La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Poder Judicial de Chihuahua: ante una crisis histórica.
Siempre ha habido en la historia de México intervención del Poder Ejecutivo en los otros dos poderes –Legislativo y Judicial-, tanto a nivel federal como en las entidades federativas. Independientemente del partido o ideología política dominante en el gobierno, la arraigada costumbre ha sido sujetar a legisladores y jueces frente a las decisiones y designios del gobernante en turno. No obstante ello, en el caso de la presente administración estatal de Chihuahua tal práctica ha sido, quizá, desmesurada y proverbial, debido a la serie de escándalos y señalamientos en los que se ha visto envuelto el Poder Ejecutivo por su abierta injerencia en los otros dos poderes, pero sobre todo en el judicial, al que ha controlado a su antojo.
Durante el quinquenio gubernamental en curso connotados servidores públicos como el Magistrado, Luis Villegas Montes, y el Consejero de la Judicatura, Joaquín Sotelo Mesta, quienes igual que el gobernador Javier Corral son emanados del PAN -y que incluso se desempeñan dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)-, han señalado en forma pública las irregularidades existentes al interior del Poder Judicial como resultado de la evidente intromisión ejercida sobre éste por el Ejecutivo. Mientras el primero de tales funcionarios desde tiempo atrás ha venido señalando y denunciando las anomalías registradas en el proceso de designación de 56 jueces instrumentado y operado en el año 2018 por la entonces Consejera Luz Estela “Lucha” Castro -quien llegó a tal puesto en medio de una gran controversia pública, pero avalada por su amistad personal con Javier Corral-; el segundo de ellos ha expresado: “el Poder Judicial no se debe parecer a cajón de sastre, al que todo mundo mete mano”, esto último en relación al reciente proceso que por instrucciones del gobernador ha instaurado la Fiscalía del Estado, para intentar desaforar al también Magistrado, Jorge Ramírez -ex diputado por el PRI-.
Tal manipulación a la cual hoy se encuentra sujeto el TSJ tiene su origen fundamentalmente en dos motivos: uno de ellos es la obsesiva y tendenciosa persecución de funcionarios y personajes vinculados a la administración inmediata anterior –priistas todos ellos, como Javier Garfio, Jesús Esparza, Diógenes Bustamante, Marcelo González, Raymundo Romero, y ahora Jorge Ramírez, entre otros-, y el otro es el afán por acomodar en la nómina a personas -panistas- afines al Gobernador o recomendadas a éste por compromisos personales o electorales. En pocas palabras: el Tribunal Superior de Justicia está siendo utilizado hoy, en proporciones nunca vistas, como un instrumento para el cobro o pago de facturas políticas. Ni más ni menos.
El intento por marcar líneas y directrices de gobierno en las bancadas legislativas es algo hasta cierto punto lógico, y podría decirse que resulta natural cuando se
trata de legisladores emanados del mismo partido del gobierno en turno, o afines a su ideología, pues la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo es de carácter netamente político. Lo que resulta grave y cuestionable es que de manera fáctica los órganos jurisdiccionales se vean desmesuradamente subordinados o sometidos a la voluntad de la autoridad político-administrativa, pues en virtud de la trascendencia que para el interés general de la colectividad tiene la delicada tarea de impartición de justicia -la cual debe estar constreñida a un desempeño de orden estrictamente técnico-jurídico-, dicha función jurisdiccional no puede hallarse sujeta a influencias externas de carácter político o electorero.
La férrea presión y el control de tipo político mediante los que desde el inicio de la presente administración han sido sometidos el Tribunal Superior de Justicia y sus órganos de dirección, por parte del titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua, han generado una de las mayores crisis en las que se ha visto inmerso a través de su historia el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.
