Esta medida se produce después de que modificara la medida cautelar del exgobernador César Horacio D. J., permitiéndole cambiar su reclusión en el penal de Aquiles Serdán por arresto domiciliario. La decisión inicial fue tomada debido al cumplimiento del plazo máximo constitucional de dos años sin sentencia para el exmandatario, quien estaba hospitalizado en ese momento.
Tras una audiencia posterior, se determinó que una vez dado de alta, el exgobernador sería trasladado al domicilio que su hijo había rentado para tal fin. La Fiscalía General del Estado solicitó el uso de un brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte como parte de las condiciones impuestas.
La jueza García Rodríguez enfrentó críticas por parte del exgobernador Javier Corral, así como comentarios desfavorables durante la mañanera presidencial de Andrés Manuel López Obrador, donde fue mencionada en la sección de «Jueces que favorecen a presuntos delincuentes». Esta situación podría haber influido en la decisión de la jueza de ausentarse temporalmente de la esfera política y mediática.
El fiscal general César Jáuregui ha enfatizado que la modificación de la medida cautelar de César Horacio D. J. no significa que el proceso penal en su contra por peculado agravado haya concluido. A pesar de estar bajo arresto domiciliario, el exgobernador aún enfrenta múltiples cargos, incluyendo otras 18 causas penales que el Estado está buscando agregar.
Esta situación sugiere que, aunque temporalmente en arresto domiciliario, César Horacio D. J. sigue siendo objeto de múltiples investigaciones y procesos legales que podrían afectar su situación jurídica en el futuro.
A raíz de las quejas presentadas por comerciantes de Ciudad Juárez, el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, se verá obligado a revisar las prácticas de los inspectores de Gobernación. Según el organismo Ciudadanos Unidos, los inspectores están visitando regularmente bares, cantinas, terrazas y antros los fines de semana, exigiendo pagos que van desde 5 mil hasta 20 mil pesos para evitar el cierre de los locales. Esta situación ha estado ocurriendo desde marzo pasado.
Los comerciantes argumentan que operan conforme a la ley y consideran estos pagos como extorsión, por lo cual planean presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Además, solicitarán la intervención de la Policía Municipal.
Óscar Ibáñez, representante de la gobernadora, aseguró haber discutido el tema con el secretario general de Gobierno, quien le instruyó documentar los casos. De confirmarse estas prácticas, se tomarán medidas disciplinarias, incluyendo el posible cese de los inspectores involucrados.
Esta situación pone de relieve la importancia de garantizar que las actividades de supervisión y regulación gubernamental se lleven a cabo con transparencia y respetando los derechos de los comerciantes locales.
?- Para los comerciantes de Chihuahua capital, la problemática es con el personal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y de la Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas (Somexfon) porque llegan a los restaurantes y a quienes tienen televisión y música les quieren cobrar derechos de autor, partiendo de 18 mil pesos para que como en subasta empiece la negociación.
– Un tema que no sólo los tiene cansados sino que no hay a nivel local, una oficina que atienda esos asuntos ni criterios claros de aplicación para que el pago de esas regalías no dependa de un criterio al azar, sino de lo estipulado por ley e incluso para que cada propietario pueda acercarse a hacer el trámite y un pago anual.
– No hay tal y lo que ocurre es que hasta que los inspectores llegan al establecimiento se puede hablar al respecto y no es para conocer tarifas, sino con el amago de multas y la clausura de pantallas y bocinas.
.- Desde precisar la forma en que se fijan esos precios que no distinguen entre el tamaño del negocio, la cantidad de empleados, el número de clientes al día y los ingresos, es decir sobre qué base se cuantifican esas regalías, así que ya se están asesorando con abogados y acercándose con los senadores para que los ayuden a crear un sistema eficaz, en lugar de lo que ya parecen extorsiones.
