Iniciaremos La Columna de este domingo con cinco párrafos textuales sobre un hecho escalofriante cometido por agentes policiacos contra tres jóvenes cuyas familias no han sabido más de ellos. La posibilidad menor es que estuvieran vivos.
Adquiere hoy relevancia fundamental para Juárez aquel caso porque guarda similitudes del 99 por ciento con la historia de terror que sufren las familias de varios muchachos de esta frontera desaparecidos en condiciones extraordinariamente similares.
Vamos pues con aquellos cinco párrafos contenidos en un boletín emitido por la Fiscalía General del Estado. Fecha: 3 de abril del 2019.
“Agentes del Ministerio Público adscritos a la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General del Estado demostraron de manera fehaciente que dos exjefes de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) participaron en la desaparición de tres jóvenes en la ciudad de Cuauhtémoc”.
“Después de 12 horas de audiencia, un Tribunal Colegiado emitió el fallo condenatorio en contra de Jesús Cortés Jiménez e Israel Córdova Castro declarados penalmente responsables del delito de Desaparición Forzada de Personas”.
“Los condenados tenían posición de mando dentro de la Dirección de Seguridad Pública cuando ocurrió la desaparición de Jesús Manuel Guaderrama Cisneros, Daniel Valladolid Martínez y Leonardo Arcos Mora la noche del 9 de junio de 2017, en la colonia La Ciudadela”.
“Tras la deliberación de los jueces, la directora de Control Interno de la FGE, Erika Jasso Carrasco, dio a conocer que en todo este tiempo las familias de las víctimas estuvieron atentas al seguimiento de las investigaciones que se llevaron a cabo, siempre apegadas a la verdad”.
“Más que obtener un fallo condenatorio contra los elementos, sería más conveniente que ellos accedieran a decirnos realmente qué fue lo que sucedió y poder dar con el paradero de los desaparecidos, expresó la funcionaria”.
No tiene desperdicio una sola palabra de esas líneas porque en aquellas fechas operaba una estructura policiaca con el mismo gobernador del estado al frente, Javier Corral Jurado, y el mismo jefe titular de la Fiscalía que permanece ahora, César Augusto Peniche; además con un plus hoy: colocaron toda una Secretaría de Seguridad Pública, con presupuesto por cientos de millones de pesos, para que operara en directo a la CES.
La noticia sobre la sentencia recorrió todo el país porque fue la primera en su tipo para el concepto de desaparición forzada, una mancha indeleble contra la Policía Estatal de Chihuahua que ni por tal razón movió un milímetro a Corral y sus funcionarios del área hacia la creación de protocolos y candados indispensable que impidieran la repetición de sucesos semejantes.
De junio del 2017 que fueron desaparecidos los jóvenes en Cuauhtémoc a la fecha son innumerables los casos que involucran a policías estatales en casos delictivos de toda índole, incluido el que durante los últimos días ha ocupado los titulares de varios medios electrónicos y el impreso de El Diario, justo la desaparición de Fátima Guadalupe López, de apenas 18 años de edad; e Irving Valenzuela, de 27 años.
Fueron levantados el 27 de diciembre por un grupo de agentes miembros de la Comisión Estatal de Seguridad en Juárez bajo el mando de Ricardo Realivázquez. Cinco de los policías están prófugos.
Las familias y amigos de Fátima e Irving presentaron los reportes por “ausencia” tanto en la Fiscalía de Justicia como la correspondiente a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM).
Hubo coincidencias entre testigos sobre el involucramiento de los elementos policiacos en la retención. Casualmente en esos días Realivázquez salió con la rareza de que habían sido detenidos miembros del crimen organizado con indumentaria y accesorios tácticos iguales a los de la CES, Secretaría de Seguridad Estatal. ¿Futura justificación? Posiblemente.
El 6 de enero la familia de Irving presentó ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos una queja directamente contra los policías por “detención ilegal y desaparición forzada”.
Ya no había duda a esas alturas sobre la responsabilidad de la CES y muy posiblemente de sus mandos. Los propios agentes investigadores encargados fueron objeto de seguimiento y acoso. El 7 de enero fue registrada una agresión contra elementos de la Fiscalía de la Mujer. Nada que ver con películas o series de horror. La realidad cruda.
Llegaron hasta las instancias judiciales los tentáculos del grupo policiaco-delictivo que no debe ser pequeño. Inicialmente fue negada una orden de aprehensión contra los agentes, lo que les permitió huir.
El 12 de enero fueron hallados tres cuerpos muy al suroriente de la ciudad en parajes desérticos cercanos Senderos de San Isidro y la etapa tres de UrbiVilla. Fuentes extraoficiales dentro de la propia Fiscalía identificaron a dos como los detenidos por los policías.
Gran parte de la información que ha conocido la luz pública ha surgido de la Comisión de Derechos Humanos, de las pesquisas iniciadas por las familias de las víctimas y por el trabajo periodístico.
Salvo la aceptación inicial del secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, sobre la participación de Asuntos Internos para investigar los hechos ni una palabra ha sido dicha por Javier Corral, César Peniche, la Fiscalía de la Mujer y todas las áreas respectivas hacia abajo.
Precisamente mientras esa historia de terror seguía su curso, en Juárez el gobernador y todos los funcionarios de su gabinete sostenían reuniones secretas para atender asuntos que no incluyeron ni por asomo el caso de los muchachos desaparecidos por sus policías.
Corral estuvo domingo, lunes y martes en esta frontera. También los miembros del llamado gabinete de seguridad. Ni un ofrecimiento de ayuda a las aterradas familias de las víctimas, ni una declaración sobre las indagatorias, ni una esperanza de justicia y/o contra la impunidad.
Evadieron el tema por razones de mera conveniencia, por preservar una supuesta imagen positiva de la que carecen hace ya mucho tiempo; por irresponsabilidad proverbial.
De ninguna manera reconocerán públicamente el sonado fracaso en materia de seguridad pública que muchísimo tiene que ver justo con el abandono a las corporaciones policiacas del estado. Muchos de sus elementos han cambiado de bando sin entregar charola, armas ni uniforme.
Corral ha preferido pasar las últimas semanas persiguiendo ferozmente y por todas partes a su compañera de partido, María Eugenia Campos, que cumplir con su función como gobernador al menos por los meses que le restan a su período. La vergüenza no es algo que conozca y por lo tanto que le preocupe. Trata por todos los medios de evitar que obtenga ella la gubernatura.
Siguen fuera de su agenda los grandes temas que cotidianamente deben enfrentar los chihuahuenses. Es ajeno por completo al dolor que embarga hoy a las familias y amigos de Irving y Fátima.
Su falta de preparación como político, como servidor público, le impide la autocrítica y el sentimiento humano al menos de solidaridad con las familias de los más de 10 mil chihuahuenses asesinados a lo largo de los cuatro años y meses que lleva al frente del cargo.
Peor cierre de una administración estatal como este no era imaginable, de ahí la exigencia generalizada de que se vaya antes que concluya.
