HABLANDO Y ESCRIBIENDO
FISCALIA Y PODER JUDICIAL EN CHIHUAHUA
POR ERNESTO AVILÉS MERCADO*
LA EFECTIVIDAD EN EL TRABAJO DE COORDINAR A LOS EDITORIALISTAS DE CHIHUAHUA, EVIDENCIA LA CALIDAD HUMANA Y PROFUNDA VOCACIÓN DE SERVICIO DE ALEJANDRO RUEDA MORENO…FELICIDADES POR OTRO PERIODO AL FRENTE
La reciente visita del embajador de Estados Unidos de Norteamérica Ken Salazar a Chihuahua, para tratar temas de seguridad, migración, comercio y cooperación bilateral, confirma el interés del vecino país por mantener vigentes y saludables las relaciones con nuestra entidad.
Con 800 kilómetros de frontera con Nuevo México y Texas, Chihuahua es el IV Estado con mayor inversión extranjera estadounidense y la primera entidad en temas de exportación que en los últimos años, ha mantenido un promedio anual de más de 70 mil mdd, esto, a pesar de presentarse de manera cotidiana, conflictos políticos generados por la migración ilegal, que han derivado en retrasos y parálisis de transportes, con costos millonarios a las exportaciones terrestres, por parte del Gobernador Texano, el republicano Greg Abbott.
A pesar de que el presidente AMLO, ha declarado en pausa las relaciones con la embajada de Estados Unidos, por lo que llamo una desafortunada e imprudente declaración de Ken Salazar, respecto a la reforma judicial, al afirmar que sería un retroceso y que ponía en riesgo las inversiones en nuestro país, las reformas constitucionales continúan a solo días de terminar el periodo de su gobierno, sin que se presente objeción alguna por parte de la presidenta electa Claudia Scheiumban.
Tanto el Gobierno de USA como las principales calificadoras financieras, han manifestado que es de alto riesgo el que los jueces y magistrados federales y aún los locales, sean electos mediante voto popular, directo y secreto, porque eventualmente podrían en riesgo su independencia, autonomía e imparcialidad, teniendo opciones de ofrecer votos a favor, por parte de grupos de poder económicos, políticos y aún del crimen organizado, con lo que se colocaría en un mayor riesgo el Poder Judicial.
La incorporación de la política en temas de seguridad, procuración y administración de justicia, no han dado buenos resultados en Chihuahua, prácticamente desde la llegada de Cesar Duarte a la gubernatura del Estado, al llevarse a cabo la repartición de magistraturas mediante acuerdos políticos entre los partidos, llegando al poder judicial personajes con perfiles poco adecuados.
Con Javier Corral al frente del gobierno de Chihuahua, el cochinero judicial se hizo presente, en la persona de Luz Estela Castro Rodríguez, Lucha Castro, quien con autorización del gobernador, hiciera chilar y huerto en el poder judicial, nombrando más de 50 jueces, mediante un proceso opaco, millonario y sin rendición de cuentas.
Hoy, en el gobierno de Maru Campos, el secretario de Seguridad Pública Gilberto Loya Chávez, está más interesado en alcanzar la nominación del PAN para la presidencia Municipal de Ciudad Juárez que el cumplir adecuadamente con su responsabilidad de brindar seguridad y paz social a la entidad.
Se asegura que a pesar de todo, cuenta con el apoyo incondicional de la Gobernadora, lo que supone que nuevamente caiga en errores como los protagonizados por la fiscalía anticorrupción, que no da una en cada acción que intenta, y que con seguridad, traerán consecuencias una vez que termine su gobierno y su fuero constitucional.
En contraste, el Fiscal Cesar Gustavo Jauregui Moreno, con una amplia trayectoria política institucional y de partido, continúa ejerciendo su responsabilidad sin distraerse, porque entiende que su trabajo es de suma importancia y a pesar de ser un animal político, entiende tiempos y responsabilidades.
Por otra parte, con la incorporación de la guardia nacional a la secretaría de la defensa, que fue aprobada la madrugada del viernes, en la cámara de diputados, donde se contempla que regirá para todos los elementos el fuero militar; es decir que cualquier falta que cometan en contra de algún ciudadano, será conocida no por tribunales del fuero común, sino por sus pares, es decir por tribunales integrados por ministerios públicos y jueces castrenses, se corre el riesgo de que la impunidad para los militares que atenten en contra de la población civil sea una realidad, tomando como ejemplo que los soldados que asesinaron a Jessica Silva e hirieron a su esposo Jaime Torres en la ciudad de Delicias en Septiembre del 2020, afirman que se encuentran libres y en activo, pero adscritos a diversa zona militar.
Ojala y Claudia Scheiumban, una vez que tome el control del país, pueda poner orden en materia de seguridad y justicia, aunque ello represente que dé marcha atrás a muchas acciones ordenadas por López Obrador….ojalá
*ABOGADO POSTULANTE, MIEMBRO DE LA FECHCA Y LA AECHIH.
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