La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· ¡Hágase mi voluntad!… a ultranza.
· “Operación Justicia para Chihuahua”: artificio político-electorero.
Grave resulta, sin duda, la acusación externada por Raymundo Romero Maldonado, ex Secretario de Gobierno del Estado de Chihuahua, quien ha salido a los medios a denunciar el abuso y atropellos de los que fue víctima durante la noche del 24 de diciembre de 2019, cuando fue detenido por agentes del ministerio público dependientes de la administración del gobernador Javier Corral, bajo la supuesta comisión de un ilícito mientras desempeñó dicho puesto en el gobierno inmediato anterior. No es la primera vez que se hacen públicos serios señalamientos contra las actuales autoridades estatales por la violación a derechos humanos y garantías procesales de las personas que han sido detenidas o procesadas al amparo de la supuesta estrategia de combate a la corrupción llamada “Operación Justicia para Chihuahua”, cuya implementación, por cierto, cada día se aleja más del recto y justo proceder que emana del Derecho, mostrándose como una estratagema de venganza política y mercadotecnia electoral -opinión en la que muchas personas convergen-.
En el caso de Romero, éste ha revelado que dentro de la prisión fue obligado a desnudarse no obstante existir una temperatura de cero grados centígrados, y a pesar de la debilidad física y el estado de salud en el que se halla como consecuencia del tratamiento al que está sujeto para atenderse del cáncer que padece. Sin embargo, la queja de Raymundo Romero no se constriñe solo a su estadía en prisión, sino que incluye también el momento de su detención, al haberse efectuado esta por medios agresivos y violentando la privacidad del hogar y la dignidad personal del ex funcionario, pues este fue sacado de su vivienda a empellones por los agentes que de manera evidentemente ilegal y abusiva penetraron a su domicilio para sacarlo de ahí sin derecho y por la fuerza.
A la fecha son varios, y además fundados en el derecho y la razón, los reclamos que se han formulado en torno a la actuación del gobernador y demás autoridades involucradas en la implementación del mentado operativo “Justicia para Chihuahua”, sin que parezca que para el actual gobierno tengan importancia tales quejas. No ha habido al respecto respuesta expresa ni tampoco eficaz, si acaso la respuesta tácita de la parte oficial ha sido la omisión, el silencio, la insensibilidad… la arrogancia.
Desde tres años atrás cuando dio inicio la ejecución material de “Justicia para Chihuahua” el citado operativo ha venido siendo fuertemente cuestionado en los ámbitos periodístico y jurídico, pues entre los periodistas y los litigantes existe la convicción generalizada de que su puesta en marcha ha pervertido la ley al prostituir el desempeño de funcionarios de la fiscalía, agentes del misterio público y jueces -a consigna-, quienes incumpliendo los deberes éticos y legales que les impone su condición de servidores públicos han actuado para satisfacer el
capricho del titular del Poder Ejecutivo. En su artículo publicado el 30 de diciembre de 2019 en un conocido medio impreso de la capital chihuahuense, el analista político y abogado postulante, Gerardo Cortinas Murra, expresa sin ambages: “…debemos aceptar un hecho notorio irrefutable: la impartición de justicia en nuestro estado ha sido degradada a una especie de “prostitución de la justicia”… ¿Quién podría negar que, durante el mandato de Javier Corral (a) “El Inútil”, la impartición de justicia se ha caracterizado por ser una justicia selectiva en la que, sin pudor alguno, se violan los derechos humanos de los imputados y se pisotean los principios fundamentales en materia penal?”
Todo parece indicar que el citado y polémico operativo “Justicia para Chihuahua” implantado por Javier Corral descansa en un principio tácito que le sirve de fundamento: la ejecución de la voluntad unipersonal del gobernador, en forma tiránica, a toda costa y por encima de preceptos jurídicos, morales o políticos, así como desdeñando el sentido común y la opinión generalizada de los chihuahuenses.
Son serias, en verdad, las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) en la revisión practicada por dicho órgano a la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado de Chihuahua, mismas que fueron dadas a conocer el 29 de diciembre de 2019 por uno de los diarios más importantes del estado. Tales anomalías revelan que la actual administración estatal benefició a la empresa “Edenred México, S.A. de C.V.” al otorgar a ésta de manera directa tres contratos (SH/ADE/001/B/2018, SH/ADE/071/2018 y SH/ADE/094/2018) por un monto global de poco más de mil 151 millones de pesos, omitiendo la realización del proceso de licitatorio correspondiente.
Las dependencias involucradas en este asunto son la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Arturo Fuentes Vélez, y la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, bajo la responsabilidad de Alejandra De la Vega; la primera de éstas dependencias pagó a la empresa en mención un poco más de 832 millones de pesos, mientras que la segunda le entregó una cantidad un poco mayor a 319 millones de pesos. El órgano fiscalizador no solo ha reconocido que dichas secretarías incurrieron en el incumplimiento de las disposiciones legales que norman los procesos licitatorios, sino que además su titular, el Auditor Superior, Héctor Alberto Acosta Félix, ha expresado que el Congreso del Estado le ordenó presentar la denuncia administrativa en contra de los funcionarios que resulten responsables.
Levanta suspicacias el hecho de que el gobierno estatal haya otorgado sin previa licitación tres contratos por más de mil 150 millones de pesos, pues el monto de la operación así como la supuesta ilegalidad y falta de transparencia en las que tal asunto se halla inmerso inducen a pensar que detrás del mismo hay malos manejos. En el caso de llegar a determinárseles responsabilidades penales y administrativas a los funcionarios encargados de la tramitación de los contratos referidos, tales servidores públicos deben ser sometidos a proceso penal, del
mismo modo en que se ha pretendido enjuiciar por corrupción a ex funcionarios estatales de la administración inmediata anterior.
Es pertinente recordar que bajo el argumento del combate a la corrupción, y al amparo de la controversial “Operación Justicia para Chihuahua” supuestamente instrumentada con tal propósito, la administración corralista mantiene bajo prisión y vinculados a proceso al ex Auditor Superior, Jesús Esparza Flores; el ex Secretario de Educación, Marcelo González Tachiquín; y el ex Secretario de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado; bajo la acusación de supuestos desvíos por las cantidades de 2.3, 26.1 y 20 millones de pesos, respectivamente. Si en su afán por combatir la corrupción -como dice combatirla- la administración actual ha ejercido acción penal contra dichos ex funcionarios por los presuntos desvíos mencionados cuya suma asciende a la cifra de 48.4 millones de pesos, no existe razón alguna para que el gobierno de Corral se abstenga de actuar de igual manera contra quienes lleguen a resultar responsables por favorecer a Edenred México, S.A. de C.V. mediante el otorgamiento de tres contratos por mil 151 millones de pesos sin previa licitación, pues en tal caso sería ingenuo pensar que detrás de tan notoria irregularidad no pudiera haber una millonaria corruptela.
Igualmente obligado se halla Javier Corral a investigar y, en su caso, castigar los delitos que llegaran a encontrarse en el proceso de adjudicación del contrato por mil millones de pesos otorgado por la JMAS de Chihuahua a la empresa ATLATEC, para la operación de las Plantas Tratadoras de Aguas Residuales (Norte y Sur) de la capital del estado, pues recientemente -24 de diciembre de 2019- Luz María Cisneros, integrante de la agrupación ciudadana Hablar Menos Actuar Más, A.C., de manera pública -a través de audio-video y entrevista difundidos en un conocido medio de comunicación capitalino-, señaló serias irregularidades ocurridas en dicho proceso, además de revelar que entre los socios de esa empresa figura Gustavo Madero –actual senador y ex miembro del gabinete de Corral, así como cercano amigo de éste-.
El buen juez por su casa empieza: las acciones de combate a la corrupción por parte de la administración actual deben ser ejercidas por igual contra cualquier servidor público que cometa un hecho ilícito, y no solo contra quienes el gobernador Corral considera como sus enemigos políticos. De continuar actuando de manera parcial y selectiva para dispensar en favor de los suyos la aplicación de la ley, y para prostituir el uso de esta en perjuicio de quienes él ve como sus adversarios, Javier Corral no podrá afirmar que es partidario de la justicia plena, y cada vez será mayor el número de chihuahuenses convencidos de que su “Operación Justicia para Chihuahua” no es más que un artilugio de venganza política y mercadotecnia electorera.
