El exgobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas, actual secretario de Acción Electoral del PRI nacional, es uno de los señalados en la investigación conocida como La Estafa Maestra, por la que el martes fue vinculada a proceso Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).
A través de reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron el desvío de 7 mil 760 millones de pesos otorgados por once instancias del gobierno federal a 186 empresas, a través de contratos ilegales, de los cuales 249 millones fueron aparentemente desviados a través de FOVISSSTE, dirigido entonces por el chihuahuense.
El Fondo de Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE), con Reyes Baeza Terrazas como titular en 2014, aparece como la sexta dependencia del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN) con mayor desvió, a través de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAM), 129 de los cuales aún no se comprueban.
La Estafa Maestra señala a 11 dependencias que entregaron recursos públicos a empresas que no existían, por lo que estos en realidad eran desviados. Se trata de Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Banco Nacional de Obras, el Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP), FOVISSSTE, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y la Secretaría de Agricultura.
De acuerdo con la investigación periodística, quienes firmaron los convenimos fueron Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector de Administración de Fovissste y Javier González Martínez y Laura Elena del Moral Becerra, Secretario de Administración y Directora de Recursos financieros de la UAEM, ambos apoderados legales.
El exgobernador, quien fue buscado ayer por El Diario de Juárez sin lograr respuesta, ha argumentado que “fue la propia universidad quien declaró expresamente que estaba en condiciones y capacidad de realizar las acciones contratadas.
Sin embargo, según las investigaciones, la universidad en la que entonces era rector Javier Olvera García, contrató a terceros para prestar los servicios de creación y mejora de nuevos productos (créditos hipotecarios), rediseño del proceso de atención a acreditados, mejoramiento de los sistemas de cobro y cartera del Fondo, revisión de aplicaciones y aplicativos de los sistemas del Fovissste y la implantación de un modelo de gobierno de datos y de inteligencia de negocios.
De acuerdo con la auditoria a Fovissste 2014, al amparo del artículo 1 de la ley de adquisiciones, la universidad subcontrató más del 49 por ciento de los servicios con empresas privadas y personas físicas que no tenían la capacidad parar cumplir con ellos, pero la universidad se quedó con 19 millones de pesos como comisión por ser la intermediaria.
“La contratación que hizo el Fovissste se llevó a cabo en los términos previstos por el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, considerando la naturaleza jurídica del proveedor… durante todo el año 2014 se llevaron a cabo las tareas y acciones convenidas de conformidad a lo contratado y el Fondo de la Vivienda recibió en tiempo y forma todos los entregables derivados de la contratación, y debe resaltarse que los productos entregados hoy en día forman parte de la mejora operativa y modernización de algunos de los procesos de atención a los derechohabientes”, argumentó el chihuahuense en un documento que forma parte del mismo reportaje.
El documento agrega que en los años 2015 y 2016 la Auditoría Superior de la Federación revisó la documentación de dichos contratos, y detectó supuestas irregularidades argumentando que el Fovissste celebró en 2014 con la UAEM cinco contratos de servicios profesionales, no obstante que la universidad citada no contaba con la capacidad técnica, material y humana para cumplir con lo solicitado, por lo que al amparo del convenio de concertación encomendó el objeto de dichos contratos a esta última en calidad de “desarrollador” a 27 personas físicas que realizaron el mismo servicio.
Dichos trabajos en los que supuestamente no se realizaron los entregables acordados y utilizando un presunto esquema de simulación de operaciones.
Ante ello, el exgobernador argumentó que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE sí recibió de conformidad los servicios contratados e incluso aplicó toda recomendación y acción derivadas de los mismos que se tradujeron en importantes reducciones de cartera vencida, la creación de nuevos productos crediticios, la reducción de los plazos de pago a desarrolladores de vivienda y el incremento de la metas de colocación de crédito de 2015 a la fecha entre otras.
El primero es Héctor Valles Alvelais, colaborador cercano del extitular del ISSSTE, José Reyes Baeza, quien actualmente es candidato a senador por el PRI. Fue sancionado por un desvío de 129 millones de pesos a empresas fantasma.
El 10 de abril pasado entró en vigor la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior ya que no supervisó los convenios entre el FOVISSSTE y la UAEM, a partir de los cuales la empresa de su amigo, el empresario Francisco Javier Ramirez Lares, ganó millones del erario público.
Animal Político confirmó que los otros funcionarios sancionados son: Héctor Fernández Moreno, subdirector de atención a acreditados; Graciela Ramírez Hernández, jefa de servicios de ingresos; y Jorge Eduardo Roa Diosdado, jefe de servicios de Tecnología de la información.
Todos ellos fueron inhabilitados por un año. La excepción es Roa Diosdado, quien recibió una sanción por 10 años y una multa de 346 mil pesos.
Existió una quinta investigación por los convenios fraudulentos. Se trató de Andrés Octavio Garibay Cuevas, subdirector de administración en el FOVISSSTE. Sin embargo, su caso se archivó debido a que falleció durante el periodo de investigación.
¿De dónde salieron las sanciones?
Las inhabilitaciones y multas derivan de una investigación forense que fue realizada por la Auditoría Superior de la Federación -ASF- en la cuenta pública de 2014.
Entre enero y agosto de 2014, el FOVISSSTE y la UAEM firmaron 5 convenios de colaboración por 129 millones de pesos. La UAEM debía dar servicios especializados como implementaciones de mejoras en los procesos de adjudicación de créditos hipotecarios, y reducir el nivel de quejas de los usuarios del FOVISSSTE.
Aquí es donde la puerca torció el rabo.
La ASF informó que la UAEM no tenía la capacidad para dar esos servicios. Entonces, a través de una violación a la ley de adquisiciones, la universidad desvió más de 110 millones de pesos a empresas y a personas físicas. Claro que se quedó con 19 millones solo por hacerla de ‘intermediaria’ en los desvíos.
La empresa que se llevó la mayor rebanada de pastel fue Nubaj y Nubaj Consulting S.A de C.V, del empresario chihuahuense Francisco Javier Ramírez Lares. Ganó un total de 63 millones 330 mil pesos del FOVISSSTE sin pasar por una licitación pública.
