Eduardo Aredondo El pasado 23 de junio, un tribunal del condado de El Paso, Texas, puso punto final —al menos en territorio estadounidense— a uno de los casos más publicitados y, al mismo tiempo, más vacíos en la historia reciente del combate a la corrupción en Chihuahua: el intento del exgobernador Javier Corral Jurado por enjuiciar a su antecesor, César Duarte Jáquez, fuera del sistema judicial mexicano.
Siete años después del arranque de la llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, no hay una sola propiedad decomisada en Estados Unidos, ni prueba contundente de que los bienes señalados como parte del “botín” de Duarte hubieran sido adquiridos con recursos públicos. De las supuestas 50 propiedades ligadas al exgobernador, lo único acreditado fue una casa modesta en El Paso. Lo demás: humo, propaganda y oportunismo político.
Un contrato costoso… y fallido
Corral, en el apogeo de su cruzada anticorrupción, contrató a un despacho texano —The Buzbee Law Firm— con el objetivo de recuperar bienes supuestamente adquiridos por Duarte en EE.UU. El acuerdo prometía el 35% de lo repatriado al bufete, más hasta el 2% para “gastos operativos”. Todo ello sin una sola evidencia sólida, y sin que los departamentos jurídicos del Estado —abundantes y capacitados— fueran considerados para la tarea.
El contrato fue firmado por sus más cercanos colaboradores: César Jáuregui, César Peniche y Arturo Fuentes Vélez, quienes hoy enfrentan el descrédito y, en el caso de Fuentes Vélez, incluso acusaciones penales. Aun así, Corral insiste en que todo fue institucional, sin costo alguno para el erario. Como si ceder más de un tercio de los activos potencialmente recuperados no fuera una carga patrimonial.
Justicia sin pruebas
El juez Rubén Morales fue claro: no hay evidencia que sustente que las propiedades atribuidas a Duarte en EE.UU. estén vinculadas a actos de corrupción. De hecho, muchas ni siquiera pertenecen al exgobernador. Son de familiares, conocidos o incluso de personas sin relación directa con el político de Balleza. Una acusación basada más en suposiciones, listas arbitrarias y show mediático que en trabajo de inteligencia financiera.
El juicio no solo se cayó: nunca tuvo soporte jurídico real. Si la justicia estadounidense —famosa por su dureza en casos de lavado de dinero— no encontró elementos para procesar a Duarte, ¿qué clase de “gran investigación” encabezó Corral? ¿Dónde están los informes trimestrales que debía entregar el despacho texano según el contrato firmado en 2018? ¿Qué se logró concretamente más allá de conferencias, declaraciones altisonantes y promesas huecas?
El saldo del quinquenio perdido
Mientras Chihuahua seguía sumido en la violencia, sin obra pública relevante ni crecimiento económico, el gobierno de Corral concentraba energías en una persecución que, con los años, ha demostrado ser más política que legal. Apenas unas pocas sentencias por juicios abreviados, muchas veces tras presiones indebidas, y un gobernador obsesionado con figurar como justiciero.
Hoy, Corral es un personaje desdibujado. Expulsado de facto del PAN y refugiado en Morena, su legado no es el de un líder anticorrupción, sino el de un político de ambiciones personales que dejó al estado con más preguntas que resultados. La operación que prometía justicia terminó en fracaso; los acusados, en muchos casos, fueron doblegados; los inocentes, arrastrados; y los corruptos verdaderos, posiblemente más libres que nunca.
Un daño que aún se paga
El problema no es solo que Duarte esté libre o que las acusaciones hayan sido débiles. Lo trágico es que Chihuahua perdió tiempo, recursos y oportunidades mientras se construía una narrativa de justicia que nunca se concretó. Hoy, los ciudadanos siguen esperando resultados, y la administración actual —aunque no exenta de críticas— debe cargar con las ruinas de una gestión más preocupada por el reflector que por gobernar.
La farsa terminó en El Paso, pero las consecuencias aún se sienten en Chihuahua.
