Por [ eduardo aredondo ]
Morena y la corrupción: el discurso ya no alcanza A lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y en los primeros meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido Morena ha mantenido un discurso firme contra la corrupción. “No somos iguales”, han repetido ambos líderes, en un intento por marcar distancia con los excesos del pasado. Sin embargo, los escándalos parecen no haber desaparecido; sólo cambiaron de bandera.
De norte a sur, Morena ha enfrentado señalamientos de uso electoral de programas sociales, vínculos con el crimen organizado y desvío de recursos. La Cuarta Transformación, que prometía poner fin a la impunidad, comienza a enfrentarse al mismo juicio que tanto condenó: el del escrutinio público ante la corrupción interna.
Uno de los casos más recientes involucra a Adán Augusto López Hernández, coordinador de senadores de Morena y exgobernador de Tabasco. Su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, ha sido vinculado con redes del crimen organizado, lo que ha encendido alertas en un país donde las fronteras entre política y narco son cada vez más difusas.
Sheinbaum, cuestionada sobre el tema, pidió explicaciones a su compañero de partido. Horas después, López Hernández aseguró estar dispuesto a colaborar con las autoridades, aunque hasta ahora no ha sido requerido por ninguna instancia judicial. El gesto, sin embargo, no basta para disipar la sospecha.
El tema no es menor. La sombra del crimen organizado sobre estructuras locales de Morena ha sido documentada por periodistas, analistas y organismos civiles. Sonora, Tamaulipas, Guerrero… la lista crece, y con ella, la duda: ¿Morena está replicando los mismos vicios que prometió erradicar?
Y si bien la presidenta ha creado la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, sus críticos advierten que sin dientes legales y voluntad política, ese organismo podría convertirse en un símbolo vacío, más útil para el marketing que para la justicia.
Ahí está Segalmex como prueba. El que fue el mayor escándalo financiero del sexenio de López Obrador alcanzó dimensiones de escándalo estructural: más de 9,500 millones de pesos bajo sospecha, 156 denuncias penales y 26 personas vinculadas a proceso. Ignacio Ovalle Fernández, exdirector del organismo y cercano al presidente, suma más de 22 denuncias. ¿Y la justicia? Va a paso lento.
Incluso los hijos del expresidente han sido objeto de críticas y sospechas. Andrés Manuel López Beltrán, actual secretario de Organización de Morena, ha sido señalado por sus vínculos empresariales durante el sexenio de su padre. ¿Hasta dónde llega la transparencia cuando se trata de los cercanos al poder?
La oposición, por su parte, ha capitalizado cada uno de estos casos. El PAN, por medio de su senador Marko Cortés, ha llegado al extremo de acusar a Morena de ser un “narcopartido”. Aunque estas acusaciones deben ser tomadas con cautela, lo cierto es que la narrativa oficial empieza a hacer agua ante la realidad de los hechos.
La Cuarta Transformación sigue hablando de moral, pero los hechos, en algunos casos, parecen hablar otro idioma. Si el combate a la corrupción se convierte en discurso sin consecuencias, el costo político —y social— podría ser más alto de lo que imagina el gobierno.
