“Chihuahua es la primera entidad que hasta hoy está en congruencia intelectual, moral y profesionalmente, en acciones de combate a la corrupción”: Dra. Muna Dora Buchahin
Las capacidades de investigación deben fortalecerse y tenemos que empujar todos como sociedad para que eso ocurra, no solamente unidos con valor, sino unidos contra el fraude y unidos contra la corrupción, señaló durante la conferencia magistral “Caso: Estafa Maestra”, la doctora Muna Dora Buchahin.
La fundadora y presidenta de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), durante su participación en el Encuentro Nacional Anticorrupción (ENAC 2020), explicó a detalle el caso de desvío de recursos federales en instituciones académicas.
Dio a conocer que estas acciones que se efectuaron en contubernio con algunas entidades federales y estatales, derivaron en una serie de auditorías forenses a cargo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). “Puedo decir que fuimos los precursores en este país, de este tipo de investigaciones”.
Esto, dijo, implicó el análisis de convenios y/o contratos, pagos, verificación de documentos comprobatorios y justificativos, así como de entrega de bienes o servicios adquiridos y visitas domiciliarias, por lo que consideró que esta modalidad debe implementarse en todas las áreas de México, para revelar e inhibir otros casos.
Las auditorías cotidianas, tradicionales, que son financieras, revisan únicamente los documentos, por ello, “la visión de la revisión documental tiene que cambiar”.
“Los delincuentes están a la vanguardia y nosotros no podemos quedarnos haciendo lo mismo que se ha hecho durante tantos y tantos años”. En una investigación es primordial seguir la ruta del dinero, para saber quiénes son los beneficiarios finales y lo más importante, para lograr la recuperación de ese recurso, aseguró.
“Creo que ya es hora de que la sociedad participe de una manera más activa”, que la población pueda estar informada para tomar mejores decisiones y exigir acciones que ayuden a elevar la calidad de vida de todos.
Por otra parte, aseguró que un funcionario público tiene la obligación de velar por el buen ejercicio del recurso público.
La revisión inició en el 2013 y se desarrolló durante 5 años consecutivos, lo que llevó a esclarecer que las instituciones educativas involucradas estaban no solamente haciendo subcontrataciones, sino que se estaban quedando con el recurso y se daban por satisfechas. La ASF determinó mediante revisiones, la adjudicación directa de montos estratosféricos, asignados por algunas instituciones federales.
Se analizaron para ello más de mil estados de cuenta y aun quedaron muchas universidades pendientes de revisar “porque la pandilla que llegó a la ASF llegó a encubrir”, expresó.
Comentó que lo que permitió que un esquema estructurado de poder, llevara a cabo el desvío de recursos públicos destinados a programas sociales, fueron las reglas de operación laxas y el hecho de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, permite que haya contrataciones entre dependencias y entidades o instituciones públicas de manera directa.
Esto fue aprovechado para generar un esquema de simulación de operaciones y toda una red de corrupción. En el caso de las empresas que facturaron, fueron creadas “a modo” con un grupo de proveedores y con esa única finalidad, además, participaron gobiernos y funcionarios involucrados.
Indicó que se pudo observar cómo había una transferencia inmediata de recursos a partir de que se depositaban a los supuestos proveedores, a otros, y se tercerizaban, para perder la ruta del dinero. “Esa trazabilidad del recurso es sumamente importante y debe ser parte de cualquier investigación, porque lleva a seguir el rastro de quienes son los verdaderos beneficiarios”.
Terminó la etapa de investigación e inició la intermedia del juicio; “espero que aparezcan los que están involucrados, porque no solamente fue el tema de una sola persona, hay proveedores, funcionarios, hay terceras personas, y en un acto de justicia y de legalidad, deben aparecer todos.
Enfatizó que de las revisiones que no se quisieron hacer y que se omitieron de manera intencional, esas personas están con millones, “yo me los imagino sentados en su casa rascándose la panza, muertos de risa porque si ni siquiera fueron revisados, no pueden ser entonces investigados”, y eso es lamentable.
Finalmente, la doctora comentó que Chihuahua es la primera entidad que hasta hoy, está en congruencia no solo intelectual, moral y profesional, sino con acciones en materia de combate contra la corrupción, porque muchas de las empresas y actos que revisó la ASF están vinculados con estas mismas investigaciones que se realizaron.
“Si todos los gobiernos realizaran lo mismo podríamos por lo menos hacer una desarticulación de estas redes”, concluyó.
