La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· El agravio médico, el rechazo a las energías limpias y la inquisición patrimonial agudizan la reprobación hacia el Presidente.
El presidente López Obrador y su partido político -MORENA- parecen estar tomando decisiones y adoptando posturas notoriamente perjudiciales -e incluso absurdas- para el país. Durante las últimas semanas han sido fuertes las reacciones que el primer mandatario y el instituto político por él fundado han provocado en los grupos empresariales -nacionales y extranjeros-, la comunidad médica, los demás partidos, analistas políticos, periodistas y una parte importante de la opinión pública. Pareciera que al presidente le falta asesoría en temas tan esenciales como el sentido común y la sensibilidad política, pues días atrás se refirió a los profesionales de la medicina calificándolos de mercantilistas y materialistas en el ejercicio de su profesión, ya que dijo que lo primero que hacían al atender a un paciente era preguntarle “qué bienes tiene”.
Obviamente la reacción del gremio de las y los doctores fue inmediata, ya que al día siguiente de la desafortunada declaración presidencial medio centenar -o más- de colegios y asociaciones médicas de diversas especialidades -con presencia nacional o radicadas en ciertos estados de la República- manifestaron en los medios de comunicación su repudio hacia las expresiones del presidente, a las que consideraron no solo ofensivas sino carentes de veracidad, por lo que exigieron de éste una disculpa pública. En respuesta a la comunidad médica el presidente se disculpó, pero lo hizo tratando de salir librado de la situación al decir que ofrecía una disculpa a los médicos “si los había ofendido”, aunque sus palabras habían sido “mal interpretadas”. Realmente le faltó humildad al mandatario, en su disculpa. También careció de sensatez desde que lanzó la ofensa, pues es absurdo agraviar a la comunidad médica del país cuando es ésta la que ahora -igual que la de muchas otras naciones del mundo-, está arriesgando sus vidas, así como sacrificando su tiempo y a sus familias, en su empeño por salvar las vidas de muchas otras personas que se encuentran en peligro por la pandemia de coronavirus.
Otros dos frentes de confrontación abiertos por el presidente López Obrador de manera no solo innecesaria, sino además imprudente, son los relativos a su persistente renuencia a otorgar apoyos económicos a las empresas que operan en México, así como la emisión de un decreto de cancelación de la operación de decenas de plantas de generación energías limpias –eólica y solar- instaladas en diversos estados del país que habrían de ser probadas, para su entrada en funcionamiento. En el primero de los casos la relación entre el presidente y los organismos empresariales nacionales –Consejo Mexicano de Negocios, CCE, COPARMEX, CANACINTRA, CANACO e INDEX- se halla cada vez más deteriorada, debido a la indiferencia presidencial hacia las solicitudes de los empresarios que requieren del apoyo del gobierno mediante el pago de una parte de los salarios laborales, a fin de evitar las quiebras y los despidos masivos que
está causando la actual pandemia de coronavirus. Mientras con gran acierto los gobiernos de otros países han aplicado recursos públicos para rescatar a las empresas y sus trabajadores –medidas contra-cíclicas- para enfrentar la crisis económica que se avecina, el nuestro mantiene un postura irracional, al parecer alimentada por un radicalismo ideológico que el mandatario se empeña en sostener a ultranza. En su discurso político el presidente suele referirse a sus adversarios calificándolos como “conservadores”, término que, lógicamente, emplea para aludir implícitamente a los empresarios; esto explica en buena medida su recalcitrante aversión a apoyarlos.
El segundo de los oprobios en mención, como se ha dicho, es el causado a consorcios nacionales, canadienses y europeos, mediante el decreto presidencial –muy cuestionado, por cierto- emitido en días recientes para frenar –ilegalmente- en varios estados del país la puesta en operación de más de veinte plantas generadoras de energía eólica y solar, mismas que desde antes de la llegada del presidente López Obrador a la jefatura del país habían sido autorizadas por el Estado Mexicano mediante los contratos respectivos. Las consecuencias de esta controvertida decisión presidencial –ilegal e irracional y extraña- son sumamente y dañinas para la imagen del país en el extranjero, así como para las finanzas de las empresas inversoras, y para el crecimiento de la economía y el mercado laboral en México, pues implican la rescisión de contratos internacionales por inversiones de alrededor de siete mil millones de dólares, así como la cancelación de nuevos empleos directos e indirectos.
Al no ceder en su injustificado afán, el gobierno del presidente López ha tenido que enfrentar el caso de las energías limpias en los tribunales nacionales –juicios de amparo-, donde ya recibió lo que puede considerarse como una primera advertencia sobre su incorrecto proceder, pues un juez federal por lo pronto ordenó suspender indefinidamente el acuerdo que impedía a las empresas realizar pruebas para la construcción-operación de las plantas basadas en energías limpias. De no resolverse el caso en México podría llegar a las instancias jurídicas internacionales, y tal vez el gobierno mexicano tendría que pagar millonarias multas e indemnizaciones por daños y perjuicios. La concreción de esos proyectos de energía no contaminante significa crear empleos para muchos trabajadores y técnicos mexicanos. Son de dimensiones verdaderamente dictatoriales algunas decisiones que el presidente está imponiendo en México: antes de tomar posesión impuso la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a pesar de los contratos y obras existentes; luego, en marzo del presente año, ordenó cancelar la construcción de la planta cervecera Constellation Brand, en Mexicali, Baja California; después, en mayo, intentó frenar el establecimiento de las plantas generadoras de energías limpias. Además, con su abrupta decisión en perjuicio de las empresas del ramo energético, el presidente hará que México viole el “Acuerdo de París” para la conservación del medio ambiente –prevención del cambio climático- suscrito por nuestro país y otras 194 naciones.
Desde meses atrás empresarios mexicanos, canadienses y europeos vinculados a las empresas de energías limpias habían intentado obtener una cita con la
Secretaria de Energía, Rocío Nahle para abordar este importante tema, sin haber sido recibidos por ésta. Hoy los hechos permiten saber la razón del rechazo. Las empresas afectadas en este asunto ya recurrieron ante los tribunales nacionales, y de ser necesario lo harán ante los órganos jurisdiccionales internacionales, pues saben que los compromisos cancelados por el presidente López Obrador constituyen violaciones tanto a la Constitución mexicana como a tratados internacionales de los que México forma parte.
Igualmente cuestionable resulta la propuesta que el partido del presidente hizo en días pasados a través de su dirigente nacional Alfonso Ramírez Cuéllar, quien pidió que se reforme la Constitución con el propósito de que el INEGI sea facultado para investigar el patrimonio financiero e inmobiliario de todas las personas a fin de que rinda un informe bianual al respecto. Abundaron las críticas, pues una medida de tal naturaleza constituiría una intromisión en la vida de los mexicanos que podría implicar la violación de derechos humanos, además del carácter autoritario que en ella se halla implícito.
La actuación del presidente López Obrador, así como las decisiones que está tomando en su desempeño frente al gobierno federal son un mal presagio para la libre empresa. De continuar la tendencia que en materia de política económica parece estar esbozando el actual gobierno, el país podría ver frenado no solo el arribo de nuevas inversiones nacionales y extranjeras, sino también el retiro de las ya existentes. Es tan preocupante lo que ahora pasa en México, que ha surgido a nivel nacional una agrupación ciudadana denominada Frente Nacional Anti-AMLO (FRENA), cuyos miembros más visibles son conocidos periodistas, intelectuales, empresarios y académicos como Gilberto Lozano, Pedro Ferriz De Con, Rafael Loret de Mola, Juan Bosco Abascal y Salvador Mendiola, entre otros, quienes no solo reprueban el ejercicio de gobierno del mandatario en turno, sino que piden su destitución. Cientos de simpatizantes de dicha agrupación han salido a tomar las calles en diversas ciudades del país, para manifestar su desacuerdo con el gobierno. Mientras México está tomando un rumbo que evidentemente parece poner en riesgo al estado de derecho, el régimen de libertades democráticas, la libre empresa y la prosperidad económica; la polarización y la inconformidad cada día crecen. Nos hallamos en el primer tercio del sexenio; el presidente López Obrador aún tiene tiempo para recapacitar y corregir sus yerros.
