La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Los 56 jueces… recomendados.
· CONAGUA: Chihuahua… sin agua.
· La Policía Vial y sus asignaturas pendientes.
Ya ha sido ventilado públicamente el proyecto de resolución elaborado por el magistrado Marco Emiliano Anchondo Paredes respecto al controversial y cuestionado proceso de elección de 56 jueces -apodado por algunos “el cochinero judicial”- efectuado en los tiempos en los que la entonces Consejera de la Judicatura, Luz Estela Castro, hacía plena mancuerna con su amigo y padrino político, el gobernador Javier Corral, para operar al interior del poder judicial las instrucciones que ella recibía del titular del Poder Ejecutivo.
En su edición del viernes 17 de enero de 2019, el Diario de Chihuahua reveló dicho documento judicial, que como es sabido, habrá de ser analizado, discutido y votado por el Pleno de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, para decidir sobre su posible aprobación. En su punto resolutivo segundo, el proyecto del magistrado Anchondo refiere de manera clara y textual: “Se declara la nulidad del acuerdo deliberatorio de fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura, por el que se llevó a cabo la designación de jueces vencedores y la asignación de plazas, así como de todo el proceso de selección de jueces derivado de la Convocatoria CJE/002/2018, para los efectos precisados en el séptimo considerando de esta resolución.”
Es pertinente recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también está pendiente de determinar si hubo irregularidades en ese polémico proceso, luego del conocimiento que sobre dicho caso ha tomado ese máximo tribunal del país. Así las cosas; cada día parece ser más evidente lo que en la percepción social es considerado como una innegable realidad: los 56 jueces –o al menos muchos de ellos- que fueron “seleccionados” en el año 2018 para integrarse a plazas del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, llegaron a tales puestos en pago a compromisos políticos, es decir, les fueron asignados sus puestos por recomendación -instrucción- y apadrinamiento de Javier Corral.
Preocupante, sin duda, el escenario que plantea la Comisión Nacional del Agua para los productores agropecuarios chihuahuenses. El reciente conflicto generado por la extracción masiva de agua de algunas de las principales presas del estado, como “El Granero” y “La Boquilla”, ha despertado la atención de la sociedad. Miles de personas viven directa o indirectamente de las actividades agrícolas y ganaderas que se encuentran dependientemente relacionadas con el uso del agua almacenada en nuestras presas.
No obstante la vital importancia que para Chihuahua tienen sus reservas hídricas a cielo abierto, el Gobierno Federal, a través de la CNA ha abierto las compuertas de dichos vasos almacenadores para extraer millones de metros cúbicos de agua;
esto, al parecer, ha sido no solo en cumplimiento al compromiso derivados del tratado de aguas que desde décadas atrás tiene nuestro país con Estados Unidos, sino también para dotar del imprescindible líquido a los productores del estado de Tamaulipas. Tal actuación resulta a todas luces controversial, pues en un afán de querer convertir a nuestro estado en “candil de la calle y oscuridad de la casa”, desprotegiendo a su importante sector rural al poner en riesgo la subsistencia de este por falta de agua para la producción agrícola, frutícola y pecuaria, a la CONAGUA parece no importarle dejar a Chihuahua ¡Sin agua!.
Malo, sin duda, es el hecho de que la Policía Vial desatiende sus deberes como lo ha venido haciendo desde años atrás. Además de la pésima asincronía que padecen los semáforos de la capital del estado, con la consecuente falta de calidad y competitividad que esto acarrea en perjuicio de la ciudad, cada día se manifiesta en forma más notoria la obstrucción de espacios de las vialidades públicas, es decir, de la vía pública. Cada vez parece ser mayor el número de personas que se apropian de los espacios viales colindantes con las banquetas de los frentes de sus casas y negocios, gestándose una especie de cultura de la anarquía mediante la que a medida que transcurre el tiempo cada vez es más común observar botes de plástico, bloques de concreto, estructuras metálicas u otros objetos que los propietarios de tales inmuebles, o algunas personas oportunistas, colocan frente a dichas fincas, pretendiendo convertir esos espacios de la vía pública en “sus estacionamientos privados” –ya sea con el fin de impedir que otras personas estacionen ahí sus vehículos, o para cobrar a quienes lo hagan- violando así el derecho que todos tenemos para estacionar nuestros automóviles en la vía pública.
Estos dos aspectos de la problemática vial que registra la ciudad de Chihuahua deben ser atendidos prioritariamente por la dependencia encargada del tema, pues además de contravenir al sentido común y a la normatividad legal, restan eficiencia al sistema vial generando desorden e incomodidad y en ciertos casos pueden propiciar accidentes. Aunado a estos problemas el añejo asunto de la corrupción ha vuelto ser noticia, pues las investigaciones recientemente efectuadas permitieron conocer que ahora los agentes de tránsito reciben el producto de sus “mordidas” a través de transferencias electrónicas. Ante tales circunstancias las autoridades y agentes de la Policía Vial siguen estando en deuda con la sociedad, pues tienen en los aspectos aquí referidos algunas de sus asignaturas pendientes.
