Por [eduardo aredodo ]
El pasado fin de semana, el proyecto de justicia que alguna vez enarboló Javier Corral recibió otro golpe más, uno que, francamente, ya se veía venir. Un juez federal ordenó la devolución de una propiedad en Hidalgo del Parral a los hijos del exgobernador César Duarte. Sí, esa misma familia que fue el símbolo de la corrupción en Chihuahua… y también el blanco principal de una cruzada que, aunque necesaria, terminó siendo torpe, apresurada y, ahora lo sabemos, mal fundamentada.
La casa en cuestión fue de los primeros bienes asegurados al círculo cercano de Duarte. Pero al parecer, las prisas y la necesidad política de mostrar resultados llevaron al entonces gobernador Corral a proceder con más voluntad que técnica. Hoy, la resolución judicial no solo devuelve el inmueble, sino que exhibe los errores del proceso. No se trata de un tecnicismo ni de una trampa legal. Se trata de que las cosas se hicieron mal desde el principio.
Y aquí es donde Corral se queda sin excusas. Ya no puede culpar al gobierno estatal actual, ni hablar de protección a delincuentes. Esta vez, fue un juez federal —uno que no responde a intereses locales— quien tiró abajo otro de sus expedientes. Y no es el primero. Ya van varios casos que se caen por el mismo problema: falta de sustento jurídico.
Es fácil hacer escarnio del enemigo político, pero es mucho más difícil construir una carpeta de investigación sólida. Corral, acompañado por César Peniche desde la Fiscalía, pareció olvidar ese detalle. El resultado: una serie de casos que naufragan y una percepción creciente de que la famosa “Operación Justicia para Chihuahua” fue más espectáculo que efectividad.
Corral no necesita enemigos políticos. No cuando sus propios errores lo exhiben con tanta claridad. Porque al final, la justicia no perdona la improvisación.
