Camille CAMDESSUS
La Unión Europea debe abrir este martes una vía para que los países del bloque implementen centros de retorno de migrantes no aceptados, luego de la presión de varios gobiernos para facilitar y acelerar las deportaciones.
La Comisión Europea planea presentar un propuesta de reforma del sistema de retornos de la UE, incluida una extensión de los poderes de las autoridades nacionales para bloquear a migrantes irregulares.
Los datos muestran que menos del 20% de los inmigrantes que reciben la orden de retornar a sus países de origen lo hacen realmente.
«Para que cualquier sistema de gestión de migración funcione, debe tener una política creíble y efectiva en la devolución» de personas, sostiene un borrador de la propuesta al que AFP tuvo acceso.
«Cuando las personas sin derecho a permanecer siguen en la UE, todo el sistema de migración y asilo se ve socavado», agrega el documento.
La presión sobre este asunto promovió un evidente avance electoral de partidos de la derecha en todo el bloque, y ello se transformó en exigencias políticas.
Impulsados por países favorables a una mano dura con la inmigración -como Suecia, Italia, Dinamarca y Países Bajos-, dirigentes de la UE pidieron en octubre pasado una nueva normativa para acelerar el retorno de inmigrantes indeseados.
El borrador consultado por la AFP incluye la propuesta de un dispositivo que permite a los países del bloque implementar ‘centros de retorno’ fuera del territorio de la UE, donde nuclear a los inmigrantes previo a su traslado.
La idea es que sean los países quienes implementen esos centros y no la UE en sí misma.
Así, cada miembro del bloque tendría que alcanzar acuerdos con otros países que no pertenezcan a la UE para implementar esos centros.
Además, propone el reconocimiento mutuo entre los países del bloque sobre decisiones sobre el tema. Así, una decisión tomada en Austria deberá aplicarse en España o Portugal.
– Control –
El comisario europeo de Interior y Migración, el austríaco Marcus Brunner, dijo que las medidas propuestas permitirán que los habitantes del bloque sientan «que tenemos control de cuanto sucede en Europa».
Sin embargo, Camille Le Coz, del grupo de reflexión política Instituto Europeo de Política Migratoria, apuntó que la propuesta aún incluye cuestiones que no están resultas, como el de la administración de los centros de retorno.
«¿Quién los financiará? ¿Habrá dinero europeo, con qué país, para qué perfil?», se preguntó, para añadir que en su opinión es poco probable que haya en realidad una multiplicación de esos centros.
Para entrar en vigor, esta propuesta debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. El tema es altamente sensible, tanto político como legal, desacuerdos entre veintisiete.
España rechaza este proyecto, temiendo que no respete los derechos humanos. En cambio, los países escandinavos y Países Bajos presionan para la creación de estos centros, incluso con la esperanza de poder poner la iniciativa en marcha ya en breve.
«Hemos probado otros sistemas durante años, y no funcionan», argumentó Johan Forssell, el ministro sueco de Migración, a la AFP.
Olivia Sundberg Diez, de Amnistía Internacional, apuntó que los centros de retorno se tornarán el centro de problemas legales. «Podemos esperar litigios prolongados, probablemente centros costosos que queden vacíos o que vivan en un limbo», comentó.
Es lo que ha ocurrido con una iniciativa lanzada por Italia, para reunir migrantes no aceptados en un centro en Albania, y que sin embargo está trabado en tribunales.
Las ONG para proteger los exiliados están claramente en contra de la propuesta.
Silvia Carta, de la oenegé Picum, apuntó que exista el riesgo es que haya «más personas encerradas en los centros de detención en Europa, que haya familias separadas y que haya personas enviadas a países que ni siquiera conocen».
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