Por: Raymundo Riva Palacio

El golpe contra Ricardo Anaya fue seco y a la cabeza. Un abogado que dijo actuar en representación de dos personas cuya identidad reservó, denunció en nombre de ellos que el candidato presidencial es responsable del delito de lavado de dinero por haber simulado la venta de una nave industrial y quedarse con 55 millones de pesos, mediante una triangulación de recursos a través de paraísos fiscales en dos continentes. La primera respuesta de Anaya es que la acusación era “de risa loca”, pero la verdad es que suspendió su campaña y se metió a revisar con sus asesores políticos y abogados la forma como responder. La respuesta fue, como siempre, un blitz mediático para reiterar que una vez más que se trataba de una guerra sucia del PRI. Paralelamente, el presidente del PAN, Marcelo Torres, pidió una cita de urgencia con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, a quien le repitió el mismo alegato. El secretario, según trascendió, rechazó las acusaciones y subrayó que el tema había nacido de una denuncia en la PGR.
Anaya está viendo los altos costes de su lucha por la Presidencia. El formato de la denuncia, se podría argumentar, fue cuidado por alguien que entiende de medios, al convocar a una conferencia de prensa a las ocho de la mañana, justo para que alcanzara a entrar en los noticiarios de radio matutinos y comenzar a generar ruido político, a fin de establecer la agenda y controlar los ciclos informativos. La ola matinal se convirtió en tsunami el martes y se prolongó al miércoles, tras lo cual, pese a la defensa que hizo Anaya de sí mismo, quedó el olor de ilegalidades impregnado en la campaña. No es la primera vez que lo acusan de acciones ilegales por asuntos inmobiliarios opacos, pero sí es totalmente diferente y de mayor envergadura la acusación porque fue hecha por quienes presuntamente realizaron la ingeniería financiera del crimen, cuyos dichos podrán ser verificados. Las posibilidades de que este sea el principio de su descarrilamiento, son grandes.
La historia no comienza ni termina –cuando menos por ahora– en Anaya. El prólogo de este escándalo se empezó a escribir hace varios meses, cuando la PGR inició una investigación a la empresa Tesorem, en Guadalajara, que se dedica a la creación de mecanismos financieros para poder evadir impuestos, por la sospecha de que estaban lavando dinero. La investigación tuvo una consecuencia inesperada en enero, cuando el abogado fiscalista tapatío Joaquín Xamán McGregor acudió a la PGR para expresar que sus clientes, Alberto “N” y Daniel “N”, cuyas identidades están protegidas por la ley, querían aportar información sobre un caso que involucraba al candidato presidencial.
Los propietarios de Tesorem acudieron a la PGR a declarar ante el Ministerio Público Federal, y negoció que pudieran videograbar. Alberto y Daniel dijeron haber sido contratados por Manuel Barreiro Castañeda, un empresario de Querétaro, y que entre 2016 y enero de este año, realizaron operaciones financieras en paraísos fiscales cuya finalidad era hacer llegar 54 millones de pesos a Anaya. Dijeron que cuando los contrató, analizaron llevar el dinero a Uruguay, pero terminaron desechando ese mecanismo y optaron por Gibraltar, el territorio inglés en la punta de la península ibérica, que fue el primer paraíso fiscal que utilizaron. Después usaron instituciones en Canadá, Suiza y Turcos y Caicos.
En la declaración dijeron que fueron motivados a presentarse en la PGR porque habían detectado que estaban sujetos a una vigilancia permanente y que ya estaban recibiendo amenazas. Proporcionaron al Ministerio Público videos de las cámaras de seguridad de sus casas y empresa, donde se podían apreciar autos Aveo, azul y blanco –los colores del PAN, en una caprichosa ironía o, en un juego perverso–. Las autoridades comenzaron a investigar la propiedad de los automóviles, pero rechazó darles la seguridad que habían solicitado. La PGR profundizó la investigación y cateó las propiedades de Barreiro Castañeda. El empresario se esfumó, por lo que la PGR pidió esta semana una ficha roja a Interpol para su localización y detención con fines de extradición.
Los financieros expresaron a las autoridades que querían dar a conocer su caso a la opinión pública, ante lo cual no hubo ninguna objeción por parte de la PGR. La revelación de la denuncia la hicieron el martes a las ocho de la mañana, en una conferencia de prensa bastante inusual. Si fuera cierta esta versión y no fue una operación del gobierno para magnificar la difusión de la denuncia, tampoco hubo interés de las autoridades para que no lo hicieran público. El caso, hasta este momento, involucra directamente a los dueños de Tesorem y al empresario Barreiro Castañeda. El vínculo criminal con Anaya es la venta de la nave a una empresa de la que es socio el hoy prófugo de la justicia, y la declaración de Alberto y Daniel, que los millones que movieron por paraísos fiscales, terminaron en la empresa Juniserra, propiedad del candidato y de su familia política.
Anaya se defendió en su blitz mediático y dijo haber pagado todos sus impuestos. Es, en estos momentos, su palabra contra la de quienes lo imputan. El candidato podría dar a conocer sus declaraciones de impuestos y abrir todos sus ingresos, lo que no ha querido hacer. Pero aquí no sólo se está jugando la candidatura presidencial, sino también su libertad y la de su familia política. La transparencia, en estos momentos, no la retórica, es con lo que le puede dar la vuelta a todo.