del mundo y nació hace más de cien años como una localidad pesquera en la laguna de Lagos, separada del océano Atlántico por una larga lengua de arena.
En esta comunidad costera cercana a la capital, estrechos pasillos y puentes improvisados conectan tiendas, pequeños negocios y las viviendas de miles de personas, construcciones de madera con techos de zinc corrugado levantadas sobre pilones entre los que navegan pequeñas embarcaciones.
Aunque no existen datos oficiales sobre su población, ésta se sitúa -según medios locales- en unas 300.000 personas, incluyendo a diferentes comunidades étnicas de Nigeria y a migrantes de Togo y Benín.
La vida es vibrante, pero difícil, con acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento y electricidad.
Vidas en ruinas
Las vistas de la barriada se han tornado ahora en ruinas y montañas de tablones de madera, trozos de redes pesqueras y utensilios personales de los vecinos, desde que el gobierno del estado de Lagos inició el pasado diciembre una operación para desalojar el barrio.
Las autoridades alegaron preocupaciones de seguridad, ya que muchas de las viviendas están cerca de cables de alta tensión.
Los vecinos, sin embargo, denuncian que no se les avisó con suficiente antelación y que no se les ofreció ningún lugar a dónde ir. Miles de ellos han quedado sin hogar y sin medios para sobrevivir.
“Lo perdí todo en la demolición: mi casa, mis herramientas, mis sueños. Todo por lo que he trabajado ha desaparecido en la laguna. Estoy durmiendo en la iglesia con mi familia desde entonces, porque no tengo a dónde ir”, explica a EFE el aserrador David Ahodji, de 33 años y padre de tres hijos.
“Algunas familias ahora duermen en barcos, incluso con bebés. No es un crimen ser pobre, nuestras vidas también importan”, asevera, sentado en un colchón con su mujer y sus dos hijos pequeños.
También lo ha perdido todo Ayinde Roderick, fundador de dos escuelas flotantes para niños huérfanos en Makoko, que también han sido derruidas, mientras muchos de estos menores se han visto desplazados, como en otros colegios de la zona.
“Aplicamos el mismo plan de estudios que el resto de escuelas del estado, así que, cuando llegue la época de los exámenes públicos, nuestros estudiantes no podrán hacerlos”, lamenta
Según Roderick, al menos diez personas han muerto desde que empezaron las demoliciones, incluido un bebé que cayó de la barcaza en la que sus padres tuvieron que instalarse tras perder su casa.
Pero también algunas personas fallecieron, según él, por el gas lacrimógeno que la Policía empleó para reprimir a los más de mil manifestantes que marcharon este miércoles hasta la sede del gobierno de Lagos para protestar contra las demoliciones, aunque EFE no ha podido verificar estas muertes.
¿Una medida de seguridad?
Los vecinos aseguran que las autoridades les dijeron que solo demolerían las viviendas cercanas a los cables de alta tensión, pero incumplieron esa promesa.
“Esta no es forma de tratar a la gente. Demolieron estas estructuras a pesar de una orden judicial que les pedía que no lo hicieran. Colegios y clínicas fueron también destruidos”, declara a EFE Robert Egbe, que trabaja en una ONG local.
“Lo que esta gente necesita es un sentido de pertenencia mediante la provisión de servicios básicos. Esto es un ataque contra los pobres”, señala.
Pero las autoridades defienden sus acciones y argumentan que se trata de una medida para proteger vidas, el medio ambiente y la seguridad del Estado.
“Ningún gobierno responsable en ningún lugar del mundo permitiría que la gente viva directamente debajo de cables de alta tensión ni que obstruya vías fluviales vitales”, afirma a EFE Gbenga Omotosho, comisionado de Información de Lagos.
“No son acciones punitivas. Son preventivas: para salvar vidas, mitigar desastres y asegurar el futuro de Lagos”, insiste, al argumentar llevan años dialogando con la comunidad sobre este asunto.
El pescador Messe discrepa de la versión oficial y cree que sencillamente pagan el “pecado” de “ser pobres”.
Yinus Buhari
(c) Agencia EFE
