La columna
POR CARLOS JARAMILLO VELA
· Cruz Pérez Cuellar cuestiona a María Eugenia Campos
· Osbaldo Salvador estalla contra el veto de los gobiernos de Campos y Corral
· Vialidad y Tránsito… en las mismas
Nuevamente, el senador por MORENA, Cruz Pérez Cuellar, quien otrora fuera prominente integrante de la cúpula panista de Chihuahua, ha vuelto a hacer señalamientos contra el grupo de ex correligionarios que hoy gobierna en el Estado. No es la primera vez que Pérez Cuéllar, antiguo amigo del actual Gobernador Javier Corral, censura la actuación del gobierno encabezado por éste, pues entre otras críticas ha manifestado en forma pública su desacuerdo con la ineficacia de la presente administración en el combate a la inseguridad, así como por la escasa o nula inversión en infraestructura y obra pública.
De un tiempo a la fecha Cruz Pérez ha puesto en la agenda mediática un fuerte cuestionamiento respecto al proyecto de alumbrado público denominado “Iluminemos Chihuahua”, que el Gobierno Municipal de Chihuahua presidido por la alcaldesa María Eugenia Campos -también ex compañera de partido del ahora senador morenista- promueve para la renovación del sistema de iluminación de la ciudad capital. El senador ha reforzado su postura antagónica al plan de Campos poniendo como ejemplo un proyecto de alumbrado público similar al de Chihuahua, que fue rechazado en otro municipio luego de que se pretendió obtener la aprobación de un presupuesto de mil 600 millones de pesos para la sustitución del sistema de alumbrado público, donde finalmente las luminarias fueron repuestas por personal del municipio lográndose un ahorro mayor a mil 400 millones de pesos. El legislador ha sido uno de los detractores que con más fuerza ha alzado la voz para desacreditar el proyecto de la alcaldía, mismo que en virtud de la polémica que desde su anuncio inicial ha suscitado será sometido durante los próximos días a un plebiscito que determinará la viabilidad de su ejecución o su cancelación definitiva.
Cruz Pérez se ha opuesto de manera permanente a tal iniciativa y ha exhortado a la ciudadanía a no votar por ella en el plebiscito, pues ha expresado que discrepa de ese proyecto no por su finalidad pública sino por la forma en la que para favorecer intereses privados se pretende ejecutar, pues considera que tal proyecto es un negocio de la alcaldesa María Eugenia Campos, y que además dejaría endeudado al municipio de Chihuahua por 6 mil 200 millones de pesos durante los próximos 15 años. Pérez Cuéllar, con determinación ha denunciado: “Está a punto de consumarse la legalización del fraude más grande en la historia del Municipio de Chihuahua. El Ayuntamiento de este municipio en complicidad con el Instituto Estatal Electoral, mediante el uso de urnas electrónicas y pagando el municipio dicho plebiscito, quieren consumar el robo más grande en la historia de nuestra ciudad”.
Así las cosas, el cuestionamiento hecho por Pérez Cuéllar contra el pretendido proyecto de María Eugenia Campos se centra en el innecesario y sospechoso derroche de recursos financieros que su puesta en ejecución implicaría, pues afirma el senador que con una inversión significativamente menor que la presupuestada por la administración municipal se puede lograr el objetivo de mejorar el alumbrado público de la urbe capitalina. Desde meses atrás el senador Pérez ha venido denunciando públicamente el proyecto “Iluminemos Chihuahua”, porque él se halla convencido de que es una estafa.
Es de llamar la atención el valor con el que el conocido periodista Osbaldo Salvador Ang ha denunciado durante la actual administración estatal los errores que él ha visto en el desempeño del Gobierno del Estado, y más aún, el estoicismo con el que dicho comunicador ha enfrentado la serie de vicisitudes injustamente derivadas en perjuicio suyo con motivo de su ejercicio periodístico profesional. La más reciente afrenta referida por Salvador Ang consiste, según lo manifestado por el citado comunicador, en el veto impuesto contra su portal digital de noticias por las administraciones estatal y capitalina, al bloquear éstas el acceso a dicho medio en el servicio de internet de las dependencias del poder ejecutivo y del municipio, respectivamente.
Tal determinación de los gobiernos estatal y municipal puede ser motivo de un interesante análisis, que quizá llevaría a la innegable conclusión de que la misma resulta inconstitucional, pues considerando que el derecho a la libertad de expresión tiene diversas variantes que tutelan tanto el derecho de quien emite sus opiniones para expresarlas, así como el derecho de todas las demás personas para acceder a la información, el referido veto informático impuesto contra Osbaldo Salvador por las administraciones de Javier Corral y María Eugenia Campos podría revestir violaciones a derechos humanos.
La Dirección de Policía Vial continúa desempeñando un trabajo que deja dudas en la ciudadanía respecto a la honestidad con la que se conducen sus elementos. En diversas ocasiones ha sido denunciada de manera pública, a través de los medios de comunicación, la supuesta consigna que los altos mandos de la corporación vial dan a sus agentes para que levanten determinado número de infracciones diarias, a fin de recaudar fondos para las arcas gubernamentales. Tales comentarios vienen a colación porque el día 16 de noviembre, pocos minutos después de las 8 de la mañana, un conductor particular fue “cazado” en el cruce de la Avenida Ocampo y la Calle Morelos por un agente vial de nombre Jorge Chávez, quien de modo arbitrario aplicó una infracción bajo el supuesto argumento de que el conductor había pasado un semáforo en rojo, lo cual es absolutamente falso. Si lo que el citado agente pretendía mediante su ilícita actuación era obtener un lucro personal sus expectativas se vieron frustradas, pues en el automovilista jamás hubo disposición ni interés para darle soborno alguno.
En refrendo a lo que se viene afirmando hay que recordar que tampoco es la primera vez que los policías de tránsito son acusados de cometer abusos contra los automovilistas en la zona céntrica del primer cuadro de la ciudad, a la que
tienen prácticamente asolada. Tal situación se ha agravado durante los últimos tres años. El acto recaudatorio cometido por el agente en mención fue a todas luces injusto, y además ilegal por no estar apegado a derecho, por lo cual habrá de ser combatido por la vía jurídica. La conclusión de los hechos narrados es por demás conocida: para desgracia de los ciudadanos de la capital la Policía Vial no se compone y sigue en las mismas. ¿Habrá voluntad para corregir estas anomalías por parte del señor Javier Palacios Reyes, Director de la Policía Vial, o de alguien con mayor autoridad en el gobierno?.
